Los fiscales del Ministerio Público que ejercen sus funciones en 10 estados del país han imputado desde el año 2001 a 173 funcionarios policiales, como consecuencia de los resultados de las investigaciones que se han realizado a raíz de las denuncias sobre presuntos ajusticiamientos policiales.

Los estados que registran más casos por muerte de ciudadanos en presuntos enfrentamientos con efectivos de los organismos de seguridad son Portuguesa, Yaracuy, Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Táchira, Bolívar, Anzoátegui y Lara.

Desde que el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, asumió el cargo, giró instrucciones para que no sólo los fiscales de esas regiones sino también fiscales nacionales asumieran como prioritarias tales investigaciones, lo cual generó inicialmente resultados contundentes en los estados Yaracuy y Portuguesa, donde se verificó la existencia de los llamados grupos de exterminio.

Estas 173 imputaciones a efectivos policiales, muchos de los cuales ya han sido acusados formalmente ante los tribunales respectivos, permiten al Ministerio Público desmentir las denuncias formuladas ayer por un grupo de abogados quienes aseguran que el fiscal Isaías Rodríguez no ha actuado a fin de investigar y castigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Hasta finales del año 2002 en el estado Portuguesa se habían abierto 127 causas por presuntos enfrentamientos de ciudadanos con efectivos policiales, a partir de las cuales se han concretado 32 imputaciones contra funcionarios de los organismos de seguridad de esa región.

De esos 32 imputados, actualmente 15 funcionarios policiales han sido acusados por delitos tales como homicidio calificado, uso indebido de arma de fuego y lesiones intencionales graves.

En el estado Yaracuy, se han abierto 33 expedientes. A partir de las investigaciones los fiscales asignados han concretado 38 imputaciones con funcionarios policiales, de los cuales 37 fueron acusados y de esta última cifra dos ya recibieron de los tribunales sentencia condenatoria.

En Falcón, el Ministerio Público investiga actualmente 132 casos de muertes por presuntos enfrentamientos con cuerpos policiales. Para dirigir estas investigaciones han sido designados 8 fiscales del estado Falcón, quienes cuentan con el apoyo de un fiscal nacional.

En este estado se imputó, y acusó posteriormente, a 7 funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales de la región. Se está a la espera de la audiencia preliminar en los tribunales.

En el estado Aragua, desde el año 2001, se han realizado 21 imputaciones contra funcionarios policiales.

En el estado Zulia, se han abierto 111 expedientes por presuntos enfrentamientos de ciudadanos con cuerpos policiales. Hasta la fecha los fiscales han imputado a 35 funcionarios policiales, 3 de estos específicamente en Cabimas. Ocho de estos efectivos ya tienen sentencia condenatoria entre 12 y 23 años de prisión por delitos de homicidio calificados y uso indebido de arma de fuego, entre otros.

En el estado Anzoátegui se han abierto 164 expedientes, pero hasta los momentos han sido acusados tres funcionarios policiales. En el estado Carabobo hay un imputado y un acusado y en el estado Táchira se ha efectuado sólo una imputación.

En Bolívar un efectivo policial fue acusado por el Ministerio Público y recientemente fiscales de la región, con el apoyo de fiscales de Caracas, imputaron a 22 funcionarios de los organismos de seguridad de ese estado, de los cuales 17 son funcionarios de la policía, 2 de la División Regional de Antiextorsión y Secuestros del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas y 3 pertenecen al grupo de Antiextorsión y secuestros de la GN, uno de ellos un subteniente.

En el estado Lara ascienden a 11 las imputaciones de funcionarios policiales, de los cuales 7 ya han sido acusados ante los tribunales respectivos.

Los fiscales del Ministerio Público continúan investigando estos casos, a fin de determinar si realmente las muertes ocurridas en diversas regiones se deben a enfrentamientos de ciudadanos con organismos de seguridad o, por el contrario, son producto de acciones de efectivos que actúan al margen de la justicia.