En horas de esta mañana, en CNN En Español se mostró la rueda de prensa de un
funcionario de Amnistía Internacional en Estados Unidos, presentando el Informe
Anual 2003 con las violaciones de Derechos Humanos en el mundo.
- "Los EE.UU. continua escogiendo qué secciones de las leyes internacionales obedecerá y cuando."
- "La guerra contra el terrorismo ha empeorado al mundo", en concreto, ciritican la situación de tortura e incomunicación de prisioneros de guerra en la base de Guantanamo por parte de EE.UU.
- Denunció que las fuerzas filipinas masacraron a muchas personas y bombardean
zonas habitadas por civiles, y aún reciben el apoyo y el financiamiento de
EEUU.
- En China, usando leyes contra el terrorismo inspitadas en el 11/9, incluso
han ejecutado a un monje tibetano acusado de terrorismo.
- Nada justifica los "hombres-bomba" palestinos, pero Israel evita que
observadores imparciales penetren a los territorios ocupados.
- Se manifestaron en contra de la "Ley Patriota" (Patriot Act), la cual viola
los principios democráticos de los EEUU limitando la Libertad de Expresión y la
privacidad deteniendo a ciudadanos ilegalmente, registrando e-mails y tarjetas
de crédito, etc.
- En Guantánamo continúan borlándose de las convenciones de Ginebra
reteniñendose a más de 600 personas que serán juzgadas en
- EEUU ha negado permisos para visitar a estos prisioneros y a los prisioneros
de Bagdad apesar delas denuncias de torturas y maltrato.
- Sobre la pena de muerte, 3 países han abandonado la pena de muerte en
elúltimo año, pero EEUU es el primer en ejecuciones de gobierno, aumentando las
estadísticas. EEUU es el único país en ejecutar a delincuentes juveniles en el
mundo. Ayer se ejecutó en Alabama a una persona cuya hija de la víctima le
habían perdonado y había hecho una campaña en contra de su ejecución; si ella
pudo perdonarla, ¿por qué no puede perdonarla el Estado?
En ese momento CNN En Español cortó la transmisión para hacer un resumen y
pasar a su programación regular; en el resumen, se mencionaron también
violaciones de parte del gobierno colombiano contra los civiles. Cuba y
Venezuela no fueron mencionadas durante la transmisión.
Si bien CNN en
Español cortó la transmisión en vivo, fue el único en transmitirla al menos
parcialmente. Ninguno de los grandes canales de noticias estadounidenses (Fox,
CNN inglés, NBC, ni siquiera la británica BBC) retransmitieron la rueda de
prensa.
Para los interesados, este es el Informe de Derechos Humanos de
AI.
http://www.edai.org/centro/infoanu/2003/Paises_5.htm#Venezuela
A continuación reproducimos las secciones referentes a Venezuela y
EE.UU.
Venezuela. República Bolivariana de Venezuela
Jefe del Estado y
del gobierno: Hugo Chávez Frías
Pena de muerte: Abolicionista para
todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
ratificado
--------------------------------------------------------------
Al
menos 50 personas perdieron la vida y muchas más resultaron heridas en el
contexto de un intento de golpe de Estado organizado en abril para derrocar al
presidente Chávez. La polarización política, la violencia y los reiterados
rumores de golpe militar aumentaron la inestabilidad y amenazaron con ocasionar
más abusos graves contra los derechos humanos. Se recibieron informes
generalizados sobre homicidios cometidos por la policía en varios estados. Hubo
varios casos de amenazas y agresiones contra periodistas y simpatizantes de la
oposición. Al menos tres dirigentes campesinos fueron asesinados. El sistema de
justicia penal no dio una respuesta adecuada a estos crímenes, debilitando así
el Estado de derecho. Se celebraron numerosas manifestaciones multitudinarias
tanto a favor como en contra del gobierno. En varias ocasiones las fuerzas de
seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes.
Se recibieron varios informes sobre tortura y malos tratos a presuntos
delincuentes. Hubo preocupación por la difícil situación de los refugiados que
huían de la escalada del conflicto en Colombia.
