Caracas, 13 Dic. ABN (Lorena González V.).- La intención de profundizar el poder popular en el quinquenio 2006 -2011 colocó en la lista de prioridades legislativas de la nueva Asamblea Nacional (AN) al postergado Proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana que data del 2001.

A pesar de las debilidades del borrador actual, tres de los nueve diputados que trabajaron durante cinco años en ese proyecto hacen consideraciones que pueden servir de referencia para el próximo período legislativo.

De lo general a lo particular Si bien el tema de la participación estuvo en boga desde 1989 con la aplicación del proceso de descentralización, la Constitución de 1999 replanteó el enfoque, debido a que la democracia participativa y protagónica fue acogida como modelo de Gobierno.

En el artículo 70 de la Carta Magna se estipularon los mecanismos que el pueblo tiene a su disposición para ejercer dicha participación y protagonismo en los ámbitos político, económico y social.

En lo político se fijaron como medios de participación la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos (cuyas decisiones son de carácter vinculante).

Mientras tanto, para las esferas económica y social se designaron las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión y las cooperativas en todas sus formas (incluyendo las de carácter financiero).

La lista se completó con las cajas de ahorro, las empresas comunitarias y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

El mismo numeral 70 previó la creación de una ley que estableciera las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo, y el Proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana es, precisamente, el estatuto que pretende cumplir con ese mandato.

El rango de orgánico sólo le confiere la competencia de esbozar unos principios generales que luego serán desarrollados en otro cuerpo legal de carácter ordinario.

A paso de tortuga Todo borrador legal que elabora una comisión del Parlamento debe ser ratificado en dos discusiones de la plenaria.

El de Participación Ciudadana se estructuró en cinco títulos, 13 capítulos y 104 artículos que pasaron la primera prueba el 29 de noviembre de 2001.

El presidente saliente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la AN, Danilo Pérez Monagas (Proyecto Venezuela), explicó que la deficiencia de ese boceto estuvo en que sólo se desarrolló la participación política y se descuidó la parte económica y social.

En los cuatro años que van desde 2001, incluyendo el presente año, sólo se aprobaron 12 artículos del informe que se introduciría en la segunda discusión.

El entrevistado recordó que el proceso se retomó en 2003, con la aplicación de algunas consultas públicas en un puñado de estados del país, y a principios de 2005, con los debates internos de la comisión.

Surge una deuda El presidente de la AN, Nicolás Maduro (MVR), así como otros diputados de las fuerzas del cambio, ha atribuido el retraso de la ley al hecho de que la Comisión de Participación Ciudadana estaba dominada por la oposición.

No obstante, el diputado de Proyecto Venezuela descartó que las diferencias ideológicas hubiesen ocasionado la demora.

Pérez Monagas comentó que a principios de 2002 la mayoría de la comisión decidió trabajar en leyes ordinarias que armonizan y articulan la participación política de los ciudadanos en la coordinación y planificación de la gestión pública.

"Yo me opuse cuando esto ocurrió porque creía que debía respetarse la pirámide de Kelsen que indica que primero está la Constitución, luego las leyes orgánicas, luego las ordinarias y después los reglamentos y ordenanzas. Consideraba que debía legislarse en atención a esto", explicó.

Para la legisladora Haydee Machín (MVR), quien formó parte de Comisión de Participación Ciudadana en el quinquenio que concluye, lo que explica la paralización del proyecto es que se le tiene mucho miedo al poder de decisión y de opinión de la comunidad.

Desacuerdos El diputado Félix Leonett Canales (MVR), otro de los miembros de la comisión de Participación, expuso que la piedra de tranca ha sido la divergencia entre los legisladores para definir las asambleas de ciudadanos.

La dificultad está en que las decisiones tomadas dentro de este cónclave popular son de carácter vinculante, lo que significa que acarrean responsabilidades para las autoridades municipales y regionales.

"Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y analizar las situaciones, porque una cosa es entregar un mecanismo que el pueblo sepa utilizar y otra cosa es crear una anarquía con mecanismos que el pueblo no entiende", precisó Leonett Canales.

Por eso, especificó que deben definirse muy bien las competencias de las asambleas en cuanto a su ámbito de aplicación (si son nacionales, estadales, municipales, parroquiales o comunitarias), cuáles son los grupos encargados de convocarlas, los asuntos que tratarán, el porcentaje de asistencia para su validación y las funciones de la comisión de seguimiento, evaluación y control de las decisiones.

"Es imposible hacer una asamblea para todo un estado, porque dónde se va a meter a la gente. Incluso, hay parroquias con 800 mil barrios donde es imposible hacer una asamblea de ciudadanos", explicó el parlamentario emeverrista.

Danilo Pérez Monagas, presidente saliente de la Comisión de Participación, comentó que se inclina por el ámbito comunitario, porque es el más viable en términos operativos.

Asimismo, subrayó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe facilitar el Registro Electoral Permanente (REP) para ubicar el domicilio de los participantes y evitar que en una asamblea se coleen personas que viven en otra zona.

El diputado estimó que estas reuniones deben surgir de la convocatoria espontánea hecha por aquellos miembros de la comunidad que así lo consideren pertinente, pues sería inapropiado dejar en manos del alcalde un instrumento que fue propuesto para el pueblo.

Igualmente, consideró que 10% de asistencia (con respecto al total de habitantes de la localidad) podría ser suficiente para legitimar las decisiones tomadas en las asambleas de ciudadanos.

Propuestas Los tres parlamentarios consultados concluyeron que, a pesar de todos los puntos que son necesarios mejorar, el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana podría afinarse en seis meses.

Pérez Monagas resaltó que este tipo de instrumentos legales deben acentuar la viabilidad de la participación y propuso incluir una cláusula que obligue a los alcaldes a responder las demandas planteadas por las asambleas de ciudadanos.

"Como todavía no existe una cultura de participación ciudadana en nuestros gobernantes ni en nuestra comunidad, muchas veces se busca sesgar este mecanismo para privilegiar a algunos sectores", argumentó Pérez Monagas.

Haydee Machín (MVR) señaló que, a partir de enero, una comisión mixta y multidisciplinaria debe incorporarse al trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana de la AN.

"La consulta democrática es fundamental y la discusión con las comunidades no se ha cumplido a cabalidad", aseguró.

Mientras tanto, Leonett Canales reiteró que un obstáculo para la consolidación de los mecanismos de participación es la falta de voluntad política que muestran los alcaldes y gobernadores.

"Es importante señalar que la participación no busca sustituir los poderes públicos. Lo que busca es la corresponsabilidad para que se gobierne con el pueblo y se ponga en práctica lo que dice el artículo 168 de la Constitución, acerca de que todas las políticas públicas generadas por el Gobierno local deben contar con la participación del pueblo", concluyó el legislador.