La Paz, 18 nov (PL) Una virtual amenaza lanzó hoy a Bolivia el embajador de Estados Unidos, al afirmar que este país "sufrirá las consecuencias" si el gobierno electo en diciembre próximo cambia la política antidrogas.  

El representante de Washington, David Greenlee, condicionó también las buenas relaciones con la próxima administración, a una "confluencia de intereses" y al acatamiento de los convenios internacionales y las políticas acordadas entre estados.

   Greenlee dijo esperar la mantención inalterable de la política antidrogas -tradicionalmente ajustada a los criterios de Washington- de los últimos años, por haber sido en su criterio "consistente".

   Espero que no haya cambio (en la política antinarcóticos) porque si los hay, el país que va a sufrir es Bolivia, sostuvo Greenlee, quien trató de restar importancia a una reciente reducción de la asistencia antidrogas de su país a Bolivia.

   El embajador norteamericano no mencionó a ningún candidato presidencial, pero el único postulante de importancia que anuncia una política en la materia distinta a la vigente, es Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), favorito de las encuestas.

   En la campaña electoral de 2002, el entonces representante de Washington, Manuel Rocha, amenazó con el bloqueo de la asistencia económica exterior a Bolivia si los ciudadanos votaban por Morales.

   Esa postura tuvo efectos contraproducentes, pues Morales incrementó su respaldo y estuvo a punto de ganar los comicios.

   En la segunda vuelta parlamentaria, Morales perdió la nominación a manos de una coalición de centro-derecha que designó a Gonzalo Sánchez de Lozada, afín a Washington y quien renunció en 2003 cercado por una rebelión social.

   Morales plantea que si llega al gobierno desarrollará una campaña internacional para despenalizar la hoja de coca, legal en Bolivia, a fin de permitir su exportación con fines medicinales y otros usos lícitos, y al mismo tiempo combatir el narcotráfico.

   También apoya un proyecto en marcha, para evaluar la demanda interna de coca para uso natural, a fin de determinar la correspondiente extensión de cultivos de la hoja que puede autorizarse, a fin de evitar excedentes que sirvan para producir cocaína.

   El estudio fue concertado por los cultivadores de coca y el pasado gobierno del presidente Carlos Mesa, junto a una tregua de la erradicación de plantíos -por la que presiona Estados Unidos- y el convenio fue ratificado por el nuevo gobierno del presidente Eduardo Rodríguez.