Metafóricamente hablando, todavía la soga se rompe por lo más delgado. Ustedes dirán de que se trata la cuestión, pues se trata del actual caso de la detención arbitraria de los inspectores navales que realizaron la inspección documental y física de los ferrys Virgen del Valle II, Virgen de Coromoto y San Francisco de Asís y a los cuales se le han violado los derechos humanos y constitucionales. El expediente instruido contra estos experimentados profesionales, esta lamentablemente lleno de contradicciones porque los ciudadanos fiscales de nuestro Ministerio Público desconocen la materia sobre la normativa de los convenios internacionales y la legislación nacional que regulan las inspecciones y reconocimientos de los buques, como quedó demostrado en la audiencia privada realizada los días lunes 20 y martes 21 de abril de 2015.
Estamos completamente de acuerdo con la lucha contra la corrupción administrativa que se está librando en el país, por el mal aprovechamiento de los recursos del pueblo venezolana. Pero, los funcionarios que se incorporan a esta lucha deben tener la idoneidad y conocimientos necesarios para no cometer injusticias como en la presente causa donde se somete al garrote vil a esos profesionales.
El Inspector Naval es un profesional de alta experiencia profesional, adquirida después de largos años a bordo y cursos de posgrado en la Universidad Marítima del Caribe. Es u especialista en la inspección y reconocimiento de buques conforme a lo establecido en la Resolución A.1053 aprobada por la Organización Marítima Internacional y su función escapa a la negociación de compra venta que realizan las partes involucradas.
En el caso que nos ocupa, la empresa Bolivariana de Puertos solicitó los servicios de los inspectores navales ahora detenidos, quienes verificaron el estado satisfactorio de navegabilidad de las embarcaciones y así lo dejaron plasmado en el informe correspondiente, el cual está realizado sin prejuicio y de buna fe. Estos informes al final no son vinculantes ni siquiera para la Autoridad Acuática .
Otro aspecto bien dudoso que se pudo vislumbrar en la acusación presentada por los Representantes del Ministerio Público, fue la carencia de verdaderos elementos de convicción para imputar, puesto que se tomaron como tales, los títulos y subtítulos del dossier del informe de los inspectores. Se alega que los buques están deteriorados en la actualidad, lo cual puede ser cierto, pero esta es una cuestión totalmente extemporánea a la realización de la inspección inicial. Los buques navegaron desde Europa hasta Venezuela alrededor de 4.000 millas náuticas y luego fueron sometidos a un intenso tráfico entre La Guaira, Puerto La Cruz, Guanta y Punta de Piedras, durante más de un año, lo cual es fácilmente comprobable con los zarpes emitidos por las Capitanías de Puerto, sin el cumplimiento del mantenimiento preventivo que aconseja el programa establecido para ello en los manuales operativos de gestión de la seguridad y por la respectiva Clasificadora. De manera pues, que esa responsabilidad escapa a los inspectores navales y le corresponde a la operadora de los buques, es decir la Nueva Conferry, quien es la que debe responderle al propietario Bolipuertos de este deterioro. Igualmente es conocido que estas naves de gran velocidad, amparadas por el Código de Naves de Gran Velocidad, no fueron tripuladas con el personal idóneo recomendado en dicho código.
La comparación que se realiza de los buques adquiridos, con las chalanas que se inspeccionaron en Grecia resulta como del cielo a la tierra. Entendemos que el proceso del Gobierno Nacional es suministrar la mayor suma de comodidad, bienestar y felicidad al pueblo venezolano y con estas chalanas de velocidades de nueve nudos y duración de hasta seis horas de viaje de Pto. La Cruz a Margarita, adversamente se les retrotrae a una incomodidad solo vista en la época de las chalanas de hace 50 años o más..
La conclusión más importante que se puede derivar de esta insólita causa contra los inspectores navales, es que los funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público deben poseer los mecanismos de conocimiento y eficacia para el mantenimiento equilibrado de la democracia participativa y así evitar lo que hemos llamado en el título los extravíos del poder. No pueden tener otra alternativa, que la liberación de los inspectores navales para equilibrar la balanza de la justicia.
Marino Estupefacto.