Caracas, 05 Nov. ABN (Nahilce Yadira Martínez).- Tres personas más tienen vinculación directa con la autoría intelectual del homicidio del fiscal Danilo Anderson, entre ellos un representante del sector financiero, uno del ámbito militar y una tercera figura conocida por la opinión pública venezolana.

Así lo declaró el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, quien a pesar de no ofrecer mayores detalles sobre la investigación sí dio algunos adelantos sobre el procedimiento jurídico a seguir a partir de este momento.

“Las otras personas que pudieran aparecer de forma inmediata, en su momento ustedes lo conocerán, incluso uno de ellos es una persona que no les extrañará tanto como a alguna de las personas que han aparecido como presuntamente responsables”, dijo en alusión a los próximos acusados por el caso.

También Rodríguez especificó que a estas cuatro personas a las que se les solicitó la medida privativa de libertad tendrán que ser posteriormente imputadas. Una vez que esto ocurra se fijará la audiencia de presentación de común acuerdo con el tribunal encargado de la causa.

“La pena la estipulará el tribunal, pero nosotros solicitaremos la pena máxima por homicidio. Cada quien dará sus alegatos y el juez determinará lo procedente de acuerdo a los argumentos esgrimidos por acusadores y defensores”, indicó el titular del Ministerio Público.

Además, se refirió al sitio de reclusión en el que estarán los principales sindicados de la autoría intelectual del atentado contra Anderson, al afirmar que serán ubicados en un lugar que les preserve a ellos la integridad, la seguridad y en la que no se sientan afectados de manera sustancial en sus derechos, al tiempo que se les permita establecer contactos con sus abogados y familiares.

“A ninguno les va a pasar absolutamente nada, están garantizados absolutamente todos los derechos. No se les va a producir ningún daño”, enfatizó Rodríguez.


Sin sorpresas

En cuanto a la solicitud de privativa de liberta de Patricia Poleo, enfatizó que no hubo sorpresa alguna, puesto que ella se vinculó expresamente con el suceso.

“En cinco oportunidades, manifestó ante el país que se le estaba imputando y no se le estaba imputando, en este momento lo que hay es una solicitud de privativa de libertad. No ha habido ningún otro hecho con el cual ella pueda señalar que se le estaba persiguiendo por una razón distinta a la investigación del caso Anderson”, afirmó el fiscal general de la República.

Además, dijo que los hechos por los cuales se le ha investigado están reservados, de conformidad con el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal.

“Hay 12 indicios en el expediente, de los que principalmente puedo mencionar el cruce de llamadas con respecto a una de las personas imputadas y una declaración anticipada de alguien que vio, oyó, tocó y olfateó y tuvo el mal gusto de percibir la información y con todos esos sentidos entregó la información al ministerio público”, señaló Rodríguez.

Negó que haya dentro de la investigación la figura de informantes arrepentidos, debido a que sólo existen testigos.

“Estamos investigando todo, tenemos toda la información, a lo mejor no podamos demostrarla toda, pero la poseemos íntegramente”, dijo el fiscal general.

Incluso, confirmó que el explosivo utilizado para hacer estallar el vehículo del fiscal Anderson “lo fabricaron fuera del país y entró a Venezuela por El Moján. Había una red que se encargó de trasladar la carga desde El Moján hasta el estado Vargas y a Caracas”.

Rodríguez aclaró que funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA por sus siglas en inglés) y las Autodefensas Unidas de Colombia actuaron en el hecho como ejecutores, al precisar que su participación fue como asesores de los autores del crimen.

“Establecieron los correctivos para ejecutar el atentado, hasta el punto que recomendaron que se hiciera de ese modo, no suministraron los explosivos, simplemente fueron asesores e incluso hasta les dijeron cómo debían fugarse, pero se fugaron solamente Pedro Lander y Johan Peña, porque los demás decían, y lo ratifican, que tenían el control de la policía venezolana y por eso no tenían necesidad de irse a ninguna parte”, indicó el titular del Ministerio Público.

Rememoró que al inicio de las investigaciones habló de tres reuniones: una en Panamá el 2 de septiembre de 2003, otra en Miami el mismo mes y otra en marzo de 2004 en el sector El Milagro, de Maracaibo.

“Allí se hizo una inspección, es en ese lugar donde se decide matar a Danilo Anderson. Una de las personas a las que se le solicitó la privativa de libertad sacó la foto de Anderson, la enseñó y dijo: ‘este es el señor que vamos a matar’ para que todos en la reunión lo vieran”, señaló.

“La prueba de autoría intelectual es difícil, pero estamos responsable y absolutamente convencidos de cómo ocurrieron los hechos y por eso es importante que el país vea esa prueba. A mí me encantaría y lo voy a plantear que ese juicio no sólo sea oral, sino público y televisado para que todo el mundo vea y se forme un criterio exacto y correcto sobre lo que ocurrió”, expresó Rodríguez.