La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, CONAMURI
Emitió un comunicado público a la comunidad internacional donde denuncia y repudia dos graves hechos, ocurridos en fechas recientes, atentatorios de los derechos humanos y constitucionales de compatriotas indefensos y de dirigentes perseguidos por sus luchas sociales:

1. El atropello y desalojo violento, destrucción, quema de ranchos y pertenencias, apropiación de herramientas de trabajo, impedimento de acceso a sus chacras, de 120 familias campesinas sin tierra del asentamiento "Unión Agrícola" de Caazapá, llevado a cabo el 13 de mayo pasado por 40 policías encabezados por el fiscal de la zona Gregorio Gómez, y que dejó sin alimentos y a la intemperie a hombres, mujeres, ancianos, ancianas y 180 niñas y niños.

2. El arbitrario y cobarde apresamiento en la Comisaría de Mujeres de Trinidad, de la compañera Rafaela Maciel, del asentamiento urbano Marquetalia, detenida el 16 de mayo en la fiscalía de San Lorenzo, al acudir al lugar para prestar declaración como testigo dando cumplimiento a una citación fijada para la fecha por la Fiscala Blanca Agüero.

En tal sentido CONAMURI declaró que:
- Condena estos atropellos que evidencian una vez más la persecución desatada por los poderes del estado, aliados a la oligarquía local y agentes del imperialismo, en contra de los/las dirigentes sociales y del pueblo, con el objetivo de destruir y debilitar sus organizaciones y sus luchas; y

– Exige al gobierno nacional el castigo de los responsables del criminal desalojo y la inmediata atención de la grave situación en que se encuentran las 120 familias desalojadas, como también la inmediata liberación de la compañera Rafaela Maciel, luchadora comprometida con la causa de los oprimidos y excluidos.

Haciendo un llamado a la solidaridad internacional y a la movilización popular para evitar la impunidad de tales hechos.