La Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, introdujo el pasado 12.06.03, ante la presidencia de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la AN, el Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) y el Consejo Legislativo de Aragua, entre otros, un informe general sobre la situación de ejecuciones extrajudiciales en  el Edo. Aragua (El Siglo, 10.06.03, pág. D/1).

La medida la llevan a cabo como consecuencia del retardo procesal en que se encuentran los casos pendientes, los cuales alcanzan una cifra de 800 (Ibíd.), de los cuales cerca de 15 corresponden a lo que va de este año (El Aragüeño, 10.06.03, pág. 30). Acusan del agravamiento de esta situación de retraso al Circuito Judicial de Aragua, bajo la responsabilidad del abogado Juan Luis Ibarra, y a la misma Fiscalía General de la República (El Siglo, Op. cit.). Por otro lado señalan a funcionarios de la Policía del Edo.

Aragua (PA), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de la Guardia Nacional (GN), de ser ejecutores de tales hechos así como de "todo tipo de amedrentamientos y terrorismo psicológico" (El Aragüeño, Op. cit.).

Cabe destacar que, entre las víctimas más recientes de estas ejecuciones extrajudiciales, se encuentra Dahiana Enmari Cava Orozco quien había denunciado otros 3 crímenes, ocurridos el 06.01.03, presuntamente efectuados por agentes de la PA. El caso de Cava valió a Venezuela la segunda acción urgente dirigida por Amnistía Internacional (AI) (ver edición N° 117 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). Cava permanecía en estado crítico desde el 10.05.03, luego de recibir 6 disparos efectuados por un desconocido en la localidad de Cagua, estado de Aragua, hasta que falleció el 26.05.03 (El Siglo, 18.06.03, pág. D/1). Como denunciante, Cava participó activamente en las acciones efectuadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado Aragua.

Luego de la interposición de este informe a las instancias nacionales, la Comisión advierte que de no encontrar respuestas efectivas y oportunas a sus denuncias, "el próximo paso será denunciar ante la CIDH" las vejaciones sufridas al derecho a la vida  y a la integridad (El Aragüeño, Op. cit.).