AN rechaza sentencia de Sala Constitucional por inconstitucional y usurpación de funciones

El segundo vicepresidente de la AN, Roberto Hernández, presentó el acuerdo respaldado por unanimidad, donde se designó una comisión conformada así: Roberto Hernández, presidente; Juan José Molina, Iris Varela, Mario Isea, Calixto Ortega, Tulio Jiménez, Carlos Escarrá, Ricardo Sanguino y Juan José Mendoza para investigar el hecho

(Caracas, 22-3-07) La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad, un acuerdo mediante el cual rechazan una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, donde modifican un artículo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, considerándolo una usurpación de poderes, presentado por el segundo vicepresidente, diputado Roberto Hernández (PCV/Yaracuy), donde además se solicita realizar una investigación de lo ocurrido.

En el acuerdo se prevé la designación de una comisión para realizar la investigación, la cual quedó integrada por: Roberto Hernández (PCV/Yaracuy), presidente; Juan José Molina (Podemos/Bolívar), Iris Varela (MVR/Táchira), Mario Isea (PPT/Zulia), Calixto Ortega (MVR/Zulia), Tulio Jiménez (MVR/Miranda), Carlos Escarrá (MVE/Aragua), Ricardo Sanguino (MVR/Táchira) y Juan José Mendoza (MVR/Trujillo).

En su intervención, el segundo vicepresidente de la AN, Roberto Hernández, al referirse a las presuntas irregularidades cometidas por la Sala Constitucional del TSJ, en sentencia del 27 de febrero del presente año, producto de una demanda contra artículos de la Ley de Impuesto Sobre la Renta en el año 2001, reviste gravedad para el país y específicamente al Poder Legislativo.

Afirmó que la demanda fue declarada sin lugar con relación a los artículos solicitados, pero que al margen de la solicitud presentada, la Sala Constitucional asumió el conocimiento del artículo 31, y en los razonamientos concluye que la Sala modifica el texto del artículo 31 de la Ley del ISLR.

"El hecho es que la modificación que se hace de todo un artículo de la ley no es facultad del TSJ, ni de ningún tribunal de la República, sino que es exclusiva del Poder Legislativo, órgano que de acuerdo con la Constitución, que puede elaborar, sancionar, reformar leyes".

El diputado Hernández considera que la modificación es total, donde se sustituye el viejo artículo 31 por otra redacción completamente nueva, y que al margen de los perjuicios económicos del fallo para el Fisco Nacional que deja de percibir grandes cantidades de dinero, la Sala Constitucional ha usurpado las funciones de la AN.

Asimismo, explicó que la Constitución establece que toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces, que es un principio fundamental de interpretación jurídica de que la Carta Magna está por encima de todos los actos legislativos o reglamentarios.

 

 

Por ello, estima que en el presente caso, para el Parlamento es obligatorio pronunciarse sobre un acto del Poder Judicial que usurpado las funciones de la AN, y que la AN debe aprobar un acuerdo que contenga los puntos de vista sobre el hecho y además, se designe una comisión para que investigue las responsabilidades que pueda tener la decisión del TSJ y que con la brevedad posible presente un informe sobre lo ocurrido.

El acuerdo propuesto por el segundo vicepresidente de la AN expresa:

1.- Considerar nulo el numeral 2, del dispositivo de la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, Nro. 01-2862 de fecha 27 de febrero de 2007, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38635, de fecha jueves 1 de marzo de 2007. Así como la motivación con que se sustentó y, en consecuencia, sin ningún efecto jurídico.

2.- Exhortar al pueblo venezolano y en especial a los contribuyentes, así como al SENIAT, a no aplicar el numeral 2 de la parte dispositiva del referido fallo por considerarlo acto violatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

3.- Conformar una comisión a los efectos de investigar y determinar las responsabilidades a que hubiere lugar.

4.- Remitir copia del presente acuerdo al ministro del Poder Popular para las Finanzas y al superintendente Nacional Aduanero y Tributario.


5.- Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en diarios de amplia circulación en el país.

 Limita competencia de la AN

El diputado Juan José Molina (Podemos/Bolívar) indicó que la sentencia dictada el 27 de febrero por el TSJ limita la competencia de los poderes y así debería ser, pero que existe un hecho en uno de los numerales de la sentencia que transgrede esa norma y viola la Constitución, lo que no sólo atenta contra las competencias de la AN, sino que también atenta contra el Fisco Nacional.

Afirmó que la sentencia tiene, en el ordinal segundo, vicio de inconstitucionalidad, y así se establece cuando se interpreta la Constitución, porque en ese texto se violó de manera flagrante la Carta Magna, y el Parlamento, en ejercicio del control que debe hacer en cada uno de los actos del Poder Público, respalda el acuerdo presentado por el segundo vicepresidente de la AN, lo que es un análisis exhaustivo de la sentencia del TSJ.

Tribus judiciales

La diputada Iris Varela (MVR/Táchira) manifestó que se trata de algo insólito, porque se usurpan funciones del Poder Legislativo, ya que en la sentencia se está legislando. Igualmente, denunció que existe otra decisión de la misma Sala Constitucional, de fecha 23 de febrero de 2007, cuatro días antes, el magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, el mismo de la sentencia del 27 de marzo, por ello propone que se exhorte al Poder Moral para que proceda a calificar la presunta irregularidad que puede haber incurrido la Sala Constitucional.

