Con el apoyo de la ciudadanía, el presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, se aferra hoy a su propuesta de convocar a una consulta popular que pida una Asamblea Constituyente, lo cual lo enfrenta al Congreso, informó la agencia Prensa Latina.

En reunión con líderes de movimientos sociales y populares, Palacio descartó la víspera cualquier retroceso en su idea de avanzar hacia una Constituyente para refundar las estructuras del Estado, viciadas por los tradicionales partidos políticos.

De esta forma, se rechazó la propuesta del máximo representante del Parlamento, Wilfrido Lucero, de la Izquierda Democrática (ID), y del ex presidente León Febres Cordero (social cristiano), de convocar a una Asamblea Constitucional para reformar sólo la Carta Magna.

Medios políticos destacan lo complicada que es la situación nacional, por los choques entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero sostienen que ante este convulso escenario, el pueblo puede decidir el camino a tomar y el Congreso debería plegarse a los reclamos de la ciudadanía.

La Constitución no plantea de forma directa la posibilidad de avanzar hacia una Constituyente sin el Congreso, pero los reclamos del pueblo, como único soberano, deben ser atendidos, pues es el máximo representante de la Constitución nacional, señalaron las fuentes.

Los movimientos sociales se muestran inflexibles, pues «quieren una Asamblea Constituyente, y propusieron un Estatuto Electoral que permita a los partidos políticos y los candidatos independientes participar en igualdad de condiciones».

Ante este respaldo, Palacio resaltó que su «propuesta de asamblea es irreversible, inevitable, necesaria, perfectible... sobre todo en el tema de los estatutos. Pero la asamblea tiene que ir», agregó.

«Nunca he tenido pactos con partidos ni con nadie. Esa ha sido, supuestamente, una de las razones de mi debilidad como Gobierno, cuando en realidad es una fortaleza que ya empieza a notarse»,precisó.

El dignatario no adelantó cuáles serán sus próximos pasos, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrado por miembros de las tradicionales toldas políticas, rechazara una carta en la cual se acusa a ese ente de actuar de manera inconstitucional.

«Tenemos que invocar la legitimidad de este pedido», subrayó el gobernante, ante los reclamos de las organizaciones sociales y populares de movilizarse para sacar a los diputados de la sede del Parlamento.

El Gobierno trabaja en un documento «impecable» que, por el momento, no tiene fecha de envío y contendrá el nuevo estatuto, indicó al mandatario.

Los líderes de las agrupaciones cívicas están conscientes de que necesitan involucrar a todo el pueblo en este propósito, para hacerse oír con fuerza y que sus reclamos retumben en las paredes del Legislativo.

Sólo de esta forma se podrá presionar a los diputados, que el 20 de abril pasado, cuando fue depuesto el entonces presidente Lucio Gutiérrez, sintieron el peso del poder ciudadano con sus demandas de que «se vayan todos».