La Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui denunció que el 12.08.03 hubo 6 ejecuciones extrajudiciales en el sector La Ponderosa de la ciudad de Barcelona, Edo. Anzoátegui, realizadas por efectivos de la policía estadal (Polianzoátegui), de la policía del municipio Simón Bolívar (Polibolívar) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) delegación Barcelona (Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, fdhanzmagallanes@hotmail.com, 14.08.03).
Alcides Magallanes, presidente de la organización de derechos humanos integrante del Foro por la Vida, afirma que los hechos sucedieron como una retaliación de los funcionarios policiales por la muerte de un oficial de Polibolívar, en un operativo en el cual fueron abatidos los presuntos delincuentes (2 sujetos) que el agente había interceptado al momento de realizar un atraco, según declararon testigos presenciales. Según Magallanes, luego del intercambio de disparos que causó la muerte del agente y de los 2 sujetos, comisiones de efectivos de los cuerpos policiales antes señalados, se presentaron en La Ponderosa donde, sin ordenes judiciales y violando el procedimiento regular, allanaron varias casas, deteniendo y ejecutando a 6 ciudadanos en sus residencias, según atestiguan familiares (Ibíd.).
Ante estos hechos, la organización regional de derechos humanos solicitó a la Defensoría del Pueblo y al fiscal Superior del estado realizar una investigación para determinar las responsabilidades. Sobre este aspecto hay que destacar el rechazo que la Fundación hace de la solicitud que Nilvia Núñez de Silva, directora-presidenta del Instituto Autónomo de la Polibolívar, dirigió a la Defensoría del Pueblo (en rueda de prensa del 14.08.03) pidiendo la renuncia de Noel Azócar, defensor del Pueblo adscrito a Anzoátegui "por estar parcializado a favor de los delincuentes". La Fundación considera que con esta declaración, la institución policial pretende obstaculizar la labor llevada a cabo por la Defensoría, institución que Magallanes considera como única aliada en la lucha por el esclarecimiento de las 300 ejecuciones extrajudiciales registradas en la entidad federal desde el año 2000 (Ibíd.).
Con respecto a las investigaciones sobre estos hechos, hay que reseñar la medida privativa de libertad contra 7 efectivos de la policía regional decretada por el Tribunal 6º de Control de Anzoátegui, a solicitud del MP, por estar presuntamente incursos en el delito de homicidio intencional, en perjuicio de Luis Gregorio Ojeda, hecho ocurrido en abril del 2001 y que forma parte de los casi 300 casos de ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales (El Metropolitano, 07.08.03, pág. 22).
"Según las investigaciones conducidas por los fiscales 2do. y 6to. regionales, María Celeste Moncada y José Alberto Morillo, respectivamente, los funcionarios Euclides Rafael Fuentes, Marx Ramiro Morales, Jorge Luis Mendoza, Rodolfo Enrique Macarán, Melchor Rafael Aguilar, Pedro Salcedo Briceño y Pedro Rafael Marcano se llevaron a Ojeda Fajardo, después que éste fue detenido por estudiantes de la Universidad de Oriente quienes lo confundieron con un atracador [...] Ojeda, fue entregado con vida a los efectivos policiales. Sin embargo, horas más tarde el cadáver apareció en la morgue del Hospital Luis Razzetti con un impacto de bala en el tórax. Los funcionarios manifestaron que Ojeda Fajardo falleció durante un enfrentamiento" (Ministerio Público, 06.08.03, http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/ A2003/prensajulio2003.asp). Durante la etapa de investigación se encontraron suficientes elementos de convicción que permitieron que el Ministerio Público, en mayo de 2003, acusara a Pedro Salcedo Briceño y Jorge Luis Mendoza por el delito de homicidio intencional y al resto de los funcionarios por encubrimiento.