Caracas, 13 Mar. (ABN).- Más de 300 funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) atraviesan procesos de destitución a raíz de la agilización de investigaciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, informó este martes el director de esta instancia, Ramón Morales Rossi.

De acuerdo con el funcionario, esta acción es producto de la subordinación de la Inspectoría General de la PM, encargada de investigar a los agentes, a esta Secretaría en octubre pasado.

Morales explicó que en ese momento se detectaron mil 394 expedientes retenidos en la Inspectoría, por lo que se contrató a tres abogados para la revisión y agilización de tales procedimientos.

«De ese número, hoy sólo quedan 132 averiguaciones en proceso de análisis», indicó el secretario de Seguridad Ciudadana, mientras que al resto se le ha dado curso legal en tribunales o en la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía.

Informó que desde octubre de 2005 se abrieron 80 expedientes por flagrancia a funcionarios, desglosados en un oficial superior, 10 subalternos y 69 de base.

En tanto, 24 policías ya tienen sentencia firme para su expulsión del cuerpo de seguridad y se han girado 27 órdenes de aprehensión gracias al cruce de información sobre los agentes investigados con el Ministerio Público (MP) y con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El secretario de Seguridad Ciudadana comentó también que ya entregó al MP el informe sobre la intervención de la zona 2 de la Policía Metropolitana, donde se hace, al igual que en la zona 7, el procesamiento penal de los agentes.

De igual manera, comentó que se abrió una investigación al Instituto Universitario de la PM, debido a múltiples denuncias presentadas sobre supuesto maltrato a estudiantes y profesores que cobran aunque nunca han dado clases.

Sobre la intervención de Protección Civil Metropolitana, Morales señaló que descubrieron ilícitos relacionados con la emisión de cartas de riesgo a familiares y conocidos de los funcionarios, información que ya está en poder de la Fiscalía.

Cabe recordar que con ese documento se puede gestionar la aprobación de 60 millones de bolívares por parte del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat para la adquisición de casas en el mercado secundario.