Carta abierta

Al Ministro Tarek El Aisami

La Fuga del “Invisible” Vs Convivencia bastante “Visible” de un CICPC corrompido y penetrado por lo que supone deben combatir: EL DELITO.

“Toda persona tiene derecho a la protección del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, oportunidad, proporcionalidad, conforme a la ley…” (art.55 de la CNRB)

Combatir el crimen no ha sido nunca tarea fácil y mucho menos en un país como el nuestro donde conviven 123 cuerpos policiales uniformados, 24 de las cuales son Estadales y 99 son Municipales.

Co-existen además, tres (3) cuerpos nacionales con rango de auxiliares del Poder Judicial como lo son el CICPC, la GUARDIA NACIONAL y el Cuerpo de Vigilancia de Tránsito Terrestre.

Este gobierno comprendió la importancia de esa atomización o desmembración de una actividad que debe ser competencia exclusiva del Estado: LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO, y consagró el tema en la nueva Constitución de 1.999, dedicándole el Capítulo VII (DE LA SEGURIDAD DE LA NACION), Titulo IV (DE LOS ORGANOS DE SEGURIDAD) que desarrolla, concretamente, en el artículo 332, ordinal 2ª.

Así mismo, creó la COMISION NACIONAL PARA LA REFORMA DE LA POLICIA (CONAREPOL) que después de un laborioso estudio aportado por expertos nacionales concluyo en la creación de una POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA (PNB), conformada por 1.000 agentes, y que preside el ex director del CICPC LUIS FERNANDEZ, y en donde ha jugado un papel estelar para su creación y posterior selección una consumada activista de los DDHH que tuve el honor de conocer Soraya El Achkar.

La POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA ha focalizando sus operaciones en la popular parroquia de Catia en donde parece experimentarse en poco tiempo una reducción del índice delictivo y lo que es probablemente más importante una sensación de confianza y seguridad policial que no inspiran otros cuerpos como la PM.

En contraste, la población en general percibe a los demás cuerpos policiales de manera negativa no sólo porque la considera ineficiente en la protección y seguridad ciudadana sino porque tampoco tiene confianza en los métodos usados para combatir el crimen e impedir la impunidad y lo que es más grave, porque la asumen involucrada en la comisión de muchos delitos que le corresponde investigar y reprimir.

Quizá esa percepción explica porque sólo el 36,5% de las victimas denuncian los delitos violentos a los que se ven sometidos y un 93% de los entrevistados por una Encuesta de la CONAREPOL manifestaron su desconfianza en esas policías a quienes la asocian con el delito.

La opinión de tal desconfianza se ha visto confirmada con la aumentada cifra de funcionarios de todos los cuerpos policiales que a diario son denunciados por las pocas victimas que tienen el coraje de exponerse, por las informaciones que los medios destacan a diario y por las propias actuaciones del MINISTERIO PUBLICO contra esta gravosa modalidad del crimen organizado que se ampara en la autoridad y el uniforme de policías corruptos incriminados entre otros delitos en secuestros, extorsión y asesinatos de sus víctimas.

Esta realidad se torna crítica cuando se constata la alta tasa de criminalidad y delitos violentos registrada en el País, con cifras hasta septiembre de 2009 de 10.360 homicidios y 518 secuestros denunciados ( Fuente: Informe anual 2009 de Provea), sobre todo cuando se discrimina que dentro de esa cifra de homicidios, 205 muertes fueron responsabilidad de distintos cuerpos de seguridad del Estado bajo el patrón de EJECUCIONES SUMARIAS EXTRAJUDICIALES, USO EXCESIVO O INDISCRIMINADO DE LA FUERZA PUBLICA O FALLECIMIENTOS POR TORTURAS O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (el CICPC encabeza la lista con 16,99 %) lo que significa una flagrante y condenable violación de los DERECHOS HUMANOS por parte precisamente de los funcionarios que el Estado ha creado para salvaguardar nuestros derechos como son el derecho a la vida y a la seguridad personal y de nuestros bienes.

Secuela de la falta de credibilidad ciudadana en los cuerpos de seguridad para combatir el crimen y la inseguridad, es que el fenómeno de hacerse justicia por sus propia manos no solamente se mantiene sino que empieza a ser visto como una acción ilegal tolerada por el propio Estado y por supuesto por los cuerpos policiales, produciéndose una peligrosa legitimación de los LINCHAMIENTOS PUBLICOS, registrándose en el 2009 la cifra de 10 intentos frustrados de linchamiento y 12 muertes ocasionadas por multitudes enardecidas quienes no solamente señalan a la policía de ineficientes, sino también al MINISTERIO PUBLICO y al PODER JUDICIAL.

