De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno dice un adagio, que al aplicarlo al ejercicio de la política o del gobierno quiere decir, que no es suficiente tener un plan y una fuerte voluntad para lograr el objetivo, porque dependiendo como se gestione el curso de la acción, este puede transformarse en su contrario. Cuando se ejecutan políticas públicas y se asignan recursos subestimando la complejidad del entorno social o sin hacer el seguimiento apropiado, se puede producir el “efecto bumerán”.
A propósito de esta reflexión, un hecho que sigue lacerando la conciencia de todos los venezolanos es el de la escandalosa defraudación fiscal de US$ 22.000 millones cometida por “empresas de maletín”, a través de un sistema de “control de asignación de divisas” creado para ejecutar la política del “anclaje cambiario”. La intención de ésta era controlar la inflación, la fuga de capitales y direccionar la renta petrolera hacia las prioridades del Plan de la Nación. Se aplicó como una medida necesaria para enfrentar los terribles desequilibrios económicos que produjo del golpe de Estado del 11A y el sabotaje petrolero. Luego se convirtió en el “eje” de la política económica, provocando una sobrevaluación prolongada de la moneda sin contar con los mecanismos efectivos para bloquear la corrupción y el ataque del “dólar cúcuta”. Soslayó el caracter estructural del modelo rentístico-importador sobre el cual pulula una burguesía parasitaria, siempre ávida de engullirse la renta petrolera por los “caminos verdes”, bien sea importando a dolar preferencial para vender a “dolar cúcuta”, incrementando sus cuentas en los “paraisos fiscales”, realimentando el mercado especulativo paralelo o desangrando al país a través del contrabando. De retruque creció la inflación, la fuga de capitales y se profundizó la dependencia de la renta petrolera.
Una decisión “bumerán” de esta especie, que va en contravía a la política de soberanía alimentaria y de la democratización de la economía que debería ser investigada por los organismos competentes, es la presunta asignación a las empresas “procesadoras” de papas PEPSICO y MUNCHI, del equivalente al 40% de los dólares a 6,30 destinados a la importación de semillas para los “productores” de papas.
