Londres, 18 dic- Según revela hoy el dominical Sunday Times, el primer ministro británico, Tony Blair, recibió una advertencia de los servicios de inteligencia sobre acciones terroristas mucho antes de los atentados suicidas en esta capital.

De acuerdo con ese rotativo, la Comisión de Inteligencia Conjunta (JIC, por sus siglas en inglés) elaboró un informe en abril de 2003, en el cual se refería a posibles ataques contra el aeropuerto capitalino de Heathrow y el metro londinense.

El pasado 7 de julio, 56 personas murieron y 700 resultaron heridas tras las explosiones registradas en tres estaciones del tren subterráneo y en un ómnibus de dos pisos.

Los cuatro agresores suicidas eran británicos de origen árabe. Uno de ellos dejó una grabación de vídeo, donde confesaba que con esa acción rechazaba la participación del Reino Unido en la ocupación de Iraq, invadido en marzo de 2003.

El gobierno laborista de Blair, además de negar por todos los medios el posible vínculo entre la ocupación del país árabe y esa acción, se opone a una investigación pública sobre los ataques dinamiteros en esta capital.

Dos semanas después de los referidos atentados, otras cuatro personas colocaron tres bombas en estaciones del metro y una en un autobús de dos pisos, pero falló el mecanismo detonador de esos explosivos y sus pequeños estallidos no causaron víctimas.

Sin embargo, esos intentos fallidos dieron más caudal al gobierno laborista para intentar imponer nuevas regulaciones de seguridad que coartan las libertades ciudadanas, bajo el pretexto de la lucha antiterrorista.

El equipo de Blair apenas aceptó presentar un informe, elaborado por un alto funcionario del gabinete, sobre los sucesos del 7 de julio, donde se incluirán materiales de los servicios de inteligencia y la policía.

Para The Sunday Times, el gobierno teme una indagación a fondo sobre los referidos atentados que ponga al descubierto su negligencia en las gestiones para impedir ese tipo de acciones violentas.

De su lado, el ministro británico del Interior Charles Clarke defendió ante la cadena de radio y televisión BBC la necesidad de evitar una pesquisa pública sobre lo ocurrido en esta capital en el verano pasado.

Clarke, principal impulsor de un nuevo paquete de controversiales regulaciones antiterroristas, considera que una investigación de ese tipo podría prolongarse por mucho tiempo y obstruir la labor de la policía.

Esas medidas proponían extender de 14 a 90 días el tiempo de detención sin juicio ni acusaciones, de sospechosos de terrorismo, así como prisión domiciliaria, toque de queda, limitación de Internet y del uso de teléfono móvil para esas personas.