La lucha contra la especulación y el acaparamiento en Venezuela (1999-2012)

Una historia no contada. A cinco años de la victoria popular contra la especulación y el acaparamiento. La lucha continúa (21 de noviembre de 2007)

I-. Samuel Ruth (Presidente del INDECU) y la crisis de desabastecimiento y especulación (2002-2007)

En Venezuela, a raíz del ascenso del presidente Hugo Chávez a la primera magistratura nacional, un amplio sector del empresariado venezolano se opuso a los lineamientos de su política social, económica, jurídica, fundamentalmente a la aprobación de un conjunto de leyes (pesca, hidrocarburo, tierra, entre otras), las cuales trastocaban los intereses del capital nacional y transnacional. Éstos instrumentos jurídicos (49 en total) fueron el detonante para que la burguesía criolla en complicidad con un pequeño grupo de militares, partidos políticos conservadores, el Opus Dei, la nómina mayor de PDVSA, los medios de comunicación privados, empresarios, banqueros, terratenientes, el Departamento de Estado Norteamericano, entre otros, se plantearan dar al traste al gobierno legítimamente constituido.

En realidad estos sectores nunca vieron al presidente Chávez con buenos ojos, los empresarios de la comunicación enfilaron todas sus baterías contra él y activaron sus laboratorios de guerra psicológica para desdibujarlo y propiciar una conspiración mediática de forma abierta y fragrante.

De igual manera, los empresarios de la industria agroalimentaria y de las grandes cadenas de supermercados jugaron al desabastecimiento y a la especulación con el propósito de generar zozobra, pánico y descontento en los sectores populares para que estos se volcaran contra el primer mandatario y su gobierno.

Ésta táctica fue utilizada como antesala al fraguado golpe de estado de 2002, luego con igual intensidad antes, durante y después del proceso refrendario de diciembre de 2007. Todavía hoy sigue presente, aunque con cierto nivel de incidencia sin embargo, no en los mismos términos, gracias al avance del gobierno bolivariano en la promulgación de leyes que resguardan y protegen a los consumidores (Indepabis, Control y precios justos); y al avance en la creación y conformación de redes de abastecimientos alimentarios (Mercal, PDVAL, SADA, Abastos Bicentenarios).

Dentro de este escenario de conspiración se encontraba Samuel Ruth (2002-2007), al frente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), organismo clave para confrontar la onda conspirativa del sector agroindustrial, quienes para ese entonces controlaban el monopolio de los alimentos y las grandes cadenas de supermercados en el país.

Ruth, según lo expresa José Gregorio Bermúdez, articulista de Aporrea, no representaba los intereses del pueblo, si no de los empresarios y de los buhoneros por ser incapaz de ejercer la autoridad para lo cual fue designado. Es decir, por su incapacidad e inoperancia  jugó a la desestabilización aplicando una política de laissez faire, "dejar hacer, dejar pasar". Además recalca que no tocó los intereses de la burguesía. Bermúdez, no dudo en solicitar su destitución, la cual se logró un año después gracias en parte a la presión ejercida por el poder popular, tal como lo veremos más adelante. (Aporrea, "Samuel Ruth, un inepto en el gobierno revolucionario"; 10/05/2012)

El decreto 5.197 y su intento fallido de frenar la especulación

En ese contexto, ante la ausencia de un organismo combativo y diligente, aunado a falta de un instrumento jurídico que se enfrentara a las mafias empresariales de los alimentos, el gobierno bolivariano de forma desesperada se trazó como estrategia aprobar el "Decreto Presidencial con rango, valor y fuerza de Ley de defensa popular contra el acaparamiento, especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte al consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios". Dicho decreto Nº 5.197, fue dictado por el presidente de la República Hugo Chávez Frías, el 16 de febrero de 2007, y en Gaceta Oficial Nº 38.629, el 21 de febrero de 2007.

Se pretendía con este decreto paralizar la ola de desabastecimiento y especulación reinante sobre todo en las barriadas y sectores populares del país. Durante el año 2007, desaparecieron de los anaqueles de los supermercados, bodegas, abastos y otros comercios: leche completa, prenatal, liquida o en polvo, carne, pollo, harina, azúcar, aceite, pañales, entre otros rubros de la cesta básica, con el propósito de generar descontento en la población e incidir en la derrota de la Reforma Constitucional convocada por Chávez ese mismo año.

