El ex - presidente de la Comisión de Ambiente del Senado dio a conocer el contenido de un informe militar que está en manos del presidente Chávez en el cual se informa acerca de la muerte de 41 indígenas, 35 de ellos menores de cinco años, por hambre y desnutrición crónica en el estado Apure, a escasos metros de un asentamiento de las Nuevas Tribus y cerca de donde el primer mandatario anunció su expulsión el pasado 12 de octubre.

Para el profesor universitario Alexander Luzardo quien realizó investigaciones académicas y parlamentarias sobre las actividades etnocidas y violatorias de la soberanía nacional por parte de las misiones evangélicas Nuevas Tribus, la responsabilidad histórica y concreta del genocidio cultural de la población indígena corresponde al estado venezolano por omisión, negligencia, incumplimiento de la Constitución Nacional de la República Bolivariana y tolerancia frente a un enclave colonial en el corazón de la selva amazónica y en los estados Bolívar y Apure, lugares ancestralmente habitados por pueblos y comunidades indígenas.

Existe responsabilidad, sostiene Luzardo, desde la llegada de las Nuevas Tribus a mediados de los años cuarenta del siglo pasado cuando prevalecía una concepción asimilacionista que partía del principio de raigambre colonial según el cual estos pueblos debían desaparecer, diluirse como tales, para incorporarse a una denominada civilización o a la sociedad nacional, cuestión esta que sigue vigente en condiciones infrahumanas, de pobreza crónica y desmembramiento de sus comunidades étnicas. Pero en nuestros días, luego de 7 años de aprobada la Constitución Nacional con su capítulo referido a los derechos de los pueblos indígenas ( arts. 119 al 126 ) y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, es inaceptable la omisión de parte de los ministros a quienes corresponde la política indígena.

Igualmente es inconcebible que la Asamblea Nacional, en seis años, no le haya dado continuidad a sendas investigaciones que realizara el anterior Congreso Nacional, en especial la Comisión de Pueblos Indígenas, la última de las cuales fue en 1987, entre el 15 y 20 de octubre, la cual tuve la honra en presidir, responsable de la clausura de la Robert Shaylor Academy que operaba en Tama Tama, Amazonas, dijo Luzardo. Tama Tama es un escenario de alto valor estratégico conformado por la confluencia de varios ríos, entre ellos el Orinoco. Casiquiare, GuanÍa y Rio Negro.

Esta aseveración, según Luzardo, redactor del capitulo sobre Derechosde la
Constitución Nacional, se ve hoy corroborada con el informe presentado por el general de brigada del ejército, Eusebio de la Cruz Agüero Sequera, comandante del TOl, 24 Brigada de Cazadores y Guarnición' militar de Guasdualito, con sede en el fuerte Sorocaima y con fecha 24-09-05. En dicho documento se informa sobre el deceso de indígenas de la etnia Pumé ( Yaruros) registrada en el sector Chaparralito, municipio Pedro Camejo, estado Apure, muy cerca de un confortable asentamiento de las Nuevas Tribus. Se trata de 42 indígenas de los cuales 31 eran menores de cinco años.

El informe evidencia las siguientes situaciones irregulares: cuadros críticos de desnutrición crónica, escaso peso, problemas respiratorios, infecciones cutáneas, debilitamiento del cuero cabelludo, consumo de agua insalubre, con abundantes residuos de barro, escaso consumo de proteínas, en gran parte por agotamiento de sus fuentes y de sus cotos de caza a consecuencia de la acción depredadora ejecutada por agentes extraños al medio; expulsión de sus tierras por terratenientes, explotación por parte de las Nuevas Tribus y particulares, falta de atención sanitaria, educativa y de presencia orgánica del estado.

La demarcación de las tierras y el habitat indígena, continuó Luzardo, se oficializó el pasado doce de octubre a pesar de que ya existían dotaciones de tierras otorgadas por el IAN en la década de los años 70 del siglo pasado durante la gestión del programa indígena que dirigiera el antropólogo Gerardo Clarat, bajo la administración de Rafael Caldera. Todo a pesar de que existe una Ley de Demarcación, de rango constitucional. Esta demarcación tampoco se ha cumplido en lugares como la Sierra de Perijá donde habitan los indígenas Yucpas, Bari y Wayuú y que hoy se les está entregando a transnacionales del carbón una de las cuales es la brasileña Vale Do Rio para complacencia del general en situación de retiro Rafael Martínez Morales, actual presidente de Corpozulia.

Estos indígenas, denuncia Luzardo, son objeto de presiones por parte de ganaderos, paramilitares, guerrillas y hasta del propio estado que les debe protección. Este oficial, añade el declarante, promueve el etnocidio o genocidio cultural contra los pueblos indígenas y el ecocidio contra bienes jurídicos ambientales protegidos por el preámbulo de la Constitución Nacional y su capítulo sobre los derechos ambíentales.

Las Nuevas Tribus deben salir cuanto antes, y culminar su gestión en el país por manifiesta violación de la soberanía y etnocidio en tanto que el estado debe reparar su deuda histórica y moral para con los primigenios habitantes, proveerles educación intercultural bilingüe, asistencia sanitaria, económica, protección ambiental, respeto a sus cultos ancestrales, razón por la cual se justifica la creación de un órgano rector de políticas indígenas adscrito al mas alto nivel de las decisiones, con suficiente presupuesto. Para ello ya existe el marco constitucional. El cuadro descrito anteriormente revela una omisión absoluta del estado para con unos pueblos indígenas en situación de extrema vulnerabilidad, legalmente protegidos incluso por tratados internacionales. Ya no hay excusa posible, expresó para concluir Alexander Luzardo