El Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel; la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, y el titular del despacho de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Isturiz, introdujeron este lunes en la Fiscalía General de la República una imputación pública, a fin de solicitar que sean investigados los presuntos hechos punibles que les fueron atribuidos en la columna “Entre líneas”, escrita por la periodista Ibéyise Pacheco y publicada en el diario El Nacional, el pasado viernes 9 de mayo.

Los altos funcionarios gubernamentales basan esta imputación pública en el artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), el cual estipula: “Quien hubiese sido imputado públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto”.

En el documento introducido en el Ministerio Público, los representantes gubernamentales afirman que de la lectura de los textos publicados en el diario El Nacional, así como en la página web de ese diario –y posteriormente reproducidos en la revista Zeta-, “claramente se evidencia que se nos califica públicamente de delincuentes e imputa la planificación y participación en diversos ilícitos penales”, tales como la autoría intelectual de los delitos de homicidio y privación ilegítima de libertad, en los cuales no han participado en forma alguna.

También desmintieron que se haya realizado la reunión a la cual se refiere la periodista en su escrito.

“Por lo tanto, todas las afirmaciones publicadas y divulgadas en los textos objeto de la presente denuncia son falsas, pero como quiera que sabemos que no somos la autoridad competente para así probarlo y determinarlo, nos dirigimos ante usted (el Fiscal General de la República) para solicitar que en vista de la gravedad de los hechos, en virtud al respeto de los derechos y garantías constitucionales, tanto de los imputados como de las presuntas víctimas, en resguardo de nuestra investidura y del orden público, es que conforme al procedimiento pautado en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp), pedimos se proceda a aperturar la investigación correspondiente, y que una vez concluida la misma, se determine las responsabilidades de ley, con las correspondientes sanciones”, aseveran.

Igualmente, solicitan que se cite a la periodista Pacheco, a fin de que sostenga una entrevista con la representación fiscal y “ponga a la disposición de la autoridad competente la transcripción de la presunta reunión del día 17-02-03 que dice leyó, así como la grabación de la misma que sostiene haber escuchado”.

Los representantes gubernamentales señalan que las imputaciones forman parte de una campaña mediática que se ha desatado como parte del complot político en que se encuentran incursos algunos sectores de la sociedad. En este contexto, denuncian una campaña de descrédito contra el Presidente Hugo Chávez y los funcionarios de su Gobierno, con la finalidad de exponerlos al desprecio u odio público y de derrocar la actual administración democrática.