03 septiembre 2003. Este miércoles tres de septiembre, el Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia formal en contra de la asociación civil Súmate a los fines de que el Ministerio público ordene la apertura de una investigación penal en contra de la mencionada asociación por la comisión de ilícitos de naturaleza electoral y ordinaria previstos y sancionados en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y Código Penal.

La denuncia alega que la Asociación Civil Súmate se atribuye y usurpa la cualidad y representación de un grupo de electores sin su consentimiento y sin contar con el aval legal y legítimo para realizar este tipo de funciones inherentes a Poderes del Estado.

De acuerdo a la denuncia interpuesta por Rangel, Súmate basado en su Registro Mercantil se erige como representante de los electores para llevar a cabo un conjunto de actividades tendentes a hacer efectivo un eventual proceso de convocatoria a referendo revocatorio contra el ciudadano Presidente de la República, Hugo Chávez Frías y a distintos diputados a la Asamblea Nacional, Gobernadores y Alcaldes electos. Despliegan así una campaña pública de recolección de fondos, para ofrecerle a los ciudadanos un supuesto medio para financiar la iniciativa de defender sus derechos políticos.

Recolectaron y destinaron de esta manera, la suma de cuatrocientos cincuenta millones de Bolívares (Bs. 450.000.000,00), tras su pretendida función de redacción de preguntas que presentaron al pueblo venezolano y para la recolección de firmas. Es así que inician una campaña publicitaria a través de los medios de comunicación que culmina con un acto con la Coordinadora Democrática, partidos políticos y el Gobernador del Estado Miranda Enrique Mendoza, quien fue protagonista en el evento.

El destino de esta millonaria cantidad, hasta los momentos su origen destino y administración, no ha sido justificado ante el país y mucho menos ante el Consejo Nacional Electoral, en violación flagrante de normas constitucionales y de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política

Vale la pena destacar refiere la denuncia, que en principio señalaron que se trataba de 4.426.921 ciudadanos y posteriormente se redujo la cifra, ante el Consejo Nacional Electoral en 2.789.385. Incluyendo firmas de dudosa procedencia ya que un grupo de ciudadanos consignaron sendas denuncias contra Súmate ante el ministerio público por aparecer como firmantes, sin su debido consentimiento.

Como corolario de su ilegal actuación financiera, Súmate ha publicado un Acuerdo para defender firmas, pidiendo colaboración a los electores a través de cuentas corrientes en los Bancos Venezuela y Banco Venezolano de Crédito con el fin supuestamente de defender las firmas, hecho a través del cual se sorprende la buena fe del venezolano, con una especie de contrato respecto al cual los colaboradores renuncian a toda posibilidad de indemnización o reclamo por el destino de sus aportes.

María Corina Machado, Víctor de Yavorsky, Alejandro Plas, Carlos Sanz , René Yamín y Mireya Amaya admiten públicamente que realizaron el proceso de recolección de firmas, que redactaron las preguntas y que su intención es convocar a referendo revocatorio, admitiendo que además han solicitado ayuda a organismos extranjeros vinculados a la Coordinadora Democrática. Todo este proceso a espaldas y sin la participación ni la injerencia del Consejo Nacional Electoral, ente rector del Poder Electoral, órgano establecido constitucional y legalmente para la organización, administración y vigilancia de todos los procesos electorales en el país, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política .

En este sentido José Vicente Rangel en su condición de ciudadano, solicita a los fines de evitar de que Súmate continué sorprendiendo en su buena fe al pueblo venezolano, valiéndose de la situación política actual y en su ánimo de satisfacer intereses creados; que cite a los voceros de Súmate para que se investigue a fondo y expliquen con qué autoridad o competencia actúa en actividades públicas de los partidos políticos o grupo de electores, en nombre de quien realizan sus actividades, quienes son sus representantes , que expliquen al país, el origen de sus fondos, las razones por las cuales continúan pidiendo dinero para proteger firmas, porque les preocupa tanto el dinero, que solicitan a sus colaboradores en caso de referendo, someterse a arbitraje en caso de inconformidad, así como de otros ilícitos más.