Caracas, 06 Jun. Venpres (Ludovico Quiñones).- El Ministerio Público y una comisión especial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se encuentran en estado Zulia, desde el pasado 3 de junio, para investigar las reiteradas denuncias sobre presuntos ajusticiamientos policiales, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos ocurridos en la región.

En el marco de esta investigación, la directora de Protección de Derechos Fundamentales, Magaly García Malpica, en conjunto con las fiscalías 13 y 34 nacionales y las 80 fiscalías del estado, realizaron un operativo de inspección en 80 centros de detenciones preventivas de la región.

Entre las irregularidades detectadas se destaca que en la sede de la Policía Municipal de Cabimas, uno de los organismos con mayor cantidad de denuncias sobre ajusticiamientos, se localizaron cinco armas de fuego que no estaban asignadas a ninguno de los funcionarios de esa institución.

También se encontraron diversas porciones de drogas que no guardaban relación con ningún hecho investigado por el Ministerio Público.

Igualmente, en la intendencia de la Policía Regional del Zulia de la población de La Concepción se localizaron objetos contundentes que tampoco guardan relación con ninguna detención o caso que estuvieran investigando en esa dependencia.

El operativo dirigido por los fiscales nacionales 13 y 34, Ernesto Calzadilla y Fernando Barranco, respectivamente, se llevó a cabo con el objeto de constatar la realidad que se vive en los centros de detenciones nacionales, regionales y municipales ubicados en la región zuliana.

Por otra parte, el Ministerio Público solicitó ante la Jurisdicción Penal del estado medidas de protección personal a favor del juez de paz de Cabimas, Reinaldo Colina, y del miembro de la ONG pro derechos humanos, José Puerta, dos de los principales denunciantes de los referidos hechos.

Por otra parte, durante la jornada de inspección, el Ministerio Público pudo observar la carencia educativa y formativa de los funcionarios policiales de la zona, razón por la cual la Dirección de Derechos Fundamentales programará una serie de cursos y talleres para que las detenciones y las otras labores policiales sean realizadas ajustadas a derecho.

Asimismo, los efectivos policiales y militares recibirán capacitación en cuanto a la elaboración de las actas policiales, otra de las fallas detectadas durante el referido operativo.

En el mes de mayo, el fiscal 34° nacional, Fernando Barranco, y los fiscales de Cabimas 7°, 15 y 19, Ovidio Abreu, Nancy Zambrano, Claritza Mata, respectivamente, realizaron un operativo en el Destacamento 33 de la Guardia Nacional, para que los familiares de las víctimas de supuestas violaciones de los derechos humanos acudieran a ampliar sus respectivas denuncias.

Durante la primera visita, el fiscal Fernando Barranco observó que las 60 causas de presuntos ajusticiamientos con efectivos de los cuerpos policiales que investiga el CICPC, no cuentan con las experticias planimétricas, de ATD, ni de microanálisis de la vestimenta de las víctimas, pruebas que podrían demostrar, entre otras cosas, que efectivamente los hoy occisos habrían disparado un arma de fuego.