BOGOTA, 15 de Junio.- La empresa estatal Telecom será liquidada. 10.000 trabajadores fueron despedidos cuando a las 7:15 p.m. el jueves pasado, en un decreto leído por la ministra de comunicación por todos los canales de Televisión, los trabajadores quedaron desempleados.

Inmediatamente se concentraron centenares de trabajadores en Bogota para protestar contra la decisión tomada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Dos días antes habían sido militarizadas las instalaciones de Telecom como acción preventiva para evitar e impedir que los trabajadores tomaran sus lugares de trabajo.

Jorge Lerma, presidente del sindicato de los trabajadores de Telecom habló con Liberación y subrayó que el sindicato no se va rendir ante las presiones y la decisión del gobierno. Al contrario, seguirá luchando para preservar una de las empresas estatales más importantes del país. En este momento hay concentraciones obreras día y noche al rededor de todas las instalaciones de Telecom y para el 19 de junio se prepara un paro estatal para contrarrestar la ofensiva neoliberal del gobierno colombiano, dice el señor Lerma. Al mismo tiempo se están preparando apelaciones jurídicas contra la decisión gubernamental, ya que, según los sindicalistas, la decisión es ilegal.

­ Hay bastante juristas para adelantar tareas de orden  jurídico y confrontar en ese terreno también al gobierno. Por que violó sus propias normas y la Ley 489 y 142 y no se tiene en cuenta el derecho a asociación, consagrada en tratados internacionales como los artículos 87 y 98 de la OIT, se refiere el presidente sindical.

­ Aquí vamos a continuar hasta derrotar ese decreto y garantizarle una vez más al país la continuidad de la empresa nacional de telecomunicaciones y las teleasociadas y reintegro a sus labores a todos trabajadores.

Dividir para privatizar

Al lado la empresa estatal Ecopetrol, Telecom es una empresa estratégica para la republica colombiana. Es un patrimonio de todos los colombianos y es una empresa pública importantísimo que conecta cualquier pequeñito pueblo en la montaña o en la selva, con el mundo afuera.

Pero ha sido un blanco de las transnacionales que desde el 1992 ha intentado de coparla, aprovechando la "apertura económica", del ex-presidente César Gaviria cuando, entonces, trató de dividir, para privatizar, la empresa Telecom.

Pero los trabajadores y su organización de defensa, hicieron milagros en su lucha heroica que salvó en esos años, la Telecom, como empresa estatal. Pero también tuvo un costo alto por los nueve meses que trece de los 16 dirigentes sindicales tuvieron que soportar en las cárceles colombianas, hasta que la solidaridad obrera e internacional los sacó de la prisión. Jorge Lerma fue uno de las víctimas, pero no se rindió y el viernes pasado, el 13 de junio, está otra vez en las barricadas para defender el patrimonio nacional, que es Telecom.

Decreto antiterrorista contra sindicalistas

En esos años, el gobierno probó un decreto antiterrorista dirigido, como decía el gobierno de Gaviria, contra los guerrilleros y los narcotraficantes. Pero en una investigación realizada por la procuraduría, se mostraba que 92 por ciento de los encarcelados por este decreto, eran sindicalistas o lideres de la lucha popular. Casi ningún narcotraficante y menos guerrilleros cayeron presos a gracias al decreto antiterrorista. Dos años después fue anulado el decreto.

Hace una semana, la Comisión Primera del congreso colombiano, repitió la probación de una nueva ley antiterrorista, pero esta vez con muchas más facultades a las Fuerzas Militares. Todas las organizaciones sociales, de DDHH, sindicatos etc., se espantan ante este decreto, que no va a tocar a la guerrilla, sino al movimiento popular colombiano.

O, como decía un trabajador de Telecom, desesperado y con sentimientos de impotencia por el "plumazo" del decreto de liquidación de Telecom; "Ahora se ve el verdadero color político neoliberal de Uribe, entregando todo a las empresas transnacionales. Dicen que tenemos democracia y una de las democracias más antiguas de América Latina. ¡Que gran mentira! ¡Con razón que en este país no se puede hacer otra oposición que la armada, por que la democracia de ellos, es la de las transnacionales, mientras los trabajadores nos quedamos en la calle, pasando hambre y represión".