Información
general
Las tensiones económicas, sociales y políticas desencadenaron
una huelga nacional indefinida, declarada el 9 de abril por los seguidores del
movimiento de oposición, que exigía la renuncia inmediata del presidente Chávez.
El 11 de abril, una multitud de opositores al gobierno que se manifestaba en
dirección al palacio presidencial se encontró con manifestantes partidarios de
Chávez en el centro de Caracas, y estalló un enfrentamiento entre los
manifestantes, la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional en el que se
produjeron intensos tiroteos. Murieron 20 personas por heridas de bala y más de
60 resultaron heridas. La crisis resultante llevó a la remoción del cargo del
presidente Chávez y su detención por parte del ejército. Se estableció un
gobierno cívico-militar de facto dirigido por el líder de la oposición
Pedro Carmona, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). El gobierno de facto
dictó decretos draconianos y ordenó el cierre de la Asamblea Nacional y la
destitución sumaria de los miembros de la Corte Suprema, el Fiscal General y el
Defensor del Pueblo. La policía efectuó registros en los domicilios de varios
simpatizantes del presidente Chávez. Entre las víctimas de detención arbitraria
había un ministro y un diputado de la Asamblea Nacional.
La destitución
inconstitucional y sumaria del presidente Chávez, la detención ilegal de sus
seguidores y los poderes arbitrarios asumidos por el gobierno de facto fueron
objeto de una condena general. El 14 de abril dimitió el nuevo gobierno y el
presidente Chávez volvió a asumir la presidencia. Como consecuencia de los
disturbios civiles registrados durante esos cuatro días, al menos 50 personas
murieron y muchas más resultaron heridas. El gobierno y la oposición se acusaron
mutuamente de instigar la violencia para obtener provecho político.
Tras
el golpe de Estado se hicieron esfuerzos, auspiciados desde dentro y fuera del
país, para negociar una solución pacífica a la crisis política; uno de esos
esfuerzos fue la mediación del secretario general de la Organización de los
Estados Americanos. En diciembre, la oposición convocó una segunda huelga
general indefinida que se prolongó hasta el 2003. La tensión social y la
violencia política aumentaron considerablemente en el contexto de la huelga, lo
que tuvo graves repercusiones sobre la economía del país.
Clima de
violencia e impunidad
La alianza de oposición al gobierno, creada en
torno a Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela —el sindicato
más importante del país— y grandes empresas privadas de comunicación siguió
presionando para conseguir la dimisión del presidente Chávez. El gobierno
acusaba a los medios de comunicación de informar sobre los acontecimientos de
manera sesgada y poco ética, mientras que al presidente Chávez se lo acusaba de
seguir instigando los ataques contra periodistas con declaraciones públicas
incendiarias. Hubo varios casos de agresiones y amenazas contra periodistas y
empresas de comunicación a lo largo del año. La ausencia de investigaciones
eficaces sobre la violencia contribuyó a generar un clima de
impunidad.
Hubo informes según los cuales algunos miembros de los
Círculos Bolivarianos, grupos populares creados para apoyar el proyecto político
de Chávez, iban armados y habían intimidado y agredido a personas a las que
relacionaban con la oposición, incluidos periodistas. Las autoridades negaron
haber armado a estos grupos o financiado acciones ilegales contra la oposición.
En muchos de los casos denunciados las investigaciones oficiales no
esclarecieron los hechos. En septiembre se aprobó una ley para desarmar a la
población civil, pero al acabar el año seguía prácticamente sin
aplicarse.
