Caracas- “Mátenme si me van a matar de una vez”, gritó el guerrillero herido mirando fijamente al policía y a los militares que lo acababan de capturar. El funcionario de la Disip, “bajito, pelo rebajado, de bigote, moreno, todo camuflajeado”, le disparó matándolo instantáneamente.

Este fragmento es parte de la declaración que un soldado formuló el 26 de octubre de 1982, que se encuentra en el expediente de la masacre de Cantaura, en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y que ha comenzado a abrirse tímidamente aún, a los miembros de la comisión de la Asamblea Nacional (AN) que investiga los muertos, desaparecidos y torturados de las décadas del 60, 70 y 80.

Después de 23 años, por fin un equipo técnico y familiares de los desaparecidos, muertos y torturados tuvo acceso, aunque todavía restringido, a los expedientes que se encuentran en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y en Justicia Militar.

Allí comenzaron a aparecer informaciones que, tras permanecer escondidas, han comenzado a mostrar de manera descarnada cómo es que en realidad sucedieron muchos de los hechos que hoy ha comenzado investigar la comisión de la AN.

¡Alto! “Era como las 5:30 de la tarde cuando un presunto guerrillero trataba de huir de la zona, entonces un pelotón al mando del teniente Luna Ávila le dio la voz de alto, pero no acató la misma. Entonces hicieron disparos al aire a ver si se detenía, pero tampoco acató, no teniendo más remedio que dispararle a las piernas a fin de que se detuviera”.

“El presunto irregular cayó por los disparos.

Luego se acercaron a identificarlo varios de mis compañeros y el teniente Luna Ávila. Cuando llegaron al sitio, este ciudadano le entregó una cédula que posteriormente supe era extranjero. Se le pidieron una serie de informaciones diciendo que él iba para el conuco de su papá, pero allí en esa zona no existen conucos”.

“Luego, procedimos a hacerle un rastreo a la zona y en eso llegó un funcionario de la Disip preguntando que si no habíamos visto a un individuo que venía corriendo en esa dirección. Entonces mis compañeros le dijeron que tenían a un individuo detenido... el funcionario lo reconoció como el que venía siguiendo y que había tenido un enfrentamiento con ellos. Le hicieron una serie de preguntas y como el ciudadano no respondía contestó: ‘mátenme si me van a matar de una vez’ .

“Luego yo me regresé a mi sitio donde estaba montando guardia y todo quedó en silencio...” .

Extraña sentencia.
El 8 de mayo de 1984, el Consejo de Guerra Permanente de Maturín, presidido por el coronel del Ejército Carlos Rafael Barreto Velásquez, emitió una sentencia, por decir lo menos, “extraña”.

“... En este orden de ideas, el operativo militar estuvo encuadrado dentro de las supuestas normativas que le atribuye el Estado a las Fuerzas Armadas, por lo tanto, su conducta es derivante de su misión y encuadrable dentro de la competencia jurisdiccional que indica el artículo 123 del Código de Justicia Militar... quedando eximidos de responsabilidad penal”.

Ese mismo día el Consejo de Guerra estableció que estaba cerrada la averiguación en relación a la actuación de funcionarios del Ejército y la Disip en el operativo de Cantaura.



Los que tendrán que responder
Cuando ocurrió la masacre de Cantaura, se encontraba presidiendo el país Luