ARGENTINA-Buenos Aires, 20 ago (EFE).- A menos de tres meses de llegar al poder en Argentina, el Gobierno de Néstor Kirchner afronta su primera crisis interna en medio de difíciles negociaciones con el FMI y con otros frentes de conflicto abiertos en distintos planos.

Un día después de que estallara un enfrentamiento entre Kirchner y el vicepresidente Daniel Scioli, el Ejecutivo intentó hoy dar por concluido el episodio al descartar cualquier "posibilidad de riesgo institucional".

Luego de una serie de desavenencias entre ambos, ayer, martes, Kirchner pidió la renuncia de tres funcionarios de la Secretaría de Turismo y Deportes, el área que encabezó Scioli hasta el pasado 25 de mayo y donde mantenía a hombres de su confianza.

"La lectura superficial es que se trata de una demostración de un estilo un poco autoritario que el presidente está acostumbrado a utilizar, pero tiene que haber algo más que un enojo detrás de todo esto", aseguró a EFE el analista político Roberto Bacman.

En los últimos días, Scioli había planteado sus diferencias con la decisión del Gobierno de impulsar la anulación de dos leyes que en la década de los años 80 libraron de responsabilidad a más de un millar de represores de la última dictadura militar (1976-1983).

También avaló la posibilidad de que aumenten las tarifas de los servicios públicos, que están congeladas desde la devaluación del peso de enero de 2002, en momentos en que el Ejecutivo se resiste a aplicar el incremento reclamado por las empresas concesionarias.

El jefe del gabinete, Alberto Fernández, admitió hoy que existe "una diferencia clara entre lo que piensa el vicepresidente y lo que piensa el Gobierno" respecto de algunos temas, pero descartó cualquier "posibilidad de riesgo institucional" por esta situación.

Por su parte, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, habló de "una colisión entre el presidente y el vicepresidente" por discrepancias de pensamiento en "políticas públicas".
"No voy a renunciar, no hay crisis", señaló a su vez Scioli, quien pidió "tranquilidad a la gente" cuando se retiraba hoy de su domicilio para ir "a trabajar, como todos los días", según aseguró en unas breves declaraciones a periodistas.

El secretario de Turismo y Deportes, Germán Pérez, quien reemplazó a Scioli al asumir éste la vicepresidencia del país, presentó su dimisión el martes, en cuanto se la pidió el jefe del gabinete en nombre de Kirchner.
La decisión presidencial también alcanzó al coordinador ejecutivo de Planeamiento Deportivo, Víctor Groupierre, y al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Zaragoza.
Scioli, que se hizo famoso como campeón de motonáutica y también ejerce la presidencia del Senado, inició su carrera política de la mano del ex presidente Carlos Menem (1989-1999), acérrimo rival de Kirchner en el gobernante Partido Justicialista (peronista).

Según el analista Roberto Bacman, "una lectura más profunda de este enfrentamiento puede tener que ver con cómo se está jugando la interna del peronismo" en vísperas de elecciones para renovar autoridades y legisladores en varias provincias argentinas.
Además, el director ejecutivo del Centro de Estudios de Opinión Pública dijo que el conflicto entre Kirchner y Scioli "puede ser el árbol con el que se intenta tapar el bosque".
De este modo aludió a las complicadas negociaciones que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un acuerdo crediticio de tres años de duración que le permita refinanciar deudas por 13.500 millones de dólares.

"Desde que asumió el 25 de mayo, Kirchner decidió gobernar a pura acción. Es una decisión política que implica abrir frentes y la acción genera reacción", estimó.
En poco menos de noventa días de gestión, el gobernante rechazó las presiones del FMI para que adopte medidas que a su juicio pueden frenar la incipiente reactivación de la economía local, como el aumento tarifario de los servicios públicos privatizados.

También desplazó a la cúpula de las Fuerzas Armadas y de seguridad, impulsó una profunda renovación en la desprestigiada Corte Suprema de Justicia y reabrió el debate sobre el castigo a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.