El Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, acompañó este martes 03 de junio a la Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui y al Comité de Familiares de Víctimas del Estado Anzoátegui, en la presentación de una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional contra la reiterada situación de asesinatos de personas en circunstancias no aclaradas ocurridas en esa entidad federal.

La situación de los Derechos Humanos en el Estado Anzoátegui está marcada por la constante actuación de grupos parapoliciales. Desde el 2000 a la fecha registran 300 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 67 corresponden a lo que va del año 2003, según datos de la Defensoría del Pueblo del Estado Anzoátegui. Alcides Magallanes, coordinador general de la Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, explicó que “de estas ejecuciones, el 70% es atribuible a la Policía del Estado (Poli-Anzoátegui) y el 30% a las policías municipales, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y a la Guardia Nacional (GN). Las ejecuciones fueron perpetradas por individuos identificados, algunos de los cuales ocultaban sus rostros con pasamontañas y llegaban en vehículos sin placas” pero con características oficiales, igualmente llegan en vehículos particulares.

A la fecha sólo se investigaron medianamente dos casos, el resto no supera la etapa inicial de la investigación. Voceros del Foro por la Vida destacaron que “tanto los nuevos casos como los anteriores corren el riesgo de quedar impunes, ya que los fiscales que investigan los hechos no controlan las investigaciones y pareciera que no tienen ningún interés en hacerlo”.

Según se extrae de los testimonios aportados por los denunciantes a la organización anzoatiguense “el modus operandi que se repite en estas ejecuciones extrajudiciales es el traslado de las víctimas por su propio victimario al hospital Luis Razetti, de Barcelona, donde las víctimas no pueden ser ayudada por nadie, ya que los funcionarios policiales no lo permiten. Igualmente, los familiares señalan que hay actuaciones conjuntas entre los cuerpos de seguridad presuntamente implicados y ciertas comunidades vecinales, que permiten el ajusticiamiento”. Igualmente se desprende de los testimonios que es práctica reiterada de estos grupos parapoliciales amedrentar a los testigos y familiares con la finalidad de que abandonen sus diligencias en el caso. Otro de los aspectos observados en estos hechos, es que los funcionarios policiales no esperan que el CICPC se traslade al lugar de los hechos, por lo que en la mayoría de los casos no se realizan las experticias de rigor. Además, denuncian los familiares que las pertenencias de las víctimas no son devueltas en su totalidad.

En cuanto al tratamiento de las denuncias por parte del Ministerio Público, los familiares señalan que “los fiscales designados al caso se avocan al conocimiento de las investigaciones pero al solicitarles información señalan que esperan por las actuaciones del CICPC. Es por esta razón que en estos casos no hay acusados”. Con respecto a las investigaciones, los familiares afirman que desconocen el curso de las mismas, que apenas se les informa sobre el pronunciamiento del Fiscal y que faltan las actuaciones de la policía científica (CICPC)”.