Parlamentarios opinan que hay que trabajar en mecanismos más “expeditos” sobre la materia. Tulio Jiménez, presidente de la comisión de Política Interior de la AN, opina que podría incluirse en la reforma. Cometer un delito también es causal para la destitución.

En vista de la preocupación presidencial por los hechos de corrupción que azota a algunas gobernaciones y alcaldías, Eustoquio Contreras, vicepresidente de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), considera que la vía más idónea para detener los malos manejos en la administración pública y de sancionar a los culpables es “la colaboración entre los poderes públicos”.

Aunque aún no queda claro si el exhorto del presidente Chávez sobre “raspar a gobernadores y alcaldes” se refiere a incluir en la discusión de la reforma constitucional vías “más expeditas” para despojar de sus cargos a los funcionarios, el parlamentario opina que frente a ésta problemática no se puede ser indiferente y se tienen que crear mecanismos para dar respuesta a esta situación.

Esa misma idea la apoya la presidenta del Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución, Cilia Flores, cuando declaró que el llamado que hizo el jefe de Estado en su programa dominical ¡Aló, Presidente! tiene relación con la “cooperación de los poderes, todos los funcionarios electos popularmente estamos sujetos a ser removidos sino cumplimos”.

Las vías

Ahora bien, ¿Qué pasos formales son necesarios para “raspar” a los gobernadores y alcaldes por todas las de la ley?

La respuesta es sencilla: el referendo revocatorio— producto de la voluntad soberana del pueblo que eligió al funcionario— y la inhabilitación política mediante juicio por sentencia definitivamente firme.

Ricardo Combella, experto en derecho constitucional, explica que de acuerdo a la Carta Magna vigente los gobernadores electos pueden ser destituidos por el pueblo que los eligió.

“Otra vía podría ser la comisión de un delito y tendría que demostrarse, la Asamblea Legislativa no puede destituir a un gobernador o alcalde por razones políticas. En el caso de un delito flagrante, en si misma, una investigación no es suficiente, tendría que haber un juicio y una sentencia”, asegura.

Concuerda con él, Raúl Arrieta, abogado constitucionalista: “Hay un mecanismo muy suave para activar el proceso, o se destituye por la vía del enjuiciamiento que puede ser por malversación de fondos, por desviación de fondos o se hace por revocatorio”.

Arrieta citó el caso de Carlos Andrés Pérez, ex-presidente de Venezuela, quien fue juzgado y condenado por malversación genérica y por haberle dado a los fondos públicos un destino distinto para el cual habían sido dispuestos.

“Lo que se tiene que hacer es poner en funcionamiento los mecanismos existentes. Eso depende de la voluntad política del Ministerio Público, que es quien conoce las denuncias por corrupción y a veces no las procesa, entiendo la molestia del Presidente porque él no puede asumir todo”, señala Arrieta.

“Hay un descontento que él (Chávez) ha apreciado claramente durante su campaña pasada y como Presidente reelecto, y es notar la reacción de la gente que no está viendo los frutos de la revolución por la incompetencia de algunos funcionarios”, afirma Arrieta.


En la reforma

Otra idea que probablemente está planteada en la reforma constitucional es la de establecer mecanismos más directos y efectivos relacionados con los gobernadores y alcaldes, opina el presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, Tulio Jiménez.

“Pudiera plantearse ésto en la reforma o a través de una ley orgánica del poder municipal, hay diferentes vías”, señala.

El diputado explicó que la fórmula mágica para “raspar” a gobernadores y alcaldes que no cumplan con su función aparece señalada en la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado.

En el caso de un referendo revocatorio la legislación actual indica que si revocan a un gobernador asume el presidente del consejo legislativo si ya ha transcurrido la mitad del periodo, si es antes de la mitad del periodo se convoca a elecciones.

“La aplicación de un referendo revocatorio adolece de una ley, por lo tanto le corresponde a la AN elaborar una que desarrolle el principio”, afirmó el diputado Contreras.

El abanico de posibilidades está abierto: ampliar el tema en la reforma constitucional, colaboración de los poderes públicos, denuncias que deben ser procesadas y sobre todo agilidad de los funcionarios para aplicar las sanciones cuando sean necesarias.