Se repite así la historia de saboteo y conspiración agroalimentaria de 2002 y 2003. En ese entonces, el grupo Polar y otras pocas familias vinculadas al negocio de los alimentos pretendieron quebrar la moral del pueblo. No sólo desaparecieron los mismos productos arriba señalados (pollo, carne, leche, azúcar, etc), sino que en el marco del golpe de estado y posteriormente en el paro petrolero, le impidieron a los sectores populares hacer uso del combustible y del gas doméstico.

Muchas familias venezolanas sobre todo aquellas que vivían en sectores urbanos se vieron en la necesidad de deshacerse de camas, escaparates y muebles de madera para utilizarlos como leña y suplir así la falta de gas en sus hogares. Sin embargo, no se hicieron eco del terrorismo de la burguesía, por el contrario se afianzaron con mayor fuerza al proyecto político liderado por el presidente Chávez. Ese mismo pueblo asediado por el poder económico salió en defensa de la revolución costándoles decenas de muertos y heridos.

Consecuencias de la conspiración agroalimentaria en el marco de la Reforma constitucional (2007)

En contraste, en 2007, la estrategia de la burguesía dio sus frutos. La propuesta de Reforma Constitucional del presidente Chávez salió derrotada. Acá jugaron un papel determinante los medios de comunicación golpistas, la presentación engorrosa y confusa de la propuesta, los empresarios de los alimentos, la derecha endógena infiltrada en las instituciones como Ruth e Ismael García, la falta de control y seguimiento del Estado a varias instituciones, la impunidad, la inseguridad, la ineficiencia e ineficacia de entes gubernamentales, el descontento de la población por la ausencia de resolución de sus problemas cotidianos, entre otros factores.

De manera que el decreto N° 5.197 por sí sólo no pudo contener la onda especulativa ni la desaparición de numerosos productos del mercado, siendo favorecido con estas acciones, tal como ya se señaló, el triunfo de la oposición política y de los empresarios mediante los resultados electorales al no aprobarse la Reforma Constitucional, en diciembre de 2007.

Por su parte, Samuel Ruth poco hizo por enfrentar a estos sectores especuladores, quienes lograron con estas medidas producir un daño terrible al pueblo llano venezolano y al gobierno nacional. Es importante destacar que en la mayoría de las urbanizaciones ubicadas en el este de la capital de la República no padecieron los rigores de la escasez, quien suscribe el presente artículo lo corroboró visitando varios supermercados en esta zona, donde logró comprar leche, pañales y otros artículos de primera necesidad. La conspiración estaba claramente direccionada y fríamente calculada.

Hoy este farsante y mercenario de la política llamó a votar abiertamente por el candidato de la burguesía y del imperio, Enrique Capriles Radonsky. Además tuvo el tupé de declarar al periodista Mario Villegas, el 11 de junio de 2012, que "el Indepabis es un brazo político para destruir al sector privado", sector que al parecer él favoreció durante su triste gestión al frente del Indecu, durante casi un decenio. No se podía esperar menos de él. Con estas declaraciones crea la duda de sus posibles nexos con los dueños del capital. De ser así, nos preguntamos: ¿Con qué lo premiarían la corporación Cisneros, Alfonzo Rivas, los Boulton y los Mendoza? Grupos reducidos de familias que forman parte de los monopolios de los alimentos en Venezuela y responsables de la crisis alimentaria en el país durante ese período.

  La victoria popular contra la  especulación y el acaparamiento en Antímano

La incapacidad de Ruth le costó su salida del gobierno. Lamentablemente desde las instancias gubernamentales se tardó demasiado tiempo en precisar las incapacidad de este rufián (al decir de J.G. Bermúdez), no así en el seno del pueblo, que venía padeciendo los embates de una institución ausente en los barrios. De hecho, numerosos voceros de los consejos comunales de Antímano, Petare, La Vega, Altagracia, El Valle, San Juan, Catia, etc, lo interpelaron en una Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, el día sábado 25 de agosto de 2007, en los antiguos galpones de Pasta Ronco, ubicados a pocos metros del Seguro Social de Antímano.

Aunque Ruth, no tuvo el guáramo para hacer acto de presencia en Antímano, sin embargo, se escudó tras la figura de Jorge Domínguez, quien ejercía el cargo del Director Nacional de Fiscalización e Inspección del INDECU y asistió en su representación.

