Caracas, 15 Dic. ABN (Angélica Antía Azuaje).- La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) espera que el Ejecutivo Nacional le dé el visto bueno en los próximos días a la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, según informó el vicepresidente de esta asociación gremial, Wolgfang Cardozo Espinel.

“Somos optimistas en cuanto a que el Ejecutivo le dé el consentimiento a la referida legislación para el envío a publicación en Gaceta Oficial”, destacó Cardozo Espinel.

Como se sabe, esta semana la plenaria de la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico y la remitió al Ejecutivo para su promulgación.

Cabe señalar que la comisión redactora, presidida por el diputado a la AN por el Movimiento Quinta República (MVR) Darío Vivas, aceptó algunas propuestas expuestas en los artículos 2, 27, 58 y 59.

Sin embargo, rechazó argumentos de orden técnico, financiero y jurídico con opiniones de la Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica de la AN y de la Defensoría del Pueblo.

El documento en cuanto a las observaciones de orden técnico y financiero expresa que en el veto se argumenta que la ley induce al consumo y al endeudamiento en el corto plazo mediante el uso de tarjetas de crédito y no propicia la utilización de este mecanismo de financiamiento para realizar inversiones productivas.

Según el documento, la comisión redactora observa que la ley no induce al consumo ni al endeudamiento, sino que protege a los ciudadanos que de manera voluntaria y necesaria o bien inducidos por los sistemas corporativos de captación utilizados por los emisores de tarjetas de crédito forman parte o se incorporan al sistema de financiamiento a corto plazo para la adquisición de bienes y servicios.

Además, la Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica de la AN observa que el veto no expone ninguna razón técnica que justifique tal afirmación y que no es posible argumentar que la mayor protección que se pretende otorgar a los usuarios trae como consecuencia su futuro endeudamiento, por lo que consideran que el planteamiento resulta sin lugar.

También manifiesta que la Dirección de Investigación Económica y Financiera de la AN acota que las tarjetas de créditos son un instrumento utilizado fundamentalmente para diferir pagos de consumos realizados en un período para financiarlo en el tiempo que el consumidor considere necesario.

En todo caso, la Defensoría del Pueblo estima que el propósito que tienen las entidades bancarias a la hora de otorgar el instrumento no es otra sino darle al usuario un financiamiento a corto plazo, a fin de que estos realicen gastos de consumo, es decir, efectúen transacciones para satisfacer las necesidades mas no para realizar inversiones productivas.

En cuanto al veto a que la ley generará una reducción en los plazos otorgados por los bancos para el financiamiento del crédito al consumo para evitar el incremento de la morosidad derivada de este tipo de financiamiento, la comisión nota que lo anteriormente señalado constituye un supuesto asumido por el Consejo de Ministros y opina que el efecto será todo lo contrario.

Los parlamentarios aseguran que la relación plazo/pago es inversamente proporcional, es decir, a mayor plazo de financiamiento menor será la porción de pago. Esta holgura es deseada por la institución financiera, cuyo objetivo es obtener el reembolso total del crédito por el tarjetahabiente y no afectar su liquidez inmediata.

Por ello, son del criterio de que el supuesto planteado en el veto no favorece ni a la institución financiera ni al tarjetahabiente.

En relación con dotar los cajeros electrónicos de mecanismo captahuellas, adaptarlos al código braille y la observación del Ejecutivo en cuanto a que era insuficiente el plazo de 90 días para la banca para hacer estas modificaciones, la comisión redactora expresa que el tiempo establecido no es taxativo sino enunciativo y que queda a criterio del ente regulador como lo es la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) fijar el límite de tiempo necesario para adecuar el sistema.

Se asegura que la redacción del artículo referente a personas con impedimentos físicos o visuales deja abierta la forma y la manera en que estos cajeros deben adecuarse para que sean de fácil acceso a este sector de la población, por lo que quedará a criterio de las instituciones financieras consultar con expertos en la materia para facilitar la aplicación de este artículo.

Sobre el veto acerca de que la aplicación de la ley afectará el nivel de compras realizadas por medio de Mercados de Alimentos (Mercal), la comisión estima que los precios de la red son competitivos con respecto a las demás redes de supermercados.

Por ello, son de la opinión de que se debe dotar a la red Mercal de puntos de pago electrónico

En el informe se prevé que acogen las observaciones de los artículos 2, 27, 58 y 59 de la citada Ley de Tarjetas.