Jueves, 15 de Febrero de 2007. - El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, destacó que la Fuerza Armada Nacional tiene que ser fortalecida desde el punto de vista jurídico, constitucional, popular y, actualizarlas en el marco histórico. A su juicio, la alianza cívico-militar no es sólo para garantizar la soberanía e independencia de la Nación y para defender la integridad territorial; "sino para contribuir también al desarrollo nacional y darle solidez a todo un proceso histórico de cambios que el país ha decidido darse".

"Pudiera ser interesante adecuar el sistema sancionatorio de faltas de naturaleza militar al sistema de garantías de la Constitución de la República", propuso.

Recomendó a las comisiones resolver el problema de la jurisdicción y competencia militar. "Esta constitución, un poco por lo apresurado que se elaboró en el seno de la constituyente, tiene algunos errores y gazapos, y entre esos gazapos se habla mucho de jurisdicción".

Al respecto, mencionó varios artículos como el 259 "el cual habla de la jurisdicción contencioso administrativa"; el 260 "que se refiere a los pueblos indígenas, habla también de una jurisdicción especial"; y el 261 "habla de la jurisdicción penal militar, que es parte integrante del poder judicial".

Por otra parte, señaló como necesario pensar y estudiar, en la comisión correspondiente de seguridad social, si es absolutamente indispensable un sistema que separe la seguridad social de los militares de la seguridad social de los demás integrantes de la población, "simplemente planteo la interrogante, no hago ninguna afirmación", aclaró.

De igual forma, el fiscal Rodríguez dejó planteado al sector castrense que es necesario resolver "si es absolutamente necesario mantener un Código Orgánico de Justicia Militar, o si es preferible incorporarlo a un sistema único de justicia".

"¿Por qué participo de esta última opinión?, porque si tenemos un sistema único, abría un capítulo especial para la competencia militar que ayudaría a resolver un problema que es bien importante a la hora en que se produzcan los hechos punibles en donde se van a plantear los conflictos de competencia con la jurisdicción ordinaria, de si el delito es militar o es un delito que debe procesarse por la vía ordinaria".

A su juicio, es posible que de esa forma se logren calificar de una vez cuáles son los delitos de naturaleza militar "y eso nos evitarían muchísimos conflictos de competencia que tendrá que decidir siempre el Tribunal Supremo de Justicia".