Sindicalistas masacrados

La decisión de liquidar Telecom fue tomada el mismo día que en Ginebra, la OIT informaba, que en Colombia fueron asesinados 184 dirigentes y activistas colombianos el año 2002. Esa macabra cifra constituye 86 % de todos los sindicalistas asesinados durante el año pasado que, en su totalidad, fueron 213 en todo el mundo.

En este momento hay decenas de dirigentes sindicales, como Hernando Hernández, ex-presidente y el actual secretario internacional de la USO, la federación sindical de los trabajadores petroleros, encarcelados con la acusación que son "guerrilleros" o "auxiliadores a la guerrilla".

Pero esa etiqueta ya están colocando por parte de la fiscalía, no solamente a los sindicalistas, sino hasta los monseñores de la iglesia católica, como en el caso del monseñor Serna, de 82 años, que incluso lo nombraron "jefe de finanzas del Frente Bolchevique, de ELN", en el departamento del norte de Tolima. La acusación se basa en supuestos testimonios de desertores guerrilleros, que para quedarse bien, ante la justicia, puede dar testimonio que neutraliza cualquier persona que se encuentran contra la política del actual gobierno, dicen los críticos a ese tipo de "justicia". El "desertor" resulta ser un delincuente común, sentenciado 16 veces por robo y otras actividades delictivas.

La Fiscalía "esta paramilitarizándose"

Las cárceles colombianas están hacinadas tres veces más por lo que están construidas. El congresista Gustavo Petro, ex-guerrillero del M19, dice a este reportero que todo el aparato de la Fiscalía "esta paramilitarizándose", lo que significa, que en el momento actual cualquier persona corre el riesgo de ser detenido y acusado de ser "subversivo", según el congresista.

"La red de informantes", creado por el presidente pocos días después su instalación el 7 de agosto del año pasado, informó la semana pasada que 1,5 millones colombianos pertenecen a aquella red, lo que significa que hay informantes por todos lados que hace vigilancia, inteligencia y observaciones a personas "extrañas" o de sospechosos. Son reportados a la fuerza pública y en muchos casos son detenidos y colocados ante la televisión, presentados como "milicianos" o directamente de ser "guerrilleros". Ahora propone el gobierno, que en cada conjunto o barrio se va a crear redes de informantes.

Se endurece más el conflicto social y armado

Con el decreto de liquidación de Telecom quedarán 50.000-70.000 colombianos con un incierto futuro, incorporándose al ejército de desempleados de más de 4 millones y unos 3-4 millones más que son subdesempleados en un mercado laboral con 60 por ciento de personas perteneciendo al sector informal. De ahí es fácil a reclutar nuevos soldados, policías o informantes ya que estas son las únicas fuentes de trabajo en una Colombia donde el desempleo es mortal.

Sin duda, muchas personas se van a dirigirse hacía la montaña para ahí incorporándose a la insurgencia y así, se endurece más la guerra y el conflicto social y armado, el cual el gobierno considera es un conflicto netamente contra unos bandidos o matones profesionales, como se expresaba el presidente Álvaro Uribe la semana pasada.

Internet para los despedidos

Pero el presidente ha sido generoso, dijo un funcionario presidencial, por qué ha abierto una línea gratuita donde cada trabajador, de los 10.000 despedidos, puede "consultar su situación", en la empresa a través de una página de internet que acaba de abrir el señor presidente Uribe.

Ecopetrol y el Seguro Social serán liquidadas, con toda seguridad. Sin embargo, el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, avisó, en una charla que "esto es solo un comienzo. Habrán más decretos en las próximas dos, tres semanas de liquidación de empresas públicas", dijo el controvertido ministro.

Ecopetrol esta, en este momento, militarizada en las dos rafenaderías más importantes del país, la de Barrancabermeja y Cartagena por 1.500 efectivos del ejercito. Los dirigentes sindicales son impedidos a entrar a las plantas. Igual como en 15 instalaciones de Telecom en toda Colombia.

"1.800 millones de dólares a las transnacionales"

­ La liquidación de Telecom tiene dos fundamentos elementales: Eliminar al sindicato que es un contradictor muy fuerte en el ámbito político, por que es el único que se ha atrevido de denunciar arbitrariedades y políticas de corrupción que se adelantado al interior de esta empresa, dice Jorge Lerma.