Denuncia la existencia de un triunvirato o mafia conformado por el magistrado Cabrera Romero, un alto funcionario del Ministerio Público y una abogada en ejercicio para conformar una tribu judicial y atentar contra los intereses de la colectividad de acuerdo con los documentos que le han hecho llegar a sus manos.

Asimismo, indicó que la sentencia del 23 de febrero, además de usurpar las funciones de la AN, modificación una decisión del Parlamento, por ello solicita que debe declarase la nulidad de lo actuado por la comisión designada en la DEM.

 Perjuicio contra el Fisco Nacional

Calixto Ortega (MVR/Zulia) expresó que están conscientes de la gravedad del tema y del contenido del acuerdo presentado a la plenaria, donde el 19 de diciembre de 2001, dos personas profesionales del derecho, solicitaron la nulidad de seis artículos de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta: 67; 68; 69; 72; 74 y 79 de esa norma, acción que ocurrió hace más de cinco años, y fue el mes pasado cuando se produce la decisión definitiva que resuelve la Sala Constitucional del TSJ.

La Sala Constitucional en esa sentencia aborda lo relacionado con el artículo 31, que nadie le había solicitado interpretar, y se pronuncia sobre el mismo modificando su texto, lo que hace inconstitucional la decisión adoptada, porque afecta la recaudación del Fisco en el orden de los 600 mil millones de bolívares.


El diputado Rafic Souki (MVR/Zulia) indicó que en momentos en que el Gobierno mantiene la tesis de que los que más ganen paguen más impuesto, viene la sentencia del TSJ, además de haber rebajado la cuota impositiva del IVA, que beneficia a la población.

Considera que la decisión de la Sala Constitucional marcha en dirección contraria de lo que se piensa construir en el país, que es beneficiar a los más débiles.

El diputado Ulises Daal (Independiente/Falcón) manifestó que la sentencia viola los artículos 138 y 157 de la Constitución, que va en detrimento de la política que viene adelantando el Gobierno nacional para beneficiar a las grandes mayorías de la población que siempre estuvieron excluidas.
 

La decisión de la sentencia obedece a la concesión ideológica de la burguesía, y por lo mismo no puede verse de la función legislativa, sino como una acción que obstaculiza los planes del Gobierno nacional, dijo Daal.

El diputado Tulio Jiménez (MVR/Miranda) dijo que el daño que causa la sentencia al Fisco Nacional, porque proceden a sustituir un artículo, acción realizada por la institución que menos podía haber caído en tal irregularidad.

Finalmente, el diputado Carlos Escarrá (MVR/Aragua) expresó que una cosa es la potestad normativa del juez y otra como se ejerce la misma, y en la sentencia sobre la ley del ISLR la Sala Constitucional ha abusado.

Reitera que la Sala Constitucional ha abusado del conjunto de potestades normativas atendiendo intereses particulares, que en su opinión estriba la gravedad del asunto, porque el problema no es si decidió, sino qué decidió.

Asimismo, indicó que la Sala Constitucional ha cambiado todo un conjunto de leyes en los siete años que tiene de funcionamiento, y son los mismos magistrados que han creado un conjunto de tribus en los ámbitos laboral, de menores, penal, porque lo grave no es se sea magistrado, sino que se utilice esa posición para favorecer determinados intereses.

"Cuando se dictó la de Ley de Tierras, la Sala Constitucional estaba compuesta por hacendados y anuló un conjunto de artículos de esa norma que versaban sobre la entrega de tierras a los campesinos, también suspendieron los artículos de la Ley de Seguros y Reaseguros, porque casi todos los magistrados fueron abogados de compañías de seguros y reaseguros".

Manifestó que utilizar el poder para un fin distinto es corrupción, una degeneración del Poder Judicial, y esos magistrados deberían estar en la cárcel de Uribana. Sostiene que los magistrados no pueden aducir la excusa que firmaron una sentencia y no se dieron cuenta.

De igual forma, expresó que el verdadero delito de la sentencia de la Sala Constitucional es evitar que el Fisco pueda recaudar impuesto para que el Estado deje de percibir los recursos con los cuales pueda sostener las misiones y la inversión social hacia los excluidos de siempre.

Al manifestar su respaldo al acuerdo presentado, agregó que la sentencia es injusta porque no respeta ni la progresividad, ni la proporcionalidad del tributo que están consagrados en la Carta Magna, además de ser inconstitucional porque no respeta los valores y principios de la Constitución.

Afirma que la respuesta de la Asamblea Nacional a la decisión de la Sala Constitucional debe ser de rechazo por injusta, inconstitucional, violatoria de los derechos fundamentales, además se debe acudir a la calle para que en el Parlamentarismo Social de Calle, el pueblo se pronuncie sobre el acuerdo presentado.

De igual forma, se mostró de acuerdo con abrir una investigación a todos los siete magistrados la Sala Constitucional sobre la sentencia que emitieron, deseando que la investigación pudiese abarcar a todos los magistrados del TSJ.

Al concluir el debate, resultó aprobado el acuerdo presentado por el diputado Roberto Hernández, así que las demás proposiciones sean remitidas a la comisión encargada de investigar la sentencia de la Sala Constitucional.


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