Es relativamente sencillo encontrar en cualquier diccionario la etimología de la palabra comercio, sin embargo, resulta complejo alcanzar todo su significado e implicaciones actuales, dado que esta actividad ha terminado por abarcar diversas dimensiones o campos de la realidad: jurídico, económico, psicosocial, político, y hasta moral.
De acuerdo con Rodríguez Olivera [1], el comercio, desde el punto de vista jurídico, no coincide con su concepto económico. La diferencia entre ambos conceptos se explica por razones históricas y de política legislativa, y varía según el país de que se trata. La legislación venezolana, por ejemplo, no establece distinción alguna entre los agentes que participan en los tres sectores fundamentales de la economía, y considera a todos como una persona que tiene una empresa (o sea, un empresario), no importa si es un productor o un comerciante.
Pero, desde el punto de vista estrictamente económico, se llama comercio a la intermediación entra la oferta y la demanda de mercaderías, con el objetivo de obtener un lucro. Desde este punto de vista, la actividad mercantil, se distingue de otras actividades conexas a ella: Se distingue de la producción y del consumo, los dos extremos del ciclo. Por lo tanto, hablando con propiedad, el comerciante es sólo un intermediario.
El comercio es una actividad económica muy antigua, que siempre influyó en el mercado y la producción en todas les épocas históricas. Marx consideró que el comercio fue la premisa para la transformación de la industria gremial y rural-doméstica y de la agricultura feudal en la explotación capitalista. Marx también pone de relieve que “es el comercio el que hace que el producto se convierta en mercancía, en parte creándole un mercado y en parte introduciendo nuevos equivalentes de mercancías y haciendo afluir a la producción nuevas materias primas y materiales auxiliares y abriendo con ello ramas de producción basadas de antemano en el comercio, tanto en la producción para el mercado interior y el mercado mundial como en las condiciones de producción derivadas de éste”. [2]
En las condiciones del capitalismo realmente existente, el comercio constituye tanto un servidor como el condicionante de la producción industrial. Por una parte el comercio fomenta y sirve a la producción industrial al abastecer y ampliar el mercado, como también aporta una mayor utilidad a un bien cuando permite que a éste se le ubique en el momento y en el lugar necesario para su consumo. Pero, por otra parte, el capital comercial también encarece la vida de los consumidores y aumenta los costos a los fabricantes cuando adquieren sus correspondientes insumos productivos. Y estos problemas se agrandan a medida que se alarga la cadena de comerciantes o intermediarios: ya sean estos intermediarios formales, como las transnacionales comerciales, grandes importadores y distribuidores, mayoristas y minoristas; u otros informales, como los buhoneros, bachaqueros, contrabandistas y demás revendedores particulares.
Efectivamente, como explica bien M. C. Martínez [3], modernamente las actividades de distribución de la oferta original pasan a manos de un intermediario, que aporta el capital adicional para el mercadeo de los productos. Entonces, la ganancia del fabricante sería capitalizada por el primer intermediario, y la de este por el segundo, luego por el tercero, y así sucesivamente, lo que hace que a la porción de ganancia que retenga para sí el fabricante debe añadírsele la ganancia obtenida por el intermediario. De esta manera, el precio justo quedará finalmente pre inflado en condiciones que no son inflacionarias per se, sino que se hallan en la naturaleza misma del negocio comercial burgués.
Pero hay que añadir a lo anterior que hoy, en Venezuela, a esta larga cadena de intermediarios vienen a sumarse las telarañas mafiosas que se han constituido dentro de sectores comerciales tanto formales como informales, así como en las relaciones que se han establecido entre ellos. Dentro de los primeros existe una telaraña mafiosa entre importadores que solicitan dólares para compras de mercancías que no realizan o sobrefacturan, que son los mismos grupos económicos dueños de empresas que comercializan o producen en el país, y las múltiples subdivisiones u subgrupos que se reproducen, compran a sí mismos, y recalculan costos con artimañas comerciales y contables para elevar artificialmente el precio de los productos. Otra ramificación de esta telaraña mafiosa está formada por “sindicatos” de empleados de algunas ramas comerciales, como los supermercados, agencias automotrices, cadenas farmacéuticas, etc., que se reservan cuotas de existencias para especular con ellas, bien sea vendiéndola a través de intermediarios informales o bien en el comercio electrónico. Desde luego que estas actividades irregulares de acaparamiento e intermediación inducen artificialmente el incremento de la escasez y la inflación.
De tal manera que toda esta actividad del comercio capitalista legal e ilegal se ha constituido en un campo propicio para lo que se ha denominado como una “guerra económica” en contra del gobierno bolivariano, caracterizada así por utilizar en ella mecanismos y técnicas propias de la lógica del mercado, como las de reducir o limitar la oferta de bienes esenciales de consumo masivo, con el propósito de desquiciar la economía, desvirtuar las políticas oficiales de regulación y subsidios, y producir al mismo tiempo un clima psicológico propicio para imponer políticas burguesas o sus formas de poder [4]. Ahora bien, el por qué y cómo es posible y ventajoso para oposicionismo económico, político y mediático desarrollar dicha guerra económica se explica por diversos factores estructurales y coyunturales que ya describimos en otro artículo. A saber:
Como es característico de una formación económico-social subdesarollada, y para colmo de males rentística e importadora, se destaca que el grado insuficiente de las fuerzas productivas, la sobredimensión del sector del comercio y los servicios, y la supervivencia de las normas de distribución burguesas que de ello se desprenden, tienden a deformar inevitablemente la eficiencia de los mercados tanto como la conducta de los consumidores. Esta característica “invertida” de una economía atrasada, y que más bien es propia de economías desarrolladas donde en efecto el comercio de bienes, servicios y capitales supera con creces a las actividades de producción de bienes materiales, produce efectos importantes en la sociedad venezolana.
En primer orden, dentro de lo que se considera como población económicamente activa existe un sector efectivamente laboral y ocupado muy pequeño en números absolutos y relativos (se calcula un 14%). En tanto que la mayor parte de esa población (se estima más del 40%) ejerce trabajos realmente informales o a destajo, por lo que sus necesidades y preocupación de vida se “resuelven” básicamente en los sectores que muestran mayor actividad y acceso, como son los ya mencionados del comercio y los servicios. Además, estas condiciones laborales les permiten ocupar su tiempo forzosamente disponible para otras actividades que desafortunadamente no son utilizadas para el trabajo productivo, el estudio y la formación personal, sino más bien para atender de cualquier manera sus necesidades más básicas. Así, esta problemática genera en el campo psicológico de muchos individuos la alienación que lleva a subvalorar el trabajo formal y productivo que se les esquiva, y a sobrevalorar el mundo de las mercancías que los tienta. Y esto es lo que en fin de cuentas conduce a algunos de ellos a buscar el “beneficio” de cualquier manera, a caer en la delincuencia o en el “rebusque”, en el acaparamiento y la especulación de productos subsidiados, en el “bachaqueo” o el contrabando de estos productos, etc. Esto es, en un afán y una práctica mercantilista casi generalizada que algunos irónicamente han dado en llamar el “capitalismo popular”.
En segundo orden, no sería justo obviar que otro factor importante de distorsión tanto en la actividad de los agentes económicos como en la conducta de los consumidores es la desigual ubicación de los grandes puntos de venta de bienes y servicios, así como de las normas de distribución burguesas de los mismos, que raya en lo selectivo o discriminatorio entre pobres y ricos, entre barrios y urbanizaciones, pues dichos puntos de venta (como los supermercados y grandes abastos privados, modernos y bien surtidos, y hasta inexplicablemente los mismos grandes mercados públicos) generalmente se ubican en “el norte” o en “el este” de las ciudades, donde se encuentran la urbanizaciones de clase media o alta, bien alejados del sur o del oeste donde se asienta la mayor parte de la población menos favorecida, lo que les crea a estos habitantes problemas adicionales de transporte, acceso rápido a los bienes escasos, así como problemas de rechazo social. Por supuesto, también acuden individuos deshonestos que forman parte de las mafias delictivas de traficantes y “buhoneros” que también contribuyen a distorsionar la distribución y venta de los productos de primera necesidad.
En fin, todos los investigadores señalan que históricamente en Venezuela se constata una hipertrofia comercial y un progresivo debilitamiento del sector industrial. Además, según el economista Carlos Lazo, Director del Instituto de Investigación Bolívar-Marx [5], es necesario aclarar que “Nosotros (el gobierno y el poder popular) no controlamos la distribución de alimentos, porque la mayoría es privada; tenemos el 70% del Producto Interno Bruto privado, y significa que ellos tienen todas las redes de distribución, donde ejecutan las maniobras de escasez programada, a través del acaparamiento”.
En consecuencia, de lo antes expuesto se colige que un gobierno de transición socialista debe audaz y urgentemente desarrollar una verdadera economía socialista productiva, tanto como debe construir una eficiente red pública de distribución de bienes esenciales, para así poder vencer todos los factores que llevan al atraso y posibilitan las guerras económicas en contra del país. ¿En qué condiciones y cómo se alcanzaría estos objetivos estratégicos? Como es lógico comprender, existen diversos obstáculos como posibilidades.
Como obstáculos se puede señalar los siguientes factores: la situación coyuntural de dificultades financieras y presupuestarias del Estado, las limitaciones naturales de la economía popular y, a continuación, la tradicional y generalizada actitud de nuestra burguesía de no arriesgar inversiones productivas en el país, hacen muy difícil apalancar el ansiado y urgente desarrollo y modernización económica de Venezuela. Entonces sólo nos queda una posibilidad real de lograrlo. En primer lugar, debemos acudir inevitablemente a la participación y el financiamiento externo para desarrollar nuestras capacidades productivas. Pero este no sería cualquier financiamiento de la gran banca o las transnacionales capitalistas. Se trataría, en una primera etapa, de acudir a la ayuda y asistencia de países amigos, como los que integran el BRICS (que si bien también son capitalistas no tienen el carácter depredador y desventajoso de los TLC imperialistas), para que sus capitales se inviertan y coadyuven al desarrollo planificado fundamentalmente en la industria de alimentos y de artículos de higiene y salud, que son los productos con mayor demanda. Al mismo tiempo que se crearían nuevas fuentes reales de empleo productivo. Estas industrias se instalarían en las Zonas Económicas Especiales planteadas por el gobierno, y su necesario financiamiento debería ser el objeto del próximo periplo internacional del Presidente Maduro.
En segundo lugar, esos inversionistas colaborarían con la instalación de los respectivos Centros de acopio, distribución y venta de los productos esenciales. Estos grandes Centros o Mercados, que formarían parte de la red comercial pública, se instalarían en las principales ciudades del país, ubicados uno por cada punto cardinal de las mismas, para así eliminar el congestionamiento y poder brindarles igual oportunidad de acceso a los consumidores. En estos Centros, eficientes, amplios, modernos, que deben producir dividendos y no pérdidas, sí se podría implementar los mecanismos de control para combatir a los acaparadores y revendedores de oficio que el comercio privado no quiere aplicar. Y así también nos zafaríamos de la hegemonía del capital y su red privada de comercialización, con sus estructuras y normas de distribución burguesas.
En tercer lugar, pero no menos importante, se requerirá de una gestión que esté a la altura de esta modernización productiva y comercial del sector público; estos es, como destaca Néstor Aponte [6], se necesitarán directivos, gerentes y supervisores socialistas quienes con mano firme y comprometida con la producción y el socialismo sepan desarrollar una gestión eficiente, demostrar una conducta ética e imponer valores socialistas a los trabajadores. “De allí que nuestros directivos, gerentes y supervisores deben comprometerse en un auto-desarrollo que fortalezca su capacidad de previsión y de confianza en sí mismo a fin de controlar mejor su tiempo y enfocarlo en el impulso de creación de riquezas y profundización de la ideología socialista. Entonces, debemos estar claros en que sin la optimización de la creación de valor a través de la estructura, la tecnología, los procesos productivos y la disciplina laboral sería imposible mejorar la circulación de mercancías entre los seres humanos”.
Referencias:
[1] Rodríguez Olivera, N. E. y López Rodríguez, C. E. El Comercio; Consulta el 16/01/2015, disponible en http://www.derechocomercial.ed.uy/RespComercio01.htm
anlapp1@hotmail.com