Las fuerzas armadas
La participación de las
fuerzas armadas en la crisis política siguió causando inestabilidad y suscitando
preocupación. Mientras las autoridades intentaban procesar a los oficiales
presuntamente implicados en el golpe de Estado, hubo sectores de la oposición
que presionaron a las fuerzas armadas para que se negaran a reconocer la
autoridad del presidente. En agosto, sometida a la intensa presión tanto del
gobierno como de la oposición, la Corte Suprema resolvió que no había motivos
suficientes para procesar a ningún oficial de alta graduación por «rebelión
militar» en relación con el golpe de Estado de abril. Esta polémica decisión
provocó las protestas de los seguidores del presidente Chávez. En septiembre, el
gobierno creó zonas de seguridad militarizadas en la capital con el objeto de
proteger instalaciones estratégicas frente a las manifestaciones de la
oposición. En octubre, varios oficiales de las fuerzas armadas ocuparon la Plaza
Altamira exigiendo la dimisión del presidente Chávez y negándose a reconocer su
autoridad. En noviembre el gobierno ordenó al ejército que asumiera el mando de
la Policía Metropolitana, medida que en diciembre la Corte Suprema de Justicia
resolvió que era inconstitucional.
Investigaciones sobre los sucesos
de abril
Las investigaciones sobre los sucesos de abril se
enfrentaron con graves dificultades por varios motivos: no se protegieron los
lugares de los hechos delictivos ni se registraron y examinaron debidamente los
muertos y heridos; se puso de manifiesto una falta de recursos y de coordinación
entre los distintos organismos; ni la Policía Metropolitana ni la Guardia
Nacional colaboraron plenamente con los investigadores; y se percibió que los
organismos encargados de la investigación no actuaban con imparcialidad. A pesar
de todo, la ingente cantidad de pruebas fotográficas, testimonios y
reconstrucciones de los hechos permitió a los investigadores señalar a varios de
los responsables. Al final del año, al menos cinco seguidores del presidente
Chávez estaban recluidos en espera de juicio y se habían dictado órdenes de
detención contra otros cuatro. También existían cargos contra ocho agentes de la
Policía Metropolitana, aunque éstos continuaban en libertad. Persistían las
dudas sobre el posible papel desempeñado por francotiradores no identificados
que habían disparado desde los pisos superiores de un edificio céntrico, sobre
las violaciones de derechos humanos cometidas entre los días 12 y 14 de abril, y
sobre la responsabilidad de la cadena de mando.
En vista del precedente
de impunidad por delitos semejantes cometidos en el pasado y las serias dudas
respecto a la credibilidad e imparcialidad del poder judicial, la Fiscalía
General de la República, las fuerzas de la policía y el Defensor del Pueblo, las
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos propusieron el
establecimiento de una Comisión de la Verdad que llevara a cabo una
investigación imparcial no judicial sobre las violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la Asamblea Nacional no brindó el apoyo necesario para que
prosperara la propuesta.
Ejecuciones extrajudiciales
Hubo
informes constantes sobre decenas de ejecuciones extrajudiciales de presuntos
delincuentes por parte de la policía —o grupos vinculados a la policía— en
varios estados: Portuguesa, Falcón, Aragua, Anzoátegui y Bolívar. A menudo se
amenazó o atacó a los propios testigos o familiares que habían denunciado estos
delitos. A pesar de la existencia de pruebas inequívocas en muchos casos,
las fuerzas policiales presentaban sistemáticamente estos homicidios como actos
en defensa propia o casos de sospechosos que se resistían a la detención. No se
procesó a ningún agente.
En mayo, un periodista grabó la detención de
Luis Gregorio Ojeda por la policía en una universidad de Barcelona, estado de
Anzoátegui. Dos horas después, el cadáver de Luis Ojeda fue hallado en un
hospital con dos heridas de bala. A pesar de las pruebas que indicaban que
cuando lo pusieron bajo custodia estaba vivo, la policía alegó que había
resultado herido de muerte al resistirse a su detención en la universidad. Desde
el año 2000 se han denunciado más de 150 casos parecidos sólo en Anzoátegui.
Nadie ha comparecido ante los tribunales.
Al menos tres activistas
indígenas fueron asesinados como medida de represalia por sus intentos de
asegurar los derechos de sus comunidades sobre las tierras que
trabajaban.
