Dos humildes familias del Valle, populosa parroquia Caraqueña, donde habitan desde hace mas de 20 años en una casa alquilada, construida en terrenos que actualmente son propiedad del Inavi. La humilde vivienda esta ubicada en la calle Cajigal del Barrio San Andrés, muy cerca del Centro Comercial El Valle y de una estación del metro, además de que pronto pasara un bulevar por el frente. En la casa Palmera 11, viven las señoras María Magdalena Oropeza Ochoa y María Olga Terán, venezolanas, mayores de edad, madres y abuelas, residen con sus respectivas familias entre estos, siete niños de muy corta edad.

El jueves 7 de agosto, estas dos familias casi son echadas a la calle debido a una medida de desalojo promovida por un señor de nombre Daniel Sánchez Parra, quien alega ser propietario de este terreno y con su abogada de costumbre, intenta con medidas tribunaleras y sin contar con pruebas contundentes, expropiar al estado de esta terreno y por ende a las humildes familias sin tomar en cuenta ni la bienhechuria de 20 años de residencia.

La acción de la comunidad fue determinante, al ver semejante injusticia se opuso, enfrentando a la misma Policía Metropolitana y a los funcionarios Judiciales que ejecutaban la medida. La acción de cesación, solicitada por el abogado defensor fue atendida por el Juez ejecutor, quien no le quedo otra acción que la suspensión temporal de la medida, lo que no evita que se repita de nuevo y con mayor uso de fuerza.

Fue lamentable ver al encargado policial de aquel pelotón, como insultaba a la comunidad, les gritaba toda cantidad de vulgaridades que son inreproducibles, pero hay una que dice mucho de la mente escuálida, malsana y enferma de aquel funcionario “…estos malditos chavistas, los voy a reventar a todos”.

El señor Daniel Sánchez (alias “El Terrateniente”, apodado por la propia comunidad del Valle, que lo acusa de haberse apropiado de manera fraudulenta de varias casas de la zona y repartir armas en marchas de la Coordinadora Demoníaca), alega propiedad del terreno, se basa en una simple carta donde este alega que el terreno es de su propiedad según documento registrado en el año 1998 en un registro subalterno del Municipio Libertador, y una inescrupulosa del INAVI lo reafirma con un simple oficio de fecha 2 de noviembre de 1999 sin explicar o presentar las pruebas de ello. Cabe mencionar que la funcionaria de nombre Ing. Adda Vivas, Gerente del Distrito Federal y Estado Vargas, fue despedida desde hace tiempo del INAVI, según versión no confirmada.

Pero si se analiza en profundidad, es evidente el intento de estafa de este señor, y para comprobar lo dicho están las pruebas totalmente irrefutables a simple vista y que no fueron tomadas en cuenta por la funcionaria ni por el Tribunal que ejecuto la medida:

a) Decreto 178 de fecha 19 de octubre de 1964 de expropiación salido en Gaceta Oficial con el numero 28.258.
b) Plano General Loma Quintana, Registrado en el Segundo Circuito, Cuarto Trimestre del año 1966, N° 511, folio 1131.
c) Existe la venta del inmueble N° 11 en el Registro del Primer Circuito en fecha 5/10/1934, bajo el N° 145, folio 226 del protocolo Primero, donde se menciona que la Sucesión Pérez Hurtado vende al Banco Obrero en fecha 27-04-1967, N° 31, Tomo 22.
d) Certificación Catastral quien legaliza y apoyado en planos que el terreno es propiedad del Inavi.
e) Es prueba también irrefutable el certificado de gravamen expedido por Servicio Autónomo sin personalidad Jurídica de Registro Público. Oficina Subalterna del Cuarto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital. En fecha seis de agosto de 2003.

* Propietario desde 1932 hasta el 05/03/1934 Juan Oliva

* Propietario desde 05/03/1934 hasta el 26/12/1949 y 14/11/1965 Carlos Alberto Pérez Hurtado y Carmen Elena Pérez Hurtado.

* Propietario desde 26/12/1949 y 14/11/1965 hasta el 27/04/1967 Elisa González de Pérez Hurtado y sus Herederos

* Propietario desde el 27/04/1967 hasta la presente fecha Banco Obrero.

Con un documento de propiedad presentado extrañamente en el Registro del Cuarto Circuito bajo número 29, Tomo 9, Protocolo Primero en fecha 30/04/1998, su abogada se trazo una estrategia “Chimbo-legal” en Tribunales desde donde solicito y así fue ejecutada una medida de desalojo que no se llevo a termino.

Pero esta familias no son las únicas afectadas por los manejos oscuros de este señor Daniel Sánchez, quien emplea para tal fin al señor Rigoberto León, quien es su Apoderado Legal. Ya han ocupado más de 1.500 metros cuadrados en la Calle Cajigal y también San Antonio y Longaray con el mismo procedimiento siempre terminado con desalojo, amedrentamiento y fuertes amenazas de toda índole a las familias.

Varios vecinos viven angustiados antes las amenazas de este señor, el promete seguir apoderándose de propiedades ajenas, posee una gran ferretería, farmacia y todavía pretende apropiarse de mucho mas terrenos, amenaza de muerte a quien se le enfrenta, y a funcionarios públicos les ofrece grandes cantidades de dinero para que amañen cualquier proceso en su contra.

Hay que iniciar procesos condenatorios contra perronas que operan al margen de la ley, es hora de terminar con la impunidad. Cárcel para las personas que infrinjan la ley, debe ser la consigna Bolivariana.