La Venezolana, la gran estafa. Intervención gubernamental

‘"El Concesionario La Venezolana’’, su razón jurídica para la comercialización de vehículos a clientes, que por las circunstancias conocidas en el mercado de la Industria Automotriz venezolana, lanzó una campaña de publicidad y promoción agresivas, logrando captar a más de seis mil personas, quienes confiados en la imagen del referido concesionario, acudieron a gestionar la compra de sus vehículos, sometiéndose a las condiciones de venta que ofrecieron los representantes legales de La Venezolana.

Consistió la transacción en el aporte mínimo de una cuota inicial o más por parte de los entusiastas y esperanzados compradores, que confiados en la referida campaña, que con motivaciones propias de la publicidad y promociones, muchas veces estas en sus percepciones, entusiasma a clientes a tomar decisiones, otras veces no muy razonadas, cuyas campañas, suelen causar falsas promesas o expectativas moviendo sentimientos de necesidades decisivas incitando a la compra, y más en razón de los precios ofertados, que se sujetaban a los regulados, y no a los precios que otros concesionarios exigían por sus carros una vez los tuvieran, muy por encima en alto porcentaje en relación a estos.

En ese sentido un representativo grupo de venezolanas y venezolanos y a lo mejor extranjeros residentes en el país, de todas las ciudades, acudieron a los respectivos concesionarios en Los Teques y Valencia, donde fueron atendidos por personal de ventas dando toda la información en cuanto a modelos, precio y forma de pago, una vez suscritos en listados para el respectivo orden en que se haría entrega de los vehículos, al no más llegar según cantidad acordada con la empresa automotriz fabricante en el exterior, procedieron de inmediato a solicitar y recibir los montos de cuotas iniciales, hubo quienes entregaron hasta el monto del costo total del vehículo, pues los esperanzados beneficiarios, son generalmente de clase media, unos con más posibilidades otros con menos, pero hay diversidad de profesionales, empleados públicos, cajas de ahorro, empresa privada, comerciantes, por su cuenta, etcétera.

Una vez que, el tiempo pasaba y las promesas no se cumplían, las sospechas y preocupaciones no se hicieron esperar, se develó la gran estafa contra los cautivos clientes, comienzan las informaciones, las denuncias por medios de comunicación, y cuando el Gobierno Nacional y los poderes de competencia oficial actuaron, ya la estafa estaba consumada, los representantes del Concesionario lograron su escabullida y se fueron del país sin dejar rastro, lo que dejaron en bienes, según, cubre solo un 16,86% de los millones de bolívares recabados por las fallidas transacciones.

Surgieron, como es lógico las reacciones de los estafados, en la Asamblea Nacional gracias al Diputado Claudio Farías que intervino como mediador en el problema, el Ejecutivo Nacional, a través del Vice-Presidente de la República actúo y prometió la solución del problema en favor de los afectados, también el Ministro de Comercio asumió lo propio, y a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos se dicta Providencia N° 014-2014, publicada en Gaceta Oficial N° 40435 de fecha 17 de junio de 2014, con el fin de darle solución a los afectados resarciendo el daño ocasionado por la empresa antes mencionada, nombrando una Junta Administradora Ad Hoc con las más amplias facultades y poderes de administración y dirección, la Fiscalía General de la República, actúo en su competencia.

Se conforma una comisión de voceros, un grupo de Caracas es nombrado por afectados asistentes en las afueras de la Asamblea Nacional y otro grupo de Valencia que fueron nombrados por afectados de la sucursal del concesionario la Venezolana ubicado en Valencia, voceros que desde la intervención han venido realizando todas las diligencias necesarias con el fin de lograr la solución favorable del problema para todos los afectados, bien con la entrega de vehículos o devolviendo el dinero más intereses como fue transmitido por el Vicepresidente de la Republica.

Lo cierto es que, a varios meses de gestiones, diligencias, reuniones, documentos entregados, todavía el problema persiste, más grave aún para los del interior de la República, que debieron nombrar representantes o voceros para, cada vez que sea necesario acudir a Caracas donde están centralizadas las autoridades, que tienen en sus manos las soluciones en coordinación con representaciones nombradas por los afectados, para esto requieren erogaciones de gastos de transporte, hotel, alimentación e imprevistos, lo que ya les está resultando demasiado oneroso.

Ahora surgen serios interrogantes, pues a medida que el tiempo avanza, la paciencia se va desgastando, el comportamiento grupal de quienes o se han arrogado la misión de ser voceros o han sido delegados por sus compañeros, al surgir como es proceder de humanos, desavenencias en los puntos de vista de cada quien, la coherencia entusiasta inicial en la lucha se ha venido resquebrajando, surgen posiciones encontradas, intereses personales, protagonismo individual o grupal, hasta no falta la injerencia política, las influencias, el amiguismo, formas culturales, que en toda organización grupal surgen con arraigo en el comportamiento.

Donde hay quienes se arrogan liderazgos autocráticos, democráticos, caudillistas absorbentes, y si agregamos las declaraciones o escritos públicos a través de los medios y redes sociales, más para desacreditarnos, que para hacer autocríticas positivas con propuestas concretas, a fin de insistir en la estafa por parte de este Concesionario, más bien contribuimos a dispersarnos en la lucha, a distorsionar el objetivo central por la solución favorable del problema que atañe al colectivo de afectados.

Como podemos observar, además del entramado de gestiones burocráticas, que surgen en búsqueda de soluciones favorables a los afectados, también existen obstáculos entre quienes anhelan formar parte de vocerías y otros que ya la integran en forma directa y al no lograrlo, pasan a formar parte de pugnacidad interna, que trastoca la viabilidad o logros avanzados, por lo tanto necesario descartar toda discordia contra los intereses de todos en común.

En las redes informáticas, se han lanzado acusaciones de corrupción, como sí quienes trabajan como voceros, mediadores, voluntarios fueran administradores de grandes sumas de dinero, son sofismas sin fundamentación, que sin duda alguna desalientan a quienes trabajan desinteresadamente, no puede ser que, porque algunos voceros reunidos para elaborar el plan de acción para la solución de nuestro caso, hayan hecho distintas propuestas, de inmediato aparece la intriga y la duda, con el fin de satanizar y desvirtuar, así se vertieron mensajes desalentadores, contra quienes luchan por la misma causa.

En el portal Aporrea algunos con preocupación justificada escriben para destacar la problemática y van al fondo del problema, otros por el contrario, escriben muy ambivalentemente y tratan de poner en tela de juicio a voceros, como ocurrió con dos voceros de Carabobo, que sin haber estado presentes en una reunión de Caracas, justificadamente por cierto, utilizaron sus nombres para apuntalar desacuerdos con propuestas que al fin y al cabo no se aprobaron, como es de esperarse en toda reunión que tenga como fin la solución de problemas a un colectivo, donde se presentan propuestas unas se aprueban y otras no y los lanzaron por las redes con mensajes de duda sometiéndolos al escarnio público y generando el odio contra ellos de algunos afectados.

En Aporrea el día 09-10-14, aparece un largo escrito del ciudadano José Eduardo Hermoso, titulado: Concesionario La Venezolana Un Pez Gordo Que Todos Quieren. En este escrito se tejen una serie de dudas y se da entender que o se acusa a voceros de no estar concatenados con los objetivos, que hay intereses personales, se percibe aquí una crítica indirecta contra voceros, con más ahínco hasta los del interior, hay referencias a intereses políticos, intereses individuales, grupales y se trata de descalificar a algunos de los que han participado en reuniones o gestiones en Caracas por cierto contestes con la misión encomendada por quienes depositaron la confianza en su representación.

Las críticas abundan más en contra de los mismos voceros, que obviamente son afectados, que lo atinente o referencial al tema, que orienta parece indicar el titular del escrito, que pareciera se iban a establecer pormenores del Concesionario en razón de la gran estafa y condiciones actuales, sus responsabilidades legales, como el papel que han venido jugando la parte gubernamental, pero quien escribió aunque declara, que no tiene intereses y que además en las vocerías no se percibe nada a cambio; sin embargo apunta que es necesario cambiar voceros o formalizarlos con la participación, deja incógnitas a despejar, deja entrever una propuesta de organizar las vocerías, desplazando a quienes supone son trabas para continuar las acciones.

A mi juicio, quienes estamos en el interior, quien esto escribe, es afectado de la Ciudad de Valencia, y con la delegación de los afectados en este Estado y Estados vecinos, fuimos seleccionados cuatro voceros, voluntarios, para cada vez, que fuera necesario ir a Caracas, a abogar por nuestra causa común, lo hemos hecho, con sacrificio, cubriendo gastos entre todos y con aporte de los afectados que confían en nosotros, que al final no sabemos, si el tiempo sigue marchando en contra del logro de nuestro objetivo, podría ser peor el remedio que la enfermedad, esto lo digo con modestia y sin ánimos de polémicas infructuosas.

Sí he observado, algunas actitudes cuyo comportamiento, en vez de unir, contribuir a que se concrete la solución de tan enojoso problema, por el contrario tratan de profundizar la brecha y se abalanzan con esas declaraciones, que nada aportan, muchas veces desinformativas y descalificativas, no sabemos conque intención, pero perturban el libre desenvolvimiento de las numerosas diligencias, más exigentes y sacrificadas para los del interior por razones obvias, entonces lamentamos que hayan desconsideraciones para quienes, como yo u otros compañeros afines en el problema, que lo hacemos con voluntad y conocimiento de causa, madrugando, viajando con riesgos al movilizarnos y se trate de sembrar dudas, cuando lo que debemos es entendernos, aunque puedan haber diferencias de criterios, es lógico en toda actividad humana.

Por otro lado, sabemos que se agrega otra faceta exigida por la Junta Administradora para establecer conductos más expeditos, como fue la solicitada en la última reunión, relativa a organizarse y avalar con firmas para, dar más formalidad legal a las gestiones de quienes sean voceros responsables de acudir a entrevistarse con quienes tienen en sus manos la solución del problema, por lo que se sugiere la mesura o el equilibrio en lo que digamos o expresemos, no es justo, que por razones baladíes, caigamos en descalificarnos públicamente, si escribimos o deseamos informar, que sea para orientar a la mayoría al respecto y no para causar más incertidumbre y confusión que solo traerá como consecuencias el retardo en el proceso que ya se encuentra en avance, recordemos que no buscamos o por lo menos en mi caso, no tengo ningún interés de liderazgo o de protagonismo, mi trabajo siempre ha sido independiente o ajeno a cargos públicos o políticos, así que sugiero sinergia para esta lucha coyuntural, transitoria, en nuestras conductas de entendimiento estará el éxito o el fracaso.

Finalmente invito a todos los afectados, a entrar en la página de facebook, clientes de concesionario la venezolana, para que lean el plan de acción, que fue entregado el día martes 07 de octubre de 2014, a la nueva Junta Administradora Ad Hoc, donde se establecen algunas propuestas para la solución rápida de nuestro problema, propuestas estas que están abiertas a su consideración y sugerencias, también a nuevas ideas que ustedes puedan aportar, además podrán apreciar que no hay nada oculto que busque perjudicar a los afectados, al contrario, lo que se busca es la solución favorable y justa para todos.

invegue@hotmail.com
Abogado


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