Del Pachamamismo al incendio de la Amazonía: el legado ambiental de Evo Morales

Martes, 19/11/2019 01:01 AM

El presidente boliviano, Evo Morales, acaba de renunciar luego de que el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Williams Kaliman, sugiriera que dejara el poder luego de la votación presidencial del 20 de octubre que, según observadores electorales, fue fraudulenta. La medida de Morales, quien como jefe del sindicato de cocaleros lideró las protestas que derrocaron a otros presidentes, se produjo cuando las fuerzas armadas se declararon neutrales frente a tres semanas de manifestaciones cada vez más caóticas en varias ciudades que dejaron un saldo de muertos, heridos y destrozos materiales. Inicialmente Morales había declarado que renunciaría después de tres mandatos, pero cambió de opinión y trató de enmendar la constitución para postularse para un cuarto. Los votantes rechazaron esa medida en un referéndum de 2016, pero un tribunal constitucional dominado por sus aliados dictaminó a su favor, diciendo que los límites de mandato violaban los derechos humanos de Morales. El gobierno de Evo Morales, si bien revindicó la presencia a nivel constitucional de la noción aymara de Vivir Bien o Suma Qamaña, la Ley de Derechos de la Madre Tierra y la construcción de un Estado de carácter Plurinacional, derivó hacia el entronizamiento de una figura caudillista y un estamento burocrático que llevó a un extremo el extractivismo y la depredación ambiental

Una de las claves para entender (aunque ciertamente el cuadro causal es complejo y en el concurren factores y circunstancias nacionales e internacionales de signo diverso) por qué Evo Morales fracasó estrepitosamente en las elecciones de 2016 y por qué acaba de ser derrocado, tiene que ver paradójicamente con las mismas razones que explican el triunfo del líder boliviano en el referéndum organizado en 2009 como pieza maestra de su anunciada apuesta de transformar la política y la sociedad boliviana. En ese entonces, él invitó a los pueblos indígenas que comprenden la mayoría de la población, sometida durante siglos a la exclusión, a reescribir el documento político fundacional de la nación. El texto resultante le valió a ese sector fundamental de la población un reconocimiento, una representación y una autonomía sin precedentes, sacralizó la cosecha de coca como un patrimonio nacional e incluyó un lenguaje con un fuerte matiz ambientalista. Aunque escándalos de corrupción empañaron la imagen de su gobierno, su derrota en el referéndum fue en buena parte debida a las críticas surgidas en el seno de la alianza que lo llevó al poder, incluyendo a los propios pueblos indígenas que jugaron un papel central en su elección.

A pesar de la fuerte oposición ejercida por grupos de derecha que incluyó actos de violencia y amenazas de secesión, Evo Morales logró alcanzar sus objetivos durante los primeros años de su mandato. Nacionalizó el gas natural, lo que permitió incrementar el presupuesto nacional y expandir programas sociales que contribuyeron a reducir los índices de pobreza y propulsar la emergencia de nuevos sectores medios y una burguesía aymará. En diciembre de 2009, durante la Conferencia de Copenhagen sobre Cambio Climático, Evo Morales denunció al capitalismo occidental como una "cultura de la muerte" que es responsable de los trastornos climáticos globales; en su lugar propuso una "cultura alternativa de la vida" sustentada en una cosmovisión indígena de las Andes. Pero después de que la constitución fue firmemente establecida, la relación entre la administración de Morales y sectores significativos de su base sociopolítica comenzó a cambiar de manera dramática. Algunos importantes grupos y líderes indígenas que habían desempeñado un rol fundamental en la redacción de la nueva constitución y en la promoción de la revolución política anunciada por Morales, se convirtieron en sus críticos más sistemáticos y consistentes. Pese a que Morales continuó contando durante un buen tiempo con el apoyo de más del 60% de la población, sobre todo en áreas rurales, prominentes grupos de activistas indígenas chocaron repetidas veces con el gobierno en torno a proyectos de "desarrollo" que han afectado negativamente el ambiente y amenazado el modo de vida ancestral. Estas confrontaciones y las tácticas utilizadas por Morales y sus funcionarios para silenciar y desacreditar a esas voces críticas, fueron fracturando progresivamente secciones importantes del basamento político del régimen y minando la imagen de Morales como el "decolonizador" de Bolivia.

