Como si el haber perdido en forma parcial o total el sentido de la visión, como si el ser discriminados en el derecho al trabajo y a la vivienda entre otros no fueran suficientes, hoy las personas con discapacidad visual se enfrentan a una nueva situación, que no es otra, que la de recibir constantes maltratos verbales y físicos por funcionarios policiales, de la Milicia Bolivariana y de la Guardia Nacional, a la hora de acercarse a los comercios, en busca de los alimentos o de algún producto de aseo personal, actitud que con gran preocupación se viene observando en todo el país.
Esta misma práctica es copiada por algunos gerentes de cadenas como Farma Todo, Unicasa, y otras, donde en muchos casos se les niega el acceso a la venta, alegando que ya han comprado todas las personas con discapacidad que iban a ser atendidas ese día, vulnerando el derecho de la persona a acceder a los productos, manifestándole simplemente, que la próxima semana llegue más temprano.
Otra práctica por demás ilegal que realizan tanto funcionarios policiales como militares, es la de quitarle la cédula a los ciudadanos para posteriormente llamarlos a comprar, lo que por lo general, lo efectúan en horas muy tempranas de la madrugada, limitando el derecho de las personas con discapacidad, pues para poder comprar, prácticamente hay que amanecer en el lugar donde funciona el comercio.
Estas situaciones irregulares, producen permanentemente enfrentamientos físicos y verbales entre funcionarios civiles y militares y personas con discapacidad visual, hasta el punto, que en el Estado Yaracuy, ya se tiene un caso en Fiscalía, por un choque físico entre una persona con discapacidad visual y un funcionario de la Guardia Nacional.
Para estos funcionarios, no existe la Constitución Nacional, menos aún la Ley para las Personas con Discapacidad ni la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley que se cumple es la que ellos imponen, considerando que solo son personas con discapacidad, los compañeros en silla de rueda o los que por alguna causa usan muletas.
Las personas ciegas o con baja visión, son enviadas en forma violenta a las colas normales o se les manifiesta que en breve serán pasadas, permaneciendo por horas esperando que el funcionario decida si lo pasa o no y en el caso de ser positiva la decisión, la misma la toma cuando ya todas las personas han pasado, no quedando prácticamente alimento que comprar, debiendo conformarse con llevar si algo queda, un paquete de jabón u otro de higiene personal, pero alimento, cero.
Todo esto ocurre, sin tomar en cuenta para nada, el certificado que después de pasar por diversos filtros médicos les otorga el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, organismo al cual se le ha planteado esta problemática, pero que permanece de oídos sordos.
Entre los alegatos que estos funcionarios esgrimen para justificar su actitud están la de acusar que hay personas con discapacidad visual que se dedican al bachaqueo, frente a lo cual, las organizaciones han mantenido y manifestado a estos funcionarios una firme posición, en el sentido, de que si hay alguna de estas personas con discapacidad que se dedica a esta práctica condenable desde todo punto de vista, pues que se le aplique la ley, ya que su condición, para nada lo protege a la hora de cometer delitos.
Otra justificación que esgrimen estos funcionarios, es la de que hay certificados de personas con discapacidad falsos, lo que fácilmente se puede verificar, ingresando a la página del CONAPDIS, e introduciendo el respectivo código del carnet, accediendo a toda la información sobre la condición de la persona.
Con esto dejamos claro, que no existe justificación alguna para que estas personas reciban tales maltratos, ya que como grupo vulnerable, sufren con mayor rigor las colas, la especulación y el bachaqueo, pues actos discriminatorios como el de no darles un trabajo por su condición, en abierta y clara violación a la Constitución Nacional, a la convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley que trata la materia, agrava indudablemente su situación, social y económica, unido todo esto, a la falta de respuesta por parte de los organismos públicos, ante los planteamientos y denuncias que formulan las organizaciones por los constantes atropellos a sus derechos que sufren estas personas.
Ante estas agresiones permanentes que reciben por parte de funcionarios civiles y militares, así como de gerentes de grandes cadenas comerciales como Farma Todo, las organizaciones de personas con discapacidad visual a nivel nacional, emprenderán una serie de acciones de calle para hacerse sentir y no descartan el denunciar tales agresiones ante organismos internacionales como: la Unión Latinoamericana de Ciegos, la Unión Mundial de Ciegos e incluso ante la Organización de las Naciones Unidas, como órgano vigilante y evaluador de los estados signatarios en materia del cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Presidente Nicolás Maduro, Vicepresidente Aristóbulo Isturiz, ustedes tienen la palabra.
Denis Rivero y José Peralta
