La Paz, 25 oct (PL) Los diputados bolivianos parecen hoy lejos del consenso
necesario para superar la crisis de la redistribución de las diputaciones,
una situación que pone en riesgo las elecciones de diciembre próximo y la
estabilidad del país.

La falta de acuerdo persiste pese al asedio de la opinión pública, las
organizaciones sociales, la iglesia y otros sectores, que exigen una
solución, sin la cual los comicios del 4 de diciembre carecerán de validez,
según el dictamen judicial que dispuso la redistribución.

A esa presión se sumó un virtual ultimatum de la Corte Nacional Electoral
(CNE), en el sentido de que la fecha de los comicios solamente podrá
mantenerse si el impasse se resuelve antes del viernes próximo.

Existe la posibilidad de que, sin arreglo en el congreso, el gobierno
decrete la nueva distribución de curules.

Otro plazo dramático es el dado por el presidente transitorio, Eduardo
Rodríguez, quien ha advertido que si los comicios se postergan abandonará el
cargo, pues en tal caso habrá expirado el plazo legal que tiene para
celebrar las elecciones.

En la cuarta semana de deliberaciones sobre el tema -hasta ahora inútiles
por los intransigentes regionalismos-, los diputados parecen decididos a
zanjar la cuestión, pero también resignados a prescindir del consenso hasta
ahora inalcanzable.

La directiva de la cámara adelantó que en la presente jornada se agotará
una maratónica lista de oradores del debate sobre el tema, tras lo cual se
procederá a someter al voto media docena de proyectos de ley de
redistribución, que no han podido conciliarse.

El triunfo de una posición sobre otra no garantiza la solución del
problema, pues hay regiones que han adelantado, en otras posiciones, que no
acatarán la decisión parlamentaria si no se ajusta a sus intereses y
aspiraciones.

Las propuestas oscilan entre no modificar la distribución actual y
aplicar la reasignación con simple criterio aritmético, y, en el medio de
esos extremos, hay planteamientos conciliadores que no han encontrado eco.

Entre las propuestas destaca la del presidente transitorio, Eduardo
Rodríguez, que procura la menor alteración posible de la composición de la
cámara, agregando dos curules al departamento de Santa Cruz y restando uno
al de Potosí y otro al de Oruro.

La fórmula ha sido rechazada por las tres citadas regiones. Santa Cruz
exige tener un aumento de cuatro escaños y Oruro y Potosí se niegan a la
merma; pero, además, el departamento central de Cochabamba exige una umento
de dos curules.

El complejo panorama se agrava con la drástica posición del comité cívico
de Santa Cruz, según el cual, si no le dan las cuatro diputaciones que
reclama, la ley de redistibución será contraria a la Constitución y, por lo
tanto, esa región se negará a acatarla.

Ello implica el retiro de los representantes cruceños del parlamento y la
no participación de Santa Cruz en las elecciones generales, en el marco de
un movimiento autonomista de esa región, influenciado por sectores
empresariales y políticos derechistas.

La situación motiva reiterados llamados a la sensatez y la unidad
nacional, teniendo en cuenta que el próximo año habrá una asamblea
constituyente con facultades para una redistribución definitiva de
diputaciones.

Las presiones regionales y las maniobras políticas en torno al tema, por
otra parte, motivan denuncias oficiales y políticas, en el sentido de que
esconden maniobras para frustrar las elecciones.

El Movimiento al Socialismo (MAS) considera que esos ardides son
propiciados por sectores políticos tradicionales, cuya derrota en las urnas
es segura.