El 19 de septiembre, Armando Douglas García y Carlos Ramón
Parra murieron en la comunidad de Encontrados, municipio de Catatumbo, estado de
Zulia, a manos de individuos armados que, según informes, estaban a sueldo de un
terrateniente local. La investigación oficial llevó a la detención de los
presuntos autores de los homicidios; al final del año permanecían encarcelados
en espera de juicio. Los responsables de ordenar los disparos y contratar a
estos individuos no habían sido detenidos ni acusados al acabar el
año.
Tortura, malos tratos y uso excesivo de la
fuerza
Hubo informes persistentes sobre tortura en distintas partes
del país, y sobre condiciones de reclusión que constituían trato cruel, inhumano
o degradante. Las fuerzas de policía locales y nacionales empleaban con
frecuencia una fuerza excesiva para dispersar manifestaciones o detener a
presuntos delincuentes. No se tuvo conocimiento de ninguna investigación sobre
estos abusos que diera lugar a la adopción de medidas disciplinarias o al
procesamiento de los responsables. Se estudió la legislación necesaria para
reformar la estructura de las fuerzas policiales, pero esta cuestión continuaba
pendiente al terminar el año.
En noviembre, el Comité contra la Tortura
de la onu examinó el informe periódico de Venezuela. El Comité concluyó que se
habían registrado importantes mejoras en la estructura legal para prevenir la
tortura, pero expresó su preocupación porque muchas de esas disposiciones
seguían sin aplicarse debidamente. En particular, el Comité hacía hincapié en la
necesidad imperiosa de una legislación que tipificara expresamente los actos de
tortura como delito.
El 15 de junio, Miguel Cerdá fue interceptado por
la policía municipal de Chacao, Caracas. Según informes, lo golpearon y, cuando
protestó, un agente de policía le roció la cara con gas lacrimógeno. Luego
otros agentes lo golpearon repetidamente en el estómago y las costillas antes de
llevarlo a la comisaría de policía. No se tuvo conocimiento de que se hubiera
emprendido investigación alguna sobre los
hechos.
Refugiados
La escalada del conflicto en Colombia
dio lugar a una nueva afluencia de civiles que huían a Venezuela cruzando la
frontera. Se recibieron informes sobre paramilitares y grupos armados de
oposición colombianos que actuaban dentro de la frontera venezolana, elevando el
grado de tensión en la zona. No se aplicó la legislación aprobada en 2001 para
aumentar la protección de los refugiados y los solicitantes de asilo en
Venezuela.
Defensores de los derechos humanos
Las
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos continuaron desempeñando
una función primordial en la labor de denuncia de las violaciones de derechos
humanos cometidas en todo el país. No obstante, hubo ocasiones en que las
críticas de las autoridades o de la oposición dieron lugar a agresiones verbales
a la integridad de los defensores de los derechos humanos, así como a actos de
intimidación y amenazas.
El sistema interamericano de derechos
humanos
Tras una visita de sus representantes a Venezuela, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistió en la urgencia de reforzar
las medidas e instituciones destinadas a la protección de los derechos humanos.
La Comisión dictó medidas cautelares en favor de varios periodistas y de una
organización de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos ordenó al Estado venezolano que indemnizara a 44 de las víctimas de
abusos contra los derechos humanos cometidos durante los disturbios civiles
generalizados de 1989 —el llamado «Caracazo»—, en los que murieron varios
cientos de personas. La Corte reafirmó también una sentencia en la que señalaba
que los responsables debían comparecer ante la justicia y que debían revisarse
los procedimientos de las fuerzas de seguridad para ajustarlos a las normas
internacionales.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Delegados de Amnistía Internacional visitaron Venezuela en abril y
noviembre y se reunieron con diversas autoridades, entre ellas el presidente
Chávez. Tras la visita de abril, Amnistía Internacional envió al gobierno un
memorándum con los motivos de preocupación de la organización sobre el país. Al
concluir el año no se había recibido contestación.
