Mucho antes de que el ministro Diosdado Cabello invocara el decreto que prohibe a manifestantes llegar al perímetro del palacio presidencial, el lunes 8 de julio la Asamblea Popular Revolucionaria introdujo en el tribunal Supremo de Justicia un Recurso de Amparo. Dicha acción legal contó con la participación de unos 200 adherentes. El objetivo: Solicitar medida precautelativa, a fin de que sea suspendida la llegada de la marcha de la "oposición" golpista a Miraflores. La acción se realizó en nombre de los derechos del ciudadano y en defensa del principio de la soberanía popular, ya que los convocantes de la marcha violentaron la Constitución y estuvieron relacionados con el golpe del 11 de abril, con su secuela de atropellos e ilegalidades.

Muchos de los "organizadores" -conspiradores- firmaron el decreto dictatorial de Carmona y avalaron o participaron en acciones contrarias a los derechos humanos. Conocidos estos antecedentes y las intenciones que los animan, se intenta una medida urgente y oportuna, con fines preventivos, ante la posibilidad de que se repita la misnma situación. No se trata de negar el derecho a manifestación; se trata de que quienes pretenden ejercerlo son golpistas que gozan de impunidad.

No pensamos, en cambio, que la prohibición de llegar a Miraflores deba generalizarse a quienes acudimos en defensa de la Constitución Bolivariana, del presidente legítimamente electo por el pueblo y apoyado por su gran mayoría. No se nos puede negar el derecho a defendernos de la amenaza golpista. Con ello nos va la vida y ejerceremos ese derecho por encima de todo.

El pueblo está claro: ¡Si vienen como el 11 de abril, tendrán su 13! Es decir, habrá una nueva insurrección popular en defensa de la democracia y de las conquistas sociales del pueblo.