Caracas, 17 May Venpres. (Doris Carvajal).- Cientos de personas han sido suspendidas de su trabajo o estudios por disentir de la política oficial de Washington, posterior al 11 de septiembre de 2001, según un informe de una organización de derechos civiles.

Un informe de 18 páginas de la Unión Americana para los Derechos Civiles (ACLU), denuncia la represión contra los que no concuerdan con la política de la Casa Blanca, informó Prensa Latina.

El documento ilustra lo peligroso que es criticar al Presidente o sus políticas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, dijo el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero a través de un comunicado.

Entre las principales violaciones señala el cuestionamiento y ataque al patriotismo de disidentes, encarcelamiento injustificado de manifestantes, negación de credenciales de prensa a la mayor televisión del mundo árabe, hostigamiento a quienes manifiestan una opinión diferente a la del gobierno federal, boicoteo contra artistas disidentes, entre otras.

¿Cómo vamos a convencer a otros países de la importancia de la libre expresión y las libertades civiles, si nosotros le tenemos tan poca fe?, se pregunta Anthony Romero, director de ACLU.

Algunas medidas del gobierno federal fueron tan agresivas que han provocado incluso que gobiernos locales y asociaciones de policía se opongan a ellas, afirmó.

Precisa el texto que Asociaciones de jefes de policía, de Detroit a Austin, se han negado a ser extensiones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), así como del Servicio de Inmigración, arriesgando, incluso, los mil 500 millones de dólares en fondos federales para la lucha contra el terrorismo.El informe ejemplifica casos que llegaron a esa organización en diferentes momentos.

Cita el problema de A.J. Brown, una estudiante de 19 años del Colegio Tecnológico de Durham, visitada por la policía y los servicios secretos, sólo porque alguien había dicho que tenía un póster criticando al presidente George W. Bush.

La represión sobre Brown llegó a acusarla de antiamericanismo. La joven estudiante fue cuestionada sobre si tenía información de Afganistán y los talibanes, precisa.

Según la organización, la señal de alarma en cuanto a las amenazas contra las libertades civiles y libre expresión provocó que bibliotecas adviertan a sus usuarios que sus datos registrados podrían ser usados por agentes federales.

La ACLU subraya que los norteamericanos están en peligro de ser gobernados por sus miedos, y no por sus ideas.
Roberto Foss, representante legal del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), aseguró que esa política ha creado más estrés a quienes defienden los derechos de los inmigrantes.

"Nos sentimos más vigilados, aunque eso ya lo sufrimos en el tiempo de Reagan, cuando incluso el FBI violó la ley con nosotros", dijo Foss.

Puntualizó además que este país tiene también una sombra de macartísmo y paranoia de seguridad nacional, e históricamente son los inmigrantes los que más han sufrido.

La ACLU se refiere también a las formas como muchas veces se han afectado los derechos a la libre expresión y al uso de los espacios públicos.

En la misma ciudad de Nueva York, antes de que ocurriera una marcha de 200 mil manifestantes contra la guerra, la policía trató de suspender ese evento, y luego, a muchos detenidos se les interrogó con métodos coercitivos, denunció.

Por su parte, la Coalición de Los Angeles para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) considera que la llamada lucha antiterrorista ha agregado factores de riesgo a muchas organizaciones que expresan públicamente sus opiniones diferentes de las oficiales.

"Si antes muchos inmigrantes tenían miedo a defender sus derechos, ahora el miedo es mayor", aseveró Angélica Salas, directora de CHIRLA.

Mientras esto ocurre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no opina sobre estas denuncias contra el régimen represivo instaurado por la administración del presidente Goerge Bush amparándose en la alegada lucha contra el terrorismo internacional, Subrayó.