­ El segundo  elemento; al crear una empresa nueva es poder garantizar a las empresas transnacionales, llamase Tochu, Siemens, Nortel o Ericsson pagarles una deuda inexistente de 1.800 millones de dólares. Para eso crearon la nueva empresa y para eso quieren arrasar con el sindicato, agrega el sindicalista.

La empresa Ericsson en Colombia fue bautizada en la década -70 por los trabajadores de ser "La cara sucia de Suecia", por su actitud antisindical, lo cual ha significado que varios de sus trabajadores han sido apresados después que la empresa haya llamado a la policía. También fue erradicado por completo el sindicato seccional. La Ericsson es la empresa más grande en el mercado de teléfono en Colombia, seguida por la Siemens. Ambas empresas han sido involucradas en escándalos de corrupción de altos funcionarios estatales y políticos.

La Ericsson como "pata negra"

La Ericsson fue denunciada el año pasado por haber enviado técnicos a las instalaciones de Telecom en la ciudad de Bucaramanga para hacerlas a funcionar por el paro que adelantaba el sindicato como última alternativa contra el contrapliego lanzado por la empresa. En esta los trabajadores perderían varios de sus conquistas sociales y pensiónales, pero la huelga general, logró de salvar las conquistas y la empresa como patrimonio nacional de los colombianos. Pero su función de "patanegra", como dicen los trabajadores suecos de los rompehuelguistas, no resultó positivo ya que el paro siguió.

La semana pasada fueron despedidos doce trabajadores y dirigentes sindicales en Bucaramanga y llamados de rendir indagatoria a la fiscalía bajo la acusación de "sabotaje y terrorismo".

Un año después el paro, la gerencia de Telecom y el gobierno toman la venganza contra los trabajadores, militarizando a sus lugares de trabajo para terminar la obra de despedir todos los trabajadores para así hacer lo clásico neoliberal de un "outsorcing", es decir, poner todos los trabajadores en la calle y solamente mantener un núcleo de trabajadores necesarios y contratar para la funcionalidad de Telecom contratistas donde los trabajadores no tienen los derechos logrados durante décadas de lucha obrera.

El Gobierno Nacional liquida el patrimonio público de Telecom en un golpe de facto, arbitrario, corrupto e ilegal  El H.R. Alexander López  Maya denuncia y rechaza ante la opinión pública nacional el gravísimo  atropello a los intereses de la nación cometido por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez y su ministra de Comunicaciones  Marta Pinto de De Hart, quienes en el día de ayer le anunciaron al país la lamentable decisión mediante la cual, por decreto presidencial y sin acatar el régimen especial para las empresas de servicios públicos,  el Gobierno Nacional liquida la empresa estatal de telecomunicaciones Telecom, un patrimonio público de los colombianos y comprometiendo de forma alevosa e irresponsable los derechos adquiridos de mas de 10.000 trabajadores, adscritos a la empresa.

La operación de liquidación de Telecom se realiza por fuera del marco legal del régimen especial de las empresas de servicios públicos establecido en la ley 142 de Servicios Públicos, la cual ordena al gobierno realizar primero un proceso de administración e intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos a las empresas del sector con dificultades operativas y administrativas,  con el claro propósito  de salvarlas, antes de tomar alguna medida en materia de liquidación. Entonces el gobierno, al tomar la decisión de liquidar a Telecom violó la ley por no llevar a cabo procedimiento administrativo, desconocido por la decisión presidencial.

De la misma forma, la liquidación de Telecom tiene como propósito el encubrimiento de la corrupción y gravosos procesos de antigestión en contra del patrimonio de la empresa, en la suscripción y ejecución de los contratos de riesgo compartido “joint venture” con las transnacionales Nortel, Alcatel, NEC, Siemens y Hitochu, que constituyen pasivos demoledores para la empresa, según las pretensiones de las multinacionales, por el orden de 1.800 millones de dólares. En contratos que contienen grandes irregularidades por incumplimiento de compromisos y los riesgos contraídos más no asumidos  por los socios transnacionales y que hoy han ocasionado una multimillonaria deuda, causal de  la profunda crisis de los estados financieros de Telecom al mismo tiempo que no se incorporan a los activos de la empresa los equipos adquiridos bajo estas negociaciones. Igualmente la liquidación pretende encubrir los onerosos y fraudulentos procesos de jubilación que se han generado durante años en la empresa, fruto del manejo clientelista e irregular por parte de sus administraciones, con cargo al presupuesto público.

