Caracas, 13 Mar. ABN.- Como una vía para agilizar los procedimientos que conduzcan a la expulsión de aquellos agentes que estén incursos en irregularidades, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, Ramón Morales Rossi, propuso que los agentes de la Policía Metropolitana (PM) sean considerados funcionarios de libre remoción por desempeñar labores de seguridad del Estado.

De acuerdo con Morales Rossi, la adopción de esta medida permitirá remover a los policías que pese a las irregularidades que cometían no podían ser expulsados de la institución debido a las trabas para su destitución que presenta la Ley del Estatuto de la Función Pública.

«Los policías son funcionarios de confianza del Estado, ejercen una función de vigilancia y resguardo de todos los ciudadanos. Como son funcionarios públicos se establece que deben atravesar un largo proceso de investigación y, posiblemente, si son destituidos, posteriormente, los reincorporan. Nosotros creemos que esto no debe ser así», explicó.

A su juicio, considerar a los policías funcionarios de libre remoción cuando estén indiciados de cometer faltas graves contra la ciudadanía contribuirá con el proceso de depuración del organismo con miras a la conformación de la Policía Nacional.

Morales Rossi añadió que la adopción de esta medida requiere un consenso previo entre el alcalde mayor, Juan Barreto, la Secretaría y la directiva del cuerpo de seguridad capitalino.

Asimismo, fijó posición frente a un reportaje publicado el pasado fin de semana en el diario Últimas Noticias en el cual el director de la PM, Juan Francisco Romero, manifestó sentirse «de manos atadas» por la imposibilidad de sancionar a los agentes, facultad que, según dijo, recae en la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía.

No obstante, en opinión de Morales Rossi, la directiva de la PM sí puede tomar medidas contra funcionarios sobre los que ya se ha demostrado su implicación en hechos delictivos.

«Hay que destituirlos y que se defiendan fuera del organismo. Además, también se pueden aplicar medidas para alejarlos de las calles, como someterlos a mecanismos de presentación y retirarles las armas y uniformes», comentó.

Mencionó el caso de 27 funcionarios con órdenes de aprehensión y que, sin embargo, no han sido removidos de sus cargos ni apresados.