Por su parte, los voceros José Tinoco (Altagracia), Leonidas Vásquez (El Junquito), Nelson Arévalo (Antímano), Cira Hidalgo (Antímano), Yorlando Conde (cultor y profesor de teatro), entre otros, interpelaron y cuestionaron la gestión de Ruth. La vocera de Antímano, Marlene Rada, leyó un documento titulado "Manifiesto de los Consejos Comunales de Caracas contra la especulación y el acaparamiento"; donde recogía las inquietudes y propuestas de numerosos consejos comunales de la región capital. Dicho manifiesto fue publicado en Aporrea, el día viernes 26 de octubre de 2007. www.aporrea.org/contraloría/a43161.html

Estos colectivos sociales de forma consecutiva y permanente se reunían en el auditorio de la Torre Ministerial y en el auditorio del antiguo MINPADES, ambos ubicados en la Hoyada. Así mismo en la sala de reuniones del piso 9 y en el piso 10 del MinCI, donde afinaron el contenido del documento y las estrategias a seguir para darle un revés a la situación de especulación y acaparamiento reinante en los sectores populares de Caracas y zonas adyacentes.

El documento recogía entre otros planteamientos lo siguiente:

"No podemos hablar de transformación si no se da un cambio profundo de pensamiento en los actores y dinamizadores de esa transformación. No se puede hablar de poder comunal si los protagonistas de las iniciativas  y de los cambios no es el pueblo en su conjunto".

"El socialismo es una construcción colectiva, y por ello, en Caracas, estamos propiciando el debate a través del intercambio de ideas con los distintos sectores que hacen vida dentro de nuestra comunidad ( ) De allí que uno de los ejes estratégicos que hemos estado discutiendo, tiene que ver con la seguridad alimentaria".

"En este aspecto los consejos comunales de Caracas diagnosticaron entre otras cosas, un elevado índice de especulación en carnicerías, abastos, fruterías, verdulerías, etc. Los comerciantes formales e informales de forma inescrupulosa han irrespetado el decreto presidencial".

Instituciones presentes en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en Antímano

El Diputado Pedro Lander, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional; la Viceministra de Articulación Social del Despacho de la Presidencia, Hilda Cabeza; la actual presidenta de la Radio Asamblea Nacional, Carolina Cestari, Miguel Espinoza por la Coordinación General del programa Aló Presidente; junto a reportero y camarógrafos de VTV, fueron testigos de ese hecho democrático y revolucionario, ejercido por un verdadero poder popular, que bajó del pedestal y la estratosfera a un funcionario que se creyó Rey y que los consejos comunales de forma certera lo cuestionaron y desenmascararon.

El Diputado Lander inició su intervención con un pensamiento del presidente Hugo Chávez: "Un revolucionario no puede refugiarse en excusas para no cumplir con sus tareas, hay que ser un verdadero SOLDADO ( ) funcionario que sea negligente tiene que ir para fuera" Ello en alusión a Ruth y a altos funcionarios del Indecu, quienes dejaban mucho que desear al frente de la institución.

Luego, el sábado 27 de octubre de ese mismo año, se realizó una nueva asamblea en los galpones Pasta Ronco de Antímano, a la cual Ruth tampoco asistió, envió nuevamente a Jorge Domínguez en su representación. En esta oportunidad, por la presión de los colectivos, organizaciones sociales y consejos comunales allí presente, el INDECU se vio obligado a cerrar varios negocios y comercios que se encontraban bajo la lupa del poder popular, la institución junto a una brigada de milicianos populares y a los consejos comunales, se dispuso a cerrar 29 carnicerías, 03 automercados y un mercalito, los cuales estaban irrespetando el decreto presidencial 5.197.

  A partir de allí, Ruth tuvo sus días contados. Comenzó a cerrar de forma coyuntural negocios, carnicerías, panaderías en Antímano y otras parroquias de Caracas, para congraciarse con las autoridades pero ya era demasiado tarde, estaba al descubierto y el trabajo de inteligencia que no pudieron hacer los burócratas de estado lo hizo magistralmente el poder popular.

