La detención de ocho Guardias Nacional en el puente sobre el río Limón en el estado Zulia -el sábado pasado- es el claro ejemplo de un secreto a voces de las instituciones de seguridad del Estado. Qué hayan permitido circular a tres camiones cargados con productos regulados sin los permisos correspondientes, da cuenta del entramado corruptivo en hombres y mujeres que juraron defender las leyes y la República. El uniforme les sirve al 90% de los funcionarios y funcionarias de Tránsito Terrestre, Policía, Cicpc, alguaciles y “servidores” del Ministerio Público para hacerse de un dinerito, en franca violación de toda la normativa legal vigente y en detrimento del venezolano de a pie; cuando digo que es un secreto a voces, es porque todo el mundo sabe de esa situación pero nadie acusa, denuncia o imputa y estoy seguro que no es que los venezolanos seamos estoicos o masoquistas, es que el círculo vicioso en el que gravitan las instancias judiciales no lo permite. Hago la salvedad de Luisa Ortega, porque sé de su convicción revolucionaria, sin embargo aguas abajo, tal como ocurre con las jefaturas de las policiales y policía militarizada, sus acciones dicen lo contrario.
Hay uniformados que colocan “puntos de control itinerante” o alcabalas móviles con la única intensión de matraquear, sobornar, infundir terror y cobrar vacuna, tal como ocurre en los puestos de Tránsito Terrestre en Piedritas Blancas, vía Payara, municipio Páez y vía La Lucía, Araure, a la altura de la Gerogranja, en la ruta a Barquisimeto, allí los “servidores públicos” -ahora investidos de Policía Nacional, no tienen el menos tupé de detener a cualquier vehículo y entendiendo que están para normar el tránsito, no para lucrarse, solicitan a los conductores desde la ficha de inyección de la última vacuna contra la polio, hasta la partida de nacimiento del último hijo de su hijo, pasando por extintor, matriculación, licencia de conducir, certificado médico, pago de trimestre, RCV, juego de llaves y cables auxiliares. Muchos de estos señores de Tránsito Terrestres, insisto, investidos ahora como Policías Nacional, no utilizan el sentido común para el desempeño de su trabajo, el criterio que le asiste para detener un vehículo, dependerá de la cuota o tarifa que deben cumplir, sin importar nada.
En verdad que no me gusta escribir sobre los excesos de los uniformados, más allá que es darle argumentos a los escuálidos para hablar mal del chavismo, aun así debo hacerlo toda vez que existe en el imaginario del venezolano la falsa idea que ellos son gobierno, gobierno son los diputados, concejales, el presidente Maduro, Diosdado, los gobernadores y gobernadoras, pero el Cicpc, Tránsito Terrestre o GNB, ellos no; ellos representan al Estado venezolano y el Gobierno les facilita el uniforme, las armas, carros con emblemas que los convierte a su vez en el brazo ejecutor de las leyes y normativas jurídicas, no voy a preguntar cuántos uniformados son chavistas o revolucionarios, pero si sería interesante saber cuántos tienen vocación de servicio y conciencia social al momento de realizar sus labores de seguridad; los uniformados de Tránsito Terrestres, Policías, Cicpc, GNB, entre otros servidores público, que aquí se sienta reflejado o identificado, hágase un examen de conciencia y reflexione si vale la pena portar un uniforme para intimidar, cobrar o colearse en Pdval, Mercal, Makro, El Garzón; Saime, Pdvsa Gas y dejar mal a la institución -por unos centavos- a la que le “trabaja” y a la que debe respetar.
Ayer se cumplieron 31 meses de la siembra eterna de mi comandante: Hugo Chávez, Dios está contigo.
