Escribe Luis del Valle desde Lima para BBC Mundo

El pez por la boca muere. Esto es lo que parece haber ocurrido con el juez de la Corte Suprema del Perú José Antonio Silva Vallejos.

El magistrado admitió ante un medio de comunicación haberse reunido en privado con el presidente Alejandro Toledo para tratar el caso de la menor Zaraí, de 14 años, que reclama la paternidad del mandatario peruano y cuyo expediente se encuentra pendiente de resolución en la Sala Suprema a la que pertenece Silva.
Tras el escándalo, al jefe de Estado no le ha quedado más remedio que admitir la reunión. Sin embargo, en un comunicado de la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, se ha precisado que ésta fue solicitada por el propio juez, que duró escasos quince minutos y que, tras valorar la intención del magistrado, el presidente Toledo le respondió que esperaba la decisión final del Poder Judicial.

¿Autonomía de poderes?

Ante la ola de críticas que ha desatado lo ocurrido, el congreso evalúa una acusación constitucional contra el juez Silva Vallejos.

Según el presidente de la Comisión de Justicia del congreso, Alcides Chamorro, la visita del juez al presidente Toledo levanta sospechas de tráficos de influencias porque la hija del magistrado consiguió trabajo en una dependencia del estado y él recibió un pago por devengados.

En todo caso, son pocos los que hoy defienden a un vocal supremo que decide visitar a una de las partes en conflicto, sin conocimiento de la otra y en secreto.

El juez Silva Vallejos ha señalado que la intención de su visita fue promover una conciliación entre el mandatario peruano y la madre de la menor, Lucrecia Orozco

El impase es de tal magnitud que los propios integrantes del gobierno se ven en dificultad de avalar la actitud del magistrado.
"Una reunión de esta naturaleza se presta a muchas suspicacias y yo estoy seguro de que se van a aclarar", afirmó el vicepresidente del país, Raúl Diez Canseco.

"El juez deber renunciar de inmediato por haber incurrido en un acto irregular al visitar la casa de una de las partes", señaló también a la prensa la vocera del gobernante Perú Posible, Enith Chuquival.

El juez Silva Vallejos ha señalado que la intención de su visita fue promover una conciliación entre el mandatario peruano y la madre de la menor, Lucrecia Orozco. También consideró como una difamación la ola de críticas en su contra y expresó que estudia pronunciarse por escrito sobre el tema.

En todo caso, pocos dudan hoy que el caso "Zaraí" ha dejado de ser un asunto personal para convertirse en un tema de estado

El Dilema del ADN

[ La popularidad de Toledo está por debajo del 20%. ]

Desde antes de ser presidente, Alejandro Toledo lleva el caso de filiación de la niña Zaraí como una piedra en el zapato. Durante la campaña electoral que disputó con el entonces presidente Fujimori, este tema fue reabierto por sus opositores, que le exigían "reconocer a su hija" o en todo caso someterse a una prueba de ADN para determinar su responsabilidad.

En todo momento, el presidente peruano ha argumentado que el tema fue zanjado a su favor por el Poder Judicial hace algunos años. Sin embargo, una nueva demanda interpuesta por la madre de Zaraí Toledo reabrió el caso en enero del 2001.

Luego de resoluciones y apelaciones favorables a una y otra parte, el juicio está ahora pendiente de resolución ante la máxima instancia judicial.

Pero más allá de los vaivenes judiciales, el caso tiene un alto costo político para el mandatario peruano. Más aún en un país en el que es costumbre escuchar el reclamo de mujeres que dicen haber sido abandonadas por sus maridos.

Con una crisis económica aguda y ante unas encuestas que muestran su popularidad por debajo del 20 por ciento, pocos creen que el último episodio del caso Zaraí vaya a levantar en algo la alicaída imagen del presidente Alejandro Toledo.