Insisto que el actual Gobierno comprendió que aquellos operativos del pasado para combatir la inseguridad y controlar el orden publico con acciones como las que contemplaban las Ley de Vagos y Maleantes derogada por el TSJ por Inconstitucional, los desaforados llamados a reformar la ley penal adjetiva y aplicar la pena de muerte, o las tristemente celebres razzias policiales en los barrios o el famoso plan del fugitivo Alcalde Peña “PLOMO AL HAMPA” no resolvían las causas estructurales del fenómeno y en tal sentido acude a una Política humanística de largo alcance que denominó PLAN NACIONAL INTEGRAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA.

Dicho Plan fue explicado por el propio Presidente HUGO CHAVEZ FRIAS anunciando que se ejecutaría a través de siete (7) frentes de batallas descritos así: 1) Primer Frente: Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, 2) Segundo Frente: Conformación del Sistema Integrado de Policía, 3) Tercer Frente: Conformación del Cuerpo de Policía Nacional, 4) Cuarto Frente: Transformar los Cuerpos de policía estadales y municipales, 5) Quinto Frente: Transformar el Sistema de Justicia Penal y hacer otras reformas legislativas, 6) Sexto Frente: Enfrentar el narcotráfico y prevenir el consumo de sustancias de estupefacientes y sicotrópicas, 7) Séptimo Frente: Transformar el sistema penitenciario.

Sin embargo, las naturales dificultades burocráticas y la falta de cooperación de otros entes del Estado involucrado en la problemática no ha permitido alcanzar logros efectivos y pareciera en los hechos que el Estado es incapaz de enfrentar a esa especie de red del crimen diseminado en la Sociedad y protegido por el brazo cómplice e invisible de funcionarios investidos de autoridad que han logrado descomponer la ética, moral y mística que mostraban en el pasado y que ha tocado nada más y nada menos que al Cuerpo a quien corresponde a las investigaciones científicas, penales y criminalísticas (CICPC); principal órgano auxiliar del PODER JUDICIAL y del cual depende el MINISTERIO PUBLICO para ejercer la acción penal.

Aquella Institución antiguamente denominada PTJ que por decreto Nª 48 un 24 de Febrero de 1.958 creo Wolfgáng Larrazabal, designando como Director a RODOLFO PLAZA MARQUEZ se propuso formar una generación de policías con un alto nivel de formación criminalística y fue ejemplo en las distintas técnicas de las investigaciones policiales más modernas y en el descubrimiento de crímenes sonados, pero parece que ese norte se perdió y en la actualidad de su entrañas surgen graves acusaciones que vinculan a muchos de sus miembros en mafias policiales asociadas al crimen que debieran perseguir.

La lista de funcionarios corruptos es larga y parece por los casos puestos al descubierto que no respeta rango ni antigüedad.

Para identificar sólo unos casos sonados que demuestran la gravedad aquí descrita, cito las declaraciones del Comisario Douglas Rico el 16/8/2008 de la Divición contra robos del CICPC que desmantelo una banda integrado por 3 policías del CICPC, funcionarios de INEPOL y un GN que atracaban hoteles y bancos en Nueva Esparta, la detención de la Banda LOS ILEGALES integrada por funcionarios del CICPC y otros cuerpos comandada por el Detective Jose Thomas Pavelic dedicados al secuestro y la extorsión. 10 Funcionarios del CICPC fueron detenidos infraganti con 30 panelas de cocaína en el sector Guayabal entre los linderos de los Estados Guárico y Apure, 18 funcionarios entre los figuraban CICPC fueron detenidos en la carretera Cumana- Carupano en tres vehículos cuando intentaban llevar un fuerte alijo de drogas a un cartel oriental-puente para el tráfico internacional por aguas del mar Caribe. Detuvieron a dos funcionarios adscritos al CICPC de Mariana por estar incriminados en secuestros y extorsión. Protegida en la Casa oficial del Gobernador del Guárico está una señora joven quien después de deambular varios días desnuda por apartados fundos llaneros, afirmó haber sido secuestrada junto a su hijo por funcionarios del CICPC de la Delegación de Valle de la Pascua quienes la habrían torturado sacándole los dientes.

