El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, en su carácter de Presidente del Consejo Moral Republicano, conjuntamente con el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián Uzcátegui y el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, abordaron, formalmente, en la última reunión del Poder Ciudadano, el tema de la reducción de sus remuneraciones y arribaron a tres conclusiones en el corto plazo: disminuir sus ingresos a título personal, mantener los sueldos de los funcionarios subalternos, y promover mejoras sustanciales para quienes tienen las menores remuneraciones dentro de las tres instituciones del Poder Ciudadano.

Las disminuciones de las remuneraciones del Fiscal General, Contralor General y Defensor del Pueblo tienen carácter provisional hasta tanto se dicte, por vía ordinaria o Ley Habilitante, la regulación de los sueldos, salarios y remuneraciones de los altos funcionarios del Estado venezolano.

“Por ahora, y mientras se promulga la ley correspondiente, esta disminución de remuneraciones es absolutamente voluntaria y sólo afecta a los titulares de los poderes públicos y no a los funcionarios subalternos del Poder Ciudadano. En todo caso, si se tendrán en cuenta estos criterios para no aumentar los sueldos de los funcionarios de alta jerarquía y promover mejoras sustanciales en quienes tienen las menores remuneraciones en cada una de las tres instituciones que integran el Poder Ciudadano”, afirmó el Fiscal General de la República.

De esta manera, la reducción implica una merma anual de 124 millones 855 mil 139 bolívares para el Fiscal General; 108 millones 420 mil bolívares para el Contralor General, y una cifra intermedia entre las dos anteriores para el Defensor del Pueblo, quienes devengan un sueldo básico mensual de 8.400.000, 14.300.000, y 7.187.000, respectivamente, más las primas de antigüedad y de responsabilidad por el ejercicio del cargo.

Esta reducción en la remuneración de los titulares del Poder Ciudadano ha sido analizada y resuelta por el Consejo Moral Republicano, en atención, primeramente, a las exhortaciones formuladas por el presidente Hugo Chávez, el 10 de enero del 2007, en su acto de juramentación, donde sugirió poner tope a los sueldos, salarios y remuneraciones de los funcionarios del Estado, reiterada el 13 y el 17 de enero del mismo año, en los actos de presentación del mensaje anual ante la Asamblea Nacional y de juramentación del Consejo para la Reforma Constitucional y del Consejo Presidencial del Poder Comunal, y, en segundo lugar, por la referencia regional y el ejemplo aportado por la decisión del Presidente Rafael Correa del Ecuador quien, al juramentarse como tal, decretó un tope de sueldos para los funcionarios del Estado ecuatoriano.