La Paz, 21 nov (PL) Un proyecto para dejar sin efecto los contratos con las transnacionales petroleras se anunció hoy en Bolivia, a tiempo de divulgarse denuncias contra esas compañías, por contrabando y atentados ecológicos.

El despacho del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramírez, informó que este presentará en los próximos días un proyecto de ley por el cual el Parlamento rechaza y desautoriza los 71 contratos firmados.
Ramírez, principal impulsor de esa legislación, recordó que la Constitución otorga al Congreso facultades para aprobar y autorizar los contratos de explotación de recursos naturales, como el gas y el petróleo.

Un dictamen del Tribunal Constitucional recordó meses atrás que los acuerdos de ese tipo deben contar con la ratificación del Parlamento, requisito no cumplido en el caso de los 71 firmados con las petroleras, en su mayoría bajo el primer gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97).
Según el parlamentario izquierdista, la ley privatizadora que amparó esos contratos ha sido derogada, así como un decretó que los validó, y la nueva ley de hidrocarburos de mayo pasado les dio vigencia de 180 días.

El plazo fue fijado para que los documentos se adecúen a la nueva legislación y venció el pasado martes sin cumplirse la conversión, por la negativa de las empresas, basada en un vacío de la norma, según argumentación del gobierno.
El alegato del ejecutivo fue rechazado por el Parlamento, en una resolución que emplazó al gobierno a aplicar la ley -obligando a las empresas a la adecuación- sin cuestionarla.
El senador Oscar Zamora acusó al gobierno de usar los mismos argumentos de las transnacionales para oponerse a la ley y sostuvo que el Presidente Eduardo Rodríguez es mal asesorado y favorece los intereses de las empresas.

Ramírez hizo una acusación similar y anunció que gestionará un juicio de responsabilidades, por incumplimiento de la ley, contra Rodríguez y el ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn.
Por otra parte, la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados solicitó al ministro Dunn un informe sobre la fiscalización gubernamental de las operaciones petroleras y las medidas para impedir el contrabando de combustible al exterior.
El informe fue solicitado ante denuncias del Comité Cívico de la sureña región del Chaco, según las cuales transnacionales como Pluspetrol, con sede en Argentina, sacan a este país gas y petróleo ilegalmente y hasta usan un gasoducto de legalidad dudosa.

El citado comité dijo que esa actividad clandestina se realiza desde hace varios años y ha sido amparada por los últimos gobiernos, incluyendo el breve interinato (2001-02) del actual candidato presidencial derechista, Jorge Quiroga.
El superintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, negó veracidad a las denuncias y aseveró que no existe contrabando ni hay ningún gasoducto ilegal.

El presidente del comité chaqueño, Luis Jiménez, afirmó además que las transnacionales facilitan la depredación de los bosques y han contaminado pozos de agua con desechos de la limpieza de ductos.
Jiménez afirmó además que el ejecutivo carece de la infraestructura necesaria para una adecuada fiscalización de las operaciones de las transnacionales, las cuales presionan contra la nueva ley de hidrocarburos.