Les coloco algunos extractos:
Estados Unidos de América
Pena de muerte: retencionista (practica)
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado (no
ratificado)
Hubo informes sobre muertes bajo custodia, malos
tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía y guardias de
prisiones. Al menos tres personas murieron después de haber sido alcanzadas por
armas táser M-26, pistolas paralizantes de alto voltaje que disparan dardos y
son utilizadas por un número cada vez mayor de cuerpos policiales
estadounidenses. Aunque la mayoría de estas muertes se atribuyeron a otros
factores, existía preocupación por los peligros para la salud que comportaban
las armas de electrochoque, así como su potencial para cometer
abusos.
...
La policía de Miramar, Florida, roció con un
pulverizador de pimienta y disparó con una pistola táser a Chiquita Hammonds,
estudiante de 15 años, tras un ligero altercado en un autobús escolar. Amnistía
Internacional consideró que la utilización de sustancias químicas y armas de
electrochoque en ese caso constituía trato cruel, inhumano o
degradante.
...
En marzo, un individuo desarmado y enfermo mental
murió por asfixia tras ser inmovilizado por agentes de policía del condado de
Prince George, Maryland. El informe de una investigación federal sobre la
presunta existencia de una «constante o práctica» de brutalidad en el seno del
departamento seguía pendiente al acabar el año.
...
Alrededor de
1.200 ciudadanos extranjeros, en su mayoría varones musulmanes de origen árabe o
surasiático, fueron detenidos en el curso de las investigaciones sobre los
atentados del 11 de septiembre. A más de 700 los recluyeron por infracciones de
las condiciones de su visado, muchos en aplicación de una normativa que permitía
al Servicio de Inmigración y Naturalización privar de libertad a la persona por
periodos prolongados sin cargos. A muchos se les impidió acceder a un abogado
sin demora y algunos estuvieron bajo custodia durante meses en espera del visto
bueno del gobierno, aun después de que un juez de inmigración hubiera fijado una
fianza o cursado una orden de expulsión o «salida voluntaria». Se recibieron
asimismo informes sobre malos tratos —incluidos insultos y maltrato físico—,
reclusión prolongada en régimen de aislamiento y fuerte encadenamiento de los
detenidos para recibir visitas o comparecer ante el
juez.
...
Durante una de esas redadas en la provincia de Uruzgán,
las Fuerzas Especiales Estadounidenses mataron al menos a 16 habitantes del
lugar, algunos de cuyos cadáveres aparecieron con las manos atadas a la espalda.
Al parecer, a unas 27 personas detenidas por las fuerzas estadounidenses en el
curso de la redada las encapucharon, les vendaron los ojos, las ataron y las
trasladaron a la base estadounidense de Kandahar, donde recibieron patadas,
golpes y puñetazos a manos de soldados estadounidenses. Un joven de 17 años
afirmó que había permanecido recluido en régimen de aislamiento en un contenedor
durante ocho días.
...
Baryalai, telefonista de 18 años detenido
por soldados estadounidenses en Sharan, provincia de Paktika, en Afganistán, fue
obligado a permanecer arrodillado con las manos a la espalda y una capucha en la
cabeza durante unas seis horas antes de su traslado a un lugar no revelado.
Cuando llevaba dos semanas privado de libertad, las autoridades estadounidenses
reconocieron que estaba recluido en la base aérea estadounidense de Bagram con
fines de investigación.
...
En diciembre, el periódico Washington
Post afirmó que el personal de la Agencia Central de Información (Central
Intelligence Agency, cia) estaba empleando técnicas de «estrés y padecimiento»
durante el interrogatorio de detenidos en la base aérea de Bagram. Entre las
técnicas denunciadas estaban las de obligar al detenido a permanecer mucho
tiempo arrodillado o de pie, encapucharlo, vendarle los ojos, privarlo del sueño
y mantener la luz encendida las 24 horas del día.
...