Un punto de inflexión de este proceso surgió en 2010, cuando el gobierno boliviano propuso la construcción de una autopista que atravesaría un parque nacional y un territorio indígena denominado con el acrónimo TIPNIS. Aunque hubo promesas gubernamentales de prosperidad y "desarrollo" para la región, líderes indígenas locales se opusieron al proyecto argumentando que el mismo impactaría seriamente el ecosistema y facilitaría el asentamiento de migrantes en el territorio ancestral que abarca una extensa zona boscosa de una elevada biodiversidad. Los críticos organizaron marchas en contra del proyecto que se desplazaron hacia la ciudad capital de La Paz y que fueron reprimidas por la policía, con saldo de numerosos manifestantes arrestados, hecho que generó un clamor de protesta entre otros sectores sociales en muchas partes del país y atrajo una no muy común atención internacional. La controversia sobre el TIPNIS inflamó las tensiones que ya existían entre el gobierno y varios grupos indígenas. Las organizaciones que inicialmente se opusieron a la autopista representaban mayormente grupos minoritarios de indígenas que habitaban territorios protegidos con base en formas de propiedad comunal. No obstante, en esa coyuntura, Morales obtuvo el respaldo de las mayorías de granjeros quechua y aymará que ya venían migrando desde el altiplano hacia zonas bajas en busca de tierra fértil para la siembra de coca. Incluso antes del conflicto del TIPNIS, algunos grupos indígenas ya habían formulado dudas sobre el carácter del gobierno de Morales y las implicaciones de su propósito de redistribución de la riqueza proveniente de la producción de gas para el ambiente y el modo de vida tradicional.

En la medida en que el crecimiento económico se fue convirtiendo en la prioridad, los ideales expresados en la retórica ambientalista y decolonial del gobierno se fueron desdibujando. En 2013, la denominada "Política del Gran Perdón" permitió que un importante grupo de terratenientes evadieran condenas por haber deforestado vastas extensiones de tierra antes de 2011. Posteriormente el gobierno de Morales se mostró interesado en la industria del fracking para explotar petróleo, haciendo caso omiso de sus consecuencias catastróficas en lo que concierne a fuentes de agua. A esto se agregaron la aprobación de regulaciones que permiten las operaciones de extracción de hidrocarburos en diferentes partes del país, el interés de Morales en desarrollar la industria nuclear y la aprobación de una ley sobre personalidad legal que establece en términos injustos y más o menos vagos la negativa a la constitución libre de organizaciones sociales que "se muestren incapaces de declarar su contribución al desarrollo económico y social".

Más recientemente, la gota que rebosó el vaso en lo que concierne al legado ambiental de Evo Morales, en ocasión de la ocurrencia de incendios devastadores sin precedentes en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, que centraron la preocupación mundial sobre el ultraderechista presidente Brasileño Jair Bolsonaro, el fuego también arrasó con más de dos millones de hectáreas en la Amazonía boliviana, lo que condujo a su gobierno a decretar el estado de emergencia y obligó al Presidente Evo Morales "Protector de la Pachamama" a suspender su campaña por la reelección. Numerosos críticos del gobierno de Morales señalaron su culpabilidad en el desencadenamiento de esta catástrofe ecológica, indicando que el presidente había autorizado a terratenientes y granjeros para que llevaran a cabo un gran desmonte y el inicio de "fuegos controlados" en extensas zonas boscosas de la región. La medida destinada a facilitar la extensión de la frontera agrícola y en particular la cría de ganado, buscaba según los críticos complacer a terratenientes y granjeros, tradicionalmente opuestos a Morales, y obtener sus votos en las elecciones de 2019.

Hay pues toda una evidencia que apunta a las descomunales inconsistencias de Evo Morales en materia ambiental y de derechos indígenas, con graves violaciones a la Ley de la Madre Naturaleza refrendada por su gobierno. Aún y cuando las tendencias en pugna pudieran revertirse con reacciones sorpresivas, queda pues por apostar en esta hora de naufragio aparente de otra expresión emblemática del llamado ciclo progresista (ciclo también neoextractivista), por alternativas críticas y creativas, horizontales, de base, que sean capaces de articular propósitos y luchas en pro de la democracia directa, la justicia social, ambiental, la democracia energética, la defensa de los territorios y de los bienes comunes, en un contexto de vigorosos, nuevos, diversos y aún no del todo claros signos de descontento con el orden establecido en el plano regional y mundial.

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