Los partidarios de la medida sólo lograron 52 votos, de los 60 requeridos para poner un límite de tiempo al debate y vencer las tácticas dilatorias de la oposición demócrata, que exigía más salvaguardas para los derechos civiles.

En una clara politización del asunto de cara a los comicios de 2006, otros republicanos dejaron entrever que harán responsables a los demócratas si no se llega a un acuerdo en los próximos días y la ley caduca a finales de diciembre.

El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, reiteró hoy que "en la lucha contra el terror, no podemos estar sin estas herramientas clave por un solo momento".

Pero senadores demócratas como Harry Reid y Patrick Leahy insistieron, en nombre de la oposición, en que debe haber un equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos civiles del que carece la medida derrotada hoy.

El senador demócrata Edward Kennedy denunció que la ley establecía un "Gran Hermano" para espiar al ciudadano de a pie.

"No podemos proteger nuestras fronteras si no protegemos nuestros ideales. Necesitamos un consenso bipartidista que proteja tanto nuestra seguridad como nuestra libertad, y a la vez recuperar la confianza del público", añadió.

La medida incluye 16 artículos que vencen el próximo 31 de diciembre pero los demócratas -y algunos republicanos- insistieron en que la ley no incluía suficientes modificaciones.

Bush y altos funcionarios de su Gobierno, entre ellos el secretario de Justicia, Alberto Gonzales, encabezaron una campaña de presión para que el Congreso renovase la ley, por considerarla una herramienta clave en la lucha contra el terrorismo.

Ahora, una posibilidad es que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, intente llevar a votación la medida a comienzos del próximo año.

La ley, muy criticada por grupos de derechos civiles y centenares de comunidades en EEUU, amplía los poderes policiales para espiar a presuntos terroristas y escudriñar los archivos privados de los ciudadanos de a pie.

La versión final del proyecto de ley ante el Senado daba vigencia permanente a 14 artículos, mientras que los dos restantes serían extendidos hasta el año 2009.

Los dos en cuestión, que además eran los más polémicas, tienen que ver con las escuchas telefónicas y la vigilancia de toda clase de archivos privados de los estadounidenses.

Descontentos con la medida, más de una decena de senadores de ambos partidos mantenían hoy la amenaza de torpedear su votación final, a través de una táctica parlamentaria conocida como "filibusterismo".

A efectos prácticos, esa táctica permite a la oposición política de turno prolongar de forma indefinida un debate y así impedir la votación definitiva de un proyecto impopular.

La derrota de la medida se produjo el mismo día en que el diario "The New York Times" informó de que el presidente George W. Bush autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a que espiara las llamadas internacionales y correos electrónicos de centenares de estadounidenses sin autorización judicial.

Antes de los atentados del 2001, la NSA se limitaba a espiar las comunicaciones de las embajadas, pero lo hacía mediante una orden judicial.

La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), uno de los grupos opuestos a la "Ley Patriota", elogió hoy en un comunicado la derrota de su extensión.

"El Senado era nuestra última y mejor esperanza para proteger nuestras libertades fundamentales y no nos falló. Es una victoria para la vida privada y la libertad de todos los estadounidenses", dijo Caroline Fredrickson, directora de la oficina legal de ACLU en Washington.