En Venezuela el Código Orgánico Procesal Penal estatuye la privación preventiva de libertad, es decir que con anterioridad a que se dicte sentencia de culpabilidad contra el autor de un delito, este ciudadano puede permanecer tras las rejas mientras se desarrollan las averiguaciones y el juicio penal en su contra.
Cuando millones de venezolanos vivimos la pesadilla de no encontrar la pastilla de acetaminofen para bajarnos la fiebre, los pañales para nuestros hijos y otros productos vitales que usualmente se hallaban disponibles en farmacias, entonces aparece una sospecha o duda razonable como decimos los abogados criminalistas respecto a la comisión de ilícitos económicos como el contrabando, el acaparamiento, la escasez planificada por sujetos empresariales o comerciales, entre otras vagabunderías. De modo que el encarcelamiento preventivo está justificado considerando la magnitud del daño causado al pueblo, por ejemplo, la destrucción de su derecho a la salud.
En este contexto había una farmacia que se hizo famosa por su abastecimiento en etapa inicial pero que de un año para acá más bien se le conoce como Faltatodo. Lo extraño es que en ella de vez en cuando aparecen las medicinas pero pocos minutos mtas tarde aparecen las bandas malandrosas conocidas como bachaqueros las cuales están integradas por hombres y mujeres que se lo llevan todo.
Dueños y gerentes de Faltatodo parecieran tener una complicidad diabólica con estos bachaqueros en perjuicio de los venezolanos honestos que no encontramos otra alternativa que enfrentar largas colas y jugarnos la vida en ese escenario vejatorio e infrahumano
para comprar lo recetado sin garantía de que al final hallaremos esa medicina o producto que necesitamos.
En tiempos de penuria colectiva, saludamos la acción del gobierno nacional al detectar esta grave irregularidad y buscar los correctivos, tenemos esperanza de que se haya dado un paso firme hacia la erradicación de esta anomalía y si no hubiere rectificación de parte de los saboteadores que buscan irritar al pueblo para que ocurra un estallido social, entonces ni un petro-dólar más del Estado a estos bandidos y decrétese la utilidad pública con fines de interés social sobre esta cadena comercial, es decir:
de inmediato exprópiese "Faltatodo" para que al pueblo ya no le falte nada.
Hay abundante basamento constitucional para que esta farmacia de ahora en adelante esté bajo administración de amas de casa, consejos comunales y obreros.
Importante es advertir que otras cadenas farmacéuticas inmersas en ilícitos semejantes deberían desde ya poner sus barbas en remojo o de lo contrario también les toca ser "exorcizadas", o lo que es igual: Expropiadas.
