La fiscal 6ª con competencia nacional, Luisa Ortega Díaz, solicitó ante el tribunal 9º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, la apertura de procedimiento contra Carlos Roa y Lenín Quiroz, abogados de Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, acusado por el Ministerio Público por la presunta comisión de tres delitos relacionados a los hechos acontecidos durante el paro petrolero del año 2002 y su posterior captura en un centro nocturno capitalino.

En el escrito interpuesto este viernes, la representante del Ministerio Público señala que los defensores de Ortega han recurrido en reiteradas ocasiones a toda suerte de pretextos y argucias con la intención aparente de demorar el proceso judicial que se inició formalmente el 22 de noviembre, luego de que el pasado 06 de mayo, el Tribunal 49 de Control del AMC ratificó la privación de libertad del dirigente sindical.

Entre otras evidencias de la conducta irregular de Roa y Quiroz, la fiscal refiere que ambos abogados, por propia voluntad y si que hayan mediado argumentos razonables, se han ausentado de algunas audiencias, para luego aparecer declarando ante los medios de comunicación que la Fiscalía vulnera los derechos constitucionales de Ortega, al negarle el derecho a la defensa.

Ortega Díaz considera por tanto que ambos profesionales han actuado con temeridad y mala fe, violando el contenido del artículo 102 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual expresa que "las partes deben litigar con buena fe, evitando los planteamientos dilatorios, meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les concede".

De estimar el tribunal que la defensa de Ortega ha incurrido efectivamente en maniobras dilatorias, el artículo 103 del COPP contempla que podrían ser sancionados con una multa de veinte a cien unidades tributarias.

SON TRES LOS DELITOS

Luisa Ortega Díaz aprovechó para desmentir una información publicada el pasado jueves 24 de noviembre en el matutino Ultimas Noticias según la cual, Carlos Ortega solo es juzgado por un el uso de un documento falso que llevaba consigo cuando fue aprehendido el 28 de febrero de 2005, en una sala de juegos de la urbanización Bello Monte.

Explicó al respecto que el tribunal 49 de control admitió por completo la acusación del Ministerio Público que incluye además de la infracción ya mencionada, los delitos de rebelión civil e instigación a delinquir.