Nueva York 16 dic-Meses después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, el presidente de EE UU, George W. Bush, autorizó en secreto que la Agencia Nacional de Seguridad, una de las que conforman el entramado de los servicios de inteligencia, espiara a ciudadanos americanos y extranjeros en el interior del país en busca de actividades terroristas. Todo ello fue llevado a cabo sin la garantía de la aprobación de los jueces, normalmente requerida para el espionaje doméstico. La información ha sido revelada por el diario The New York Times, que cita fuentes del Gobierno.

Bajo una orden presidencial firmada en 2002, la agencia de inteligencia ha intervenido durante los tres últimos años las llamadas telefónicas internacionales y los correos de electrónicos de cientos, quizá miles, de personas en el interior de EE UU sin las debidas garantías judiciales, según dichas fuentes, que aseguran que el objetivo era rastrear posibles “números sucios” relacionados con Al Qaeda.

La decisión de espiar dentro del país sin autorización judicial es totalmente inusual en las prácticas de las agencias de inteligencia estadounidenses, en particular en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus siglas en inglés), cuya misión es espiar las comunicaciones en el extranjero. Por ello, algunos miembros de la agencia conocedores de los hechos han cuestionado si esta vigilancia ha sobrepasado los límites constitucionales.

Una de las fuentes que cita The New York Times asegura que se trata de un gran cambio en el funcionamiento de la NSA. “”Es casi un pilar de este país que la NSA sólo hace espionaje exterior”.

Según las fuentes –una docena, entre funcionarios en activo y retirados- del diario neoyorquino, también han expresado reservas sobre el asunto el senador demócrata por Virginia Occidental, John D. Rockefeller, además vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el juez que preside en Washington el Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Exterior, una corte secreta que se ocupa de asuntos de inteligencia. Algunas preguntas sobre los nuevos poderes de la agencia obligaron al Gobierno de Bush a suspender estas actividades el año pasado y a imponer mayores restricciones, aseguran las fuentes al New York Times.

No obstante, aseguran fuentes de la Administración que existen suficientes garantías para salvaguardar la privacidad y los derechos civiles de los ciudadanos americanos. En algunos casos, el departamento de Justicia ha pedido autorizaciones especiales para intervenir comunicaciones interiores, se ha informado al Congreso sobre el programa y se ha consultado al juez del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Exterior.

La Administración Bush contemplaba la operación como necesaria para que la agencia tuviera libertad de movimientos para vigilar comunicaciones y pudiera localizar amenazas contra EE UU. Los defensores del programa sostienen que ha sido una herramienta vital para descubrir y evitar varios intentos de atentados. En concreto, cita uno, de un conductor de autobuses de Ohio, Ayman Faris, que se declaró culpable en 2003 de haber ayudado a Al Qaeda en un intento de destruir el puente de Brooklyn en Nueva York.

El diario estadounidense asegura, además, que ha retenido esta información durante un año a petición de la Casa Blanca, que preveía que podría alertar a terroristas potenciales que estaban bajo vigilancia y, por tanto, hacer más difícil la lucha contra el terrorismo.