Adicionalmente, la liquidación de Telecom se realiza, pesar de los debates celebrados en el Congreso de la República que han denunciado la negligencia y ausencia de voluntad de la actual administración de la entidad por resolver multimillonarios reclamos por concepto de dineros públicos para el pago de impuestos, que se han reconocido en los flujos de caja  a las transnacionales y jamás han llegado al erario público, según lo ha denunciado la propia Contraloría General de la República y la DIAN. Siendo la maniobra del Gobierno Nacional el más irresponsable y doloso manto de impunidad que cubre el saqueo continuado y el detrimento patrimonial de la estatal de telecomunicaciones, con un eminente mandato social por fuera de la rentabilidad comercial que ahora se esgrime como argumento para su liquidación.

Ante estos hechos, nuevamente la Superintendencia de Servicios Públicos muestra su total inoperancia e indiferencia frente al control y establecimiento de correctivos a las empresas bajo su vigilancia y responsabilidad legal.  Responsabilidad que pretende descargarse de forma cínica sobre los trabajadores, en una política que se viene aplicando en todas las entidades públicas, cuya crisis se pretende atribuir a sus empleados, cuando estos ni han administrado las empresas ni han sido los responsables de los negociados corruptos y la antigestión que ha quebrado el sector público.

El Gobierno pretende atribuir a los costos laborales en Telecom el origen de la crisis, desconociendo que desde el año 2000 se aprobó  por ley la constitución de un fondo pensional autónomo, cuyo fin es descargar de los estados financieros de Telecom este pasivo y que de forma irresponsable no fue implementado durante este periodo por la  actual administración de la empresa. 

El golpe de mano contra Telecom  lo que si logra es el desconocimiento autoritario e ilegítimo de los derechos adquiridos en materia laboral de más de 10.000 trabajadores. Reivindicaciones laborales que están protegidos por la Constitución Nacional y los convenios internacionales contraídos por Colombia en la Organización Internacional del Trabajo OIT, precisamente en momentos que se discute en este organismo internacional la conformación de una comisión de Encuesta para Colombia.

La medida se enmarca en una política de Estado planteada por la administración Uribe Vélez, la cual mientras abre procesos de negociación con el paramilitarismo, buscando la total impunidad para los autores de crímenes atroces de lesa humanidad y su incorporación a la vida institucional, cierra todos los caminos del diálogo y la concertación con los movimientos sociales, sindicales, las comunidades y usuarios de los servicios públicos en el país. Política refrendada con actuaciones como la liquidación de Telecom, por fuera de cualquier consulta a las fuerzas vivas, a los usuarios, los trabajadores, el Congreso de la República y el régimen legal. Los hechos acontecidos en Telecom son igualmente el peor augurio para la suerte que pueden correr otras entidades, patrimonio público de los colombianos, como el Instituto de Seguros Sociales, ECOPETROL, las empresas de servicios públicos domiciliarios estatales, todas amenazadas por el anuncio del ministro del Interior de nuevos decretos liquidatorios en los próximos días  bajo el manejo despótico que se le ha dado a las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República y la política privatizadora y liquidacionista del sector público contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, impuesta por el acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional y la banca multilateral en Colombia. Máxime, si se tiene en cuenta el cambio en la naturaleza jurídica de la nueva empresa de telecomunicaciones que pasa de empresa industrial y comercial del Estado a sociedad por acciones, lo cual abre las puertas a la privatización y enajenación del patrimonio público.  El resultado de esta política solo conduce a la eliminación de la función pública del Estado, la miseria y la degradación general de la sociedad y del conflicto.

ALEXANDER LÓPEZ MAYA
PRESIDENTECOMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL
FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO / POLO DEMOCRÁTICO
 BOGOTA, Junio 13 de 2003