Quito, 22 Oct. ABN.- Miles de indígenas suramericanos se movilizaron
esta semana para protestar por la visita a Ecuador del presidente
colombiano, Alvaro Uribe Vélez, reclamar tierras y regalías, y denunciar
a la petrolera estadounidense Texaco.

Unidos a grupos de derechos humanos y de la sociedad civil, nativos
ecuatorianos demandaron la suspensión de la visita de Uribe Vélez, a
quien acusan de representar los intereses de Estados Unidos en la
región, indica una nota de Prensa Latina.

Si viene (este domingo), le recibiremos con una cumbia triste y una gran
movilización en oposición a las políticas militares y de fumigación de
su Gobierno, que repercuten de manera negativa en este territorio,
advirtió Marta Chancoso, dirigente indígena.

"Estamos en contra del Tratado de Libre Comercio, del Plan Colombia y de
cualquier injerencia en los asuntos internos del Ecuador", aseveró.

Los pueblos originarios, en esta ocasión representados por el movimiento
Pachakutik, rechazaron también la decisión del Tribunal Supremo
Electoral de declarar improcedente el pedido de consulta popular
presentado por el presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio.

El coordinador nacional de esa agrupación, Gilberto Talahua, manifestó
su total desacuerdo con el dictamen y adelantó que en los próximos días
adoptarán acciones en contra de ese organismo, el cual está controlado
por los partidos oligárquicos.

En su opinión, Ecuador necesita una Asamblea Constituyente para impulsar
cambios profundos y estructurales de beneficio social.

El Frente de Defensa de la Amazonía de Ecuador, que aglutina a tres mil
indígenas y colonos, reiteró esta semana las acusaciones contra la
estadounidense Chevron-Texaco por hacer maniobras para impedir las
inspecciones en zonas contaminadas por la empresa.

La compañía petrolera estadounidense afronta una demanda de los
ecuatorianos por los daños ambientales causados durante los 20 años que
operó en este país, desde 1972.

Según los demandantes, concentrados ahora en la estación Guanta que
recibe los desperdicios tóxicos de los pozos petroleros cercanos, Texaco
arrojó más de 66 mil millones de litros de sustancias dañinas en 500 mil
hectáreas de selva.

Los indígenas colombianos, por su parte, precisaron al Gobierno a
cumplir los compromisos de entregarles 146 mil hectáreas, de acuerdo con
una reforma agraria prometida en 1995, o de lo contrario volverán a
tomar diversas haciendas en el suroeste departamento de Cauca.

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, justificó la negativa
del Gobierno a negociar con el pretexto de que "no se puede validar ni
legitimar reivindicaciones de una comunidad, por respetables que sean,
permitiendo invasiones y aceptando presiones".

Unos 37 indígenas resultaron heridos tras choques con las autoridades
que intentan desalojarlos de las tierras ocupadas en la Finca Pisochago,
en el Municipio de Puracé, y Japio, en Caloto, Departamento del Cauca.

A pesar de que la policía arremete con gases lacrimógenos, balines y
forcejeos, ya se completó una semana de protestas: los indígenas
permanecen en propiedades rurales de los municipios Silvia, Caldono,
Jambaló y Toribio.

En Perú, miles están decididos a tomar el campamento principal del
proyecto gasífero de Camisea, ubicado en la selva del Cusco, si no
reciben 12,5 por ciento de las regalías que produce la explotación del
energético.

Durante la huelga que ya alcanza los 20 días, acusaron a la empresa
argentina Pluspetrol de contaminar el medio ambiente, inclusive los ríos
y bosques.

Por el momento, los indígenas cortaron el suministro de víveres y
personal al campamento a través de embarcaciones que surcan el río
Ucayali, lo que obliga a la empresa a trasladar su aprovisionamiento
mediante helicópteros y avionetas que encarecen los costos.

También los aborígenes paraguayos se hicieron sentir esta semana y
presentaron al Congreso demandas concretas para la participación del
sector en la elaboración de leyes y políticas públicas.

Una de las iniciativas plantea la creación de un Consejo Consultivo,
conformado por el titular del Instituto Paraguayo del Indígena y por
representantes de las diferentes etnias, que participarían directamente
en las decisiones gubernamentales.