Martes 23 de Octubre (aporrea.org-Mérida) La situación de conflicto denunciada desde hace meses, pero que llegó a su punto mas alto, el pasado 22 de septiembre, cuando su fuerza laboral mayoritariamente decretó “el control obrero” sobre la Planta de Desechos Sólidos, en contra de las pretensiones de la patronal “Sincreba”, en continuar su proceso de explotación de sus trabajadores y de no cumplimiento con las cláusulas del contrato firmado con los municipios: Rangel, Santos Marquina, Libertador, Campo Elías y Sucre, llegó al seno de la Asamblea Nacional (AN), y por fin una comisión, lo lleva a sesión ordinaria para ser discutido.

Entre los aspectos importantes que se desprendieron de esta sesión, destaca lo relacionado con la aprobación del informe presentado por la comisión designada para evaluar lo concerniente a la Planta de Desechos Sólidos, situada en el sector Puente Viejo, sobre todo lo que tiene que ver con las acciones que se tomarán contra la empresa privada “Sincreba”.

El diputado por Mérida ante el Asamblea Nacional, Manuel Briceño, indicó que la comisión de Ambiente designada en el parlamento, hace varios meses evaluó la situación en el recinto donde se deposita los desechos sólidos, de los munipios: Rangel, Santos Marquina, Libertador, Campo Elías y Sucre. Y en esa ocasión también conocieron, por parte de los propios trabajadores, su situación laboral.

En tal sentido, Briceño consideró importante que la AN haya sancionado el informe donde se recogen algunos elementos sustantivos relacionados con la planta de desechos sólidos de Lagunillas,  la cual ha generado un debate en la opinión pública regional y nacional durante las últimas semanas, producto del "control obrero", establecido por los trabajadores de las instalaciones, y de esta manera enfrentar la agresión capitalista del patrón.

“Esto pone la situación en otra dimensión, y hay que decir los elementos que se destacan en este documento, en primer lugar tienen que ver con la responsabilidad que tiene la empresa “Sincreba” frente a la inversión que hicieron los organismos públicos para ejecutar el proyecto de la planta, cercana a los 12 millardos de bolívares, y que en principio pareciera no reflejarse en las instalaciones”, apuntó el diputado nacional.

Puntualizó que los organismos competentes evaluarán de manera puntual todo lo concerniente a los recursos que se invirtieron en la Planta de Desechos. “Hay que constatar si efectivamente el dinero asignado a ese proyecto se corresponden con lo que está allí”, dijo.