(Caracas, 20-6-07) La Comisión de Contraloría declaró la responsabilidad política del general Víctor Cruz Weffer, quien se desempeñara como presidente de Fondur desde enero del año 2000 hasta julio de 2001, por presuntas irregularidades cometidas en la construcción del complejo habitacional Los Cedros, en el municipio Pampanito del estado Trujillo, el cual fue financiado con recursos aportados por el Fondo de Desarrollo Urbano.

En el informe, aprobado por unanimidad, los parlamentarios declaran la conducta negligente y omisiva del general Weffer por no haber tomado las acciones pertinentes hacia aquéllos que estaban encargados de ejecutar las obras y que incurrieron en gravísimas irregularidades de diversa índole, “y que por sus irresponsables actuaciones han causado un gravísimo daño al patrimonio del Estado, así, como los particulares que confiaron en la oferta que se les hizo para la adquisición de sus viviendas y que hoy se ve reflejado en una vulgar estafa”, por la ejecución del proyecto habitacional, de la cual hoy solo quedan escombros.

Igualmente, en el informe se señala que el ex presidente de Fondur, por su actuación negligente y omisiva, puede estar incurso en el ilícito penal de Peculado Culposo previsto y sancionado en el artículo 53 de la Ley Contra la Corrupción, y encuadrar un supuesto hecho generador de responsabilidad administrativa, previsto en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

También la Comisión de Contraloría declaró la responsabilidad política de la arquitecta María Alejandra Morales, quien se encargó de la inspección de la obra y de la ingeniera Wilma Caltieri, supervisora de Inspección del estado Trujillo, a quienes también se les responsabiliza por una conducta negligente y omisiva y quienes habrían incurrido en el delito de peculado culposo y en supuestos generadores de responsabilidad administrativa.

El informe incluye una serie de recomendaciones que incluye:

1. Exhortar al Ministerio Público a los fines de que inicie las acciones legales correspondientes a objeto de hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios (as) públicos (as), que hayan sido objeto en la ejecución del control parlamentario de declaración de responsabilidad política por la Asamblea Nacional. También que se realice una investigación a los fines de determinar la presunta negligencia del ciudadano Carlos Mendoza, ingeniero residente de la contratista Inversiones y Desarrollo Los Cedros, y de Adalberto Gabaldón, representante legal de la mencionada empresa.
2. Exhortar al ciudadano Clodosbaldo Russián, contralor general de la República a objeto que inicie la correspondiente averiguación administrativa por los hechos, actos u omisiones en los que han incurrido los funcionarios y ex funcionarios públicos que han sido objeto de declaración de responsabilidad política por la Asamblea Nacional.
3. Solicitar a la Contraloría General de la República y a los tribunales competentes la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, para cargos de elección popular y contrataciones con la Administración Pública a los funcionarios y ex funcionarios públicos y particulares involucrados en los hechos.
4. Remitir copia certificada de la presente declaratoria de responsabilidad política al Consejo Moral Republicano, con la consecuente solicitud al Poder Ciudadano para que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.
5. Remitir copia certificada de la presente decisión al ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez Frías y al vicepresidente