Estados Unidos tiene planes de contingencia militar contra Venezuela, lo cual contradice la Carta de Naciones Unidas, y el documento marco que rige las relaciones de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la cual ambos países, con relaciones
diplomáticas bilaterales, son miembros plenos.

Un artículo reciente del diario The Washington Post, no desmentido por el Pentágono, afirma que el Departamento de Defensa alistó un plan para enfrentar un conflicto potencial con ese Estado sudamericano, al que considera una amenaza para la seguridad estratégica norteamericana.

William M. Arkin, en columna publicada el pasado dos de noviembre, consigna que Venezuela fue identificada como 'amenaza' en los lineamientos de este año del Pentágono, y en las previsiones del período 2008-2013, siempre siguiendo órdenes de Donald Rumsfeld.

El quinto exportador de petróleo del mundo, y entre los principales proveedores de crudo del mercado estadounidense está incluido en el primer grupo de peligrosidad, donde comparte sitial con la República Popular Democrática de Corea e Irán, ubicados como supuesta amenaza atómica.

Según el diario, la Casa Blanca considera que el presidente Hugo Chávez fomenta las revoluciones en países latinoamericanos y lo acusa de financiar a las guerrillas en Colombia, donde asesores militares de Estados Unidos participan en el conflicto interno.

Por estos días la frontera colombiano-ecuatoriana se calienta con los combates que han provocado el éxodo de la población hacia Ecuador, el cual presentó a Bogotá una nota de protesta por la incursión de helicópteros artillados en su espacio aéreo.

Venezuela ha sufrido también los avatares de la situación bélica en Colombia, en particular la utilización de paramilitares de ese país para acciones de desestabilización, pagados por las fuerzas e intereses golpistas que apuestan incluso al asesinato del mandatario venezolano.

Pero cuando se conoce que el Pentágono tiene en el punto de mira a la tierra de Bolívar, no se pueden olvidar antecedentes que explican la espiral en ascenso de la hostilidad de la actual Administración republicana frente a la Revolución Bolivariana.

No es conjetura periodística la participación de personal de la Agencia Central de Inteligencia y de la antigua misión militar estadounidense en Caracas en el golpe de Estado que instauró por breves horas a Pedro Carmona en el Palacio de Miraflores.

El gobierno de George W. Bush nunca condenó el golpe, a pesar de que Estados Unidos suscribió la llamada Carta Democrática de la OEA. Por el contrario, vio con buenos ojos la asonada, la alentó y participó en ella.

Tampoco es casual que militares golpistas, responsables de atentados con explosivos contra misiones diplomáticas de Colombia y España en la capital venezolana estén refugiados en territorio norteamericano, pese a su condición de terroristas.

En Boca Ratón, estado de la Florida, se encuentra el empresario venezolano Nelson Mezarhane, banquero y accionista del diario opositor El Globo, requerido por la justicia de Venezuela por su participación en el asesinato del fiscal Danilo Anderson, quien procesaba a los implicados en el golpe de abril del 2002.

Y no se puede dejar de mencionar, para sustentar la culpabilidad de la Casa Blanca, el hecho de que el terrorista Luis Posada Carriles, otro prófugo de los tribunales del país sudamericano, sea un 'huésped' del servicio de inmigración estadounidense, que niega su extradición a Caracas.

Con tales premisas, no resulta asombrosa la noticia de que el Pentágono incluya al país sudamericano en los blancos de sus futuras 'guerras preventivas', con la salvedad de recordar aquel pronóstico de Chávez de que tal contingencia podría incendiar a América Latina.