Esta muestra puede quedar pálida cuando citamos las declaraciones hechas por el ex subdirector del CICPC y ahora director de la POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA el comisario y abogado LUIS FERNANDEZ quien declaró para el Diario El Panorama el 05/12/2009 a la pregunta: ¿Que ha fallado en otros organismos policiales? Respondió: “ Una marcada deficiencia en la formación del funcionario y de los sistema de control interno, aquí hay policías que en un año han cometido miles de irregularidades y no tienen un funcionario destituido.

En los nueves meses que duré como subdirector del CICPC se destituyeron 146 funcionarios y se detuvieron a 46 funcionarios.

Dentro de las policías se fueron creando parcelas que llegaron mafias, y en muchas de ellas los jefes se hicieron parte, lo que fue generando situaciones en las que era imposible destituir a funcionarios involucrados en delitos. Eso es una barbaridad, eso no va a pasar aquí y si tengo que proteger a policías delincuentes me voy…”

Por supuesto, que la gravedad de esta revelación no dista mucho del reconocimiento que el propio Ministro del Interior y Justicia Tarek El Aisami hace de que: “El 20% de delitos y crimines que se cometen en Venezuela esta directa o indirectamente involucrado funcionarios policiales..”

El combate al crimen parece en consecuencia un EUFEMISMO cuando tenemos a 20% de funcionarios policiales de distintos cuerpos en el País involucrados en lo que deben perseguir e investigar, por lo que antes de salir a la calle a identificar y colocar tras rejas a delincuentes comunes debiéramos empezar por SANEAR, PURGAR Y EXPULSAR de dichos cuerpos a cuanto policías estén relacionados con la diversidad de crímenes porque tengo la sospecha que en los delitos de mayor gravedad como los que se califican DELINCUENCIA ORGANIZADA que participa en robos, secuestros, extorsiones, estafas y fraudes, venta y tráfico de estupefacientes y por supuesto homicidios están sino encabezados muy bien protegidos por policías de toda índole y calaña.

La evasión o facilitación de fuga un días después de su detención, del lugarteniente de la peligrosa banda LOS INVISIBLES FRAIBER EVEREST VELASCO con apenas 27 años y con un prontuario de más de 45 secuestros consumados y homicidios como el ejecutado al socio de ARROZ CRISTAL el infortunado SALVATORE GIRALDO, preso con dos esposas en el piso 3 ( sede de la Coordinación de Investigaciones Penales de la sede principal del CICPC en la avenida Urdaneta), después de haber sido detenido bajo un espectacular despliegue policial al mando de su propio Director WILMER FLORES TROSEL después de varias horas de una situación de rehén a la que sometió bajo amenaza de muerte a su propia novia, disparando contra los funcionarios que le fueron a detener, para finalmente negociar su entrega bajo la protección de Fiscales y de su propia Madre, no puede ni debe quedarse en la investigación disciplinaria de sus tres custodios del CICPC y mucho menor en la lamentable declaración del Comisario FLORES TROSEL quien para aminorar su responsabilidad y culpa declaró en un boletín de prensa que: “arriesgue mi vida para capturar a ese peligroso sujeto”.

En mi criterio, Señor Ministro El Aisami, en esta fuga no sólo hay que investigar a fondo quien ordenó y porque se facilitó la fuga de ese criminal quien salió por sus propios medios del edificio sin que ningún funcionario reparara en esa audaz acción y evitara la fuga, sino quien o quienes fueron los funcionarios delatados por el INVISIBLE y a que funcionario tan importante se está protegiendo del CICPC o de otro cuerpo policial que permitió que subalternos se sacrifiquen bajo la consabida LEY DEL SILENCIO.

Por supuesto la tarea no es BUSCAR VIVO O MUERTO al EVADIDO INVISIBLE sino rescatarlo con vida y ofrecerles la seguridad del caso para que devele que información tan grave y tan importante le permitió impunemente salir de su privada libertad.

Como en este asunto el MINISTERIO PUBLICO debe ordenar la investigación, roguemos que los Fiscales sean probos, responsables e intolerantes para determinar la responsabilidad de los autores u autoras de toda esa trama criminal que ensombrece a la Justicia y a la voluntad del propio Presidente de enfrentar de raíz esta concupiscencia policial que amenaza la propia Institucionalidad del Estado.

Tiene Usted la palabra Señor Ministro.

(*) Abogado, ex Juez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial de Miranda

Presidente de LA FEDERACION NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE VENEZUELA y Secretario General de la ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS (AAJ) CAPITULO VENEZUELA

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Ignacio Ramírez Romero (*)


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