La toma del Indecu

Más aún, estos mismos combatientes populares no conforme con los resultados de las dos asambleas (25/08/2007 y 27/10/2007), en noviembre de 2007, tomaron por asalto la sede del INDECU, los consejos comunales que habían interpelado a Ruth un (01) mes antes en Antímano; se volcaron esta vez, hacia el Centro Comercial Los Cedros, avenida Libertador, torpedeando y tambaleando a la directiva de la institución. Las pancartas y las consignas contra Ruth, expresaban, vociferaban y exigían su separación del cargo. Todas estas acciones de protestas del glorioso pueblo caraqueño, contribuyeron a acelerar la salida de Samuel Ruth.

El 19 de febrero de 2008, tres meses después de la toma del Indecu, Samuel Ruth fue destituido. A partir de ese momento asume las riendas de la institución, Eduardo Samán, quien venía de dirigir a Sencamer, unidad ubicada en el INDECU, es decir, Samán no era un extraño ni mucho menos un paracaidista, por el contrario, se podría decir que conocía al ente rector en materia de protección y educación al consumidor.

El presidente Hugo Chávez en una entrevista realizada por Vanessa Davies, Vanessa Sánchez y Ernesto Villegas transmitida por el canal del estado "Venezolana de Televisión", el día jueves 04 de octubre de 2012, a las 9:00pm, admitió que uno de los errores de su gobierno había sido la falta de seguimiento y control a muchas instituciones gubernamentales, por lo que asomó la propuesta de reestructurar el Ministerio del Despacho de la Presidencia y asignarle estas funciones. El día 13 de octubre, el Presidente cumplió su promesa y designo a la Almiranta Carmen Meléndez, Ministra para el despacho de la Presidencia y de Seguimiento de la Gestión Presidencial

Ministerio que se hace imprescindible ante la ineficiencia, ineficacia, corrupción, burocratismo en muchos de sus ministros, funcionarios de alto y mediano rango, y por ende en muchas instancias gubernamentales.

Eduardo Samán y la creación del Indepabis (2008-2010)

El nuevo gerente se activa y comienza a desplegar con entusiasmo operativos por las barriadas caraqueñas y mete en cintura a nivel nacional a cientos de comerciantes de distintos ramos: alimento, ferretero, automotriz, farmaceutico, entre otros. Su eficiencia y eficacia, por lo menos en este primer momento, persuade, alerta y conmina a los medios de comunicación privados a propiciar y radicalizar una nueva campaña contra el gobierno nacional.

La guerra fratricida de estos aparatos ideológicos  al servicio del capital local y foráneo (TV, Radio, Prensa), enfermó a un sector significativo de la población, sobre todo a la llamada clase media, quienes protestaban contra las medidas de control impuesta por el ejecutivo para salvaguardar los intereses de la ciudadanía, al regular los precios de algunos rubros alimenticios.

La desfachatez llegó a tal extremo que una señora alienada por esos medios, en el supermercado Excelsior Gama de Santa Eduvigis, ubicado en el este de Caracas; desgarró uno  de los empaques de arroz para echárselo encima a Samán en medida de protesta, por cuanto éste y el equipo que le acompañaba se encontraban supervisando y exigiendo a los dueños de los supermercados el cumplimiento de la regulación establecida por el gobierno nacional. La buena gestión de Samán sirvió de carta aval para su nuevo nombramiento como Ministro de Comercio, desde donde le tocó enfrentar a las mafias farmacéuticas.

Con Samán se crea el Indepabis y luego se aprueba La Ley de Control y Precio Justo, con el propósito de contrarrestar la especulación, el acaparamiento y el boicot, sin embargo, observo con preocupación la ausencia de estas instituciones y la aplicación de la ley en los barrios de Caracas y seguramente de Venezuela. Hay un estado de indefensión donde los comerciantes incurren no sólo en especulación y usura sino que irrespetan al gobierno nacional y a la ciudadanía. Muchos comercios formales e informales no respetan los productos que están bajo regulación. De hecho los buhoneros andan a sus anchas vendiendo con sobreprecio y con los pesos y balanzas adulterados.

Lo mismo ocurre en comercios, panaderías, carnicerías, verdulerías, venta de repuestos, ferreterías, farmacias, entre otros, incurren en especulación.   De manera que aspiramos a que las autoridades competente desgasten un poco las suelas de sus calzados y se den un recorrido por los sectores populares para que corroboren lo aquí expresado.. .(Continuará)

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