Desde
enero y a lo largo del año, Estados Unidos procedió al traslado de más de 600
ciudadanos extranjeros hasta la base naval estadounidense situada en la bahía de
Guantánamo, Cuba, donde permanecían recluidos sin cargos ni juicio y sin acceso
a tribunales, abogados o familiares. Aunque la mayoría de ellos habían sido
detenidos durante el conflicto armado en Afganistán, Estados Unidos se negó a
reconocerles la condición de prisioneros de guerra conforme a los Convenios de
Ginebra y a permitirles ejercitar otros derechos que los asistían en virtud de
las normas internacionales de derechos humanos. Los intentos de impugnar la
legitimidad de las detenciones ante tribunales de Estados Unidos o de otros
lugares no dieron ningún fruto, aunque había varias causas pendientes al final
del año. Se hizo caso omiso de un llamamiento urgente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos al gobierno estadounidense para que
encomendara a un tribunal competente la determinación de la condición jurídica
de los detenidos.
...
Las condiciones soportadas por los detenidos
durante su traslado a la base de Guantánamo y su reclusión fueron motivo de gran
preocupación. Durante los vuelos, que duraban 22 horas, los presos permanecían
esposados y encadenados y eran obligados a llevar manoplas, mascarillas
quirúrgicas y orejeras, además de unas gafas protectoras cubiertas de cinta
adhesiva que les impedían ver. También les raparon la cabeza y les afeitaron la
barba. Al principio los detenidos fueron recluidos en la unidad de la base naval
denominada Camp X-Ray, instalación provisional formada por pequeñas celdas de
malla metálica, expuestas a la intemperie e iluminadas toda la noche por
potentes lámparas de arco. Los presos debían llevar grilletes cada vez que los
sacaban de sus celdas, y prácticamente no les permitían salir de ellas para
hacer ejercicio.
...
Más de 70.000 presos continuaban alojados en
unidades de súper máxima seguridad, en las que Amnistía Internacional
consideraba que las condiciones podían constituir trato cruel, inhumano o
degradante. En febrero, un juez de distrito federal resolvió que las condiciones
que imperaban en la Penitenciaría Estatal de Ohio, prisión de súper máxima
seguridad destinada a albergar unos 500 reclusos, eran de una «dureza atípica y
significativa».
...
Fueron ejecutados 69 hombres y 2 mujeres en
el año, lo que elevó a 820 el número total de presos ejecutados desde que la
Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión de las ejecuciones en
1976. Estados Unidos siguió conculcando las normas internacionales al aplicar la
pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse
el delito o que no habían contado con una representación letrada adecuada. El 20
de junio de 2002, la Corte Suprema resolvió que la ejecución de personas con
retraso mental vulneraba la prohibición constitucional del «castigo cruel e
insólito». La Corte Suprema reconoció que «en el seno de la comunidad
internacional» tales ejecuciones eran «rechazadas por la inmensa
mayoría».
...
Continuaron las ejecuciones en otros lugares; en
Texas se llevaron a cabo 33 de las ejecuciones realizadas ese año en todo el
país. En Misisipi tuvo lugar la primera ejecución desde 1989. También hubo
ejecuciones en otros 11 estados.
...
Napoleon Beazley, T. J. Jones
y Toronto Patterson fueron ejecutados en Texas los días 28 de mayo, 9 de agosto
y 28 de agosto, respectivamente, por asesinatos cometidos a la edad de 17
años.
Javier Suárez Medina, ciudadano mexicano, fue ejecutado en Texas en
agosto, a pesar de haberle sido denegados sus derechos consulares tras ser
detenido. Los gobiernos de 16 países enviaron peticiones de indulto o se unieron
a México en la firma de un documento por el que se instaba a la Corte Suprema de
Estados Unidos a detener la ejecución y celebrar una revisión judicial para
resolver las consecuencias jurídicas de la violación del tratado pertinente a
este caso.
Después de leer y comparar ambos informes, y entonces recordar las
declaraciones de Powell, de Shapiro o de Otto Reich contra el régimen de
libertades en Venezuela, a uno sólo se le ocurre quererle recordar la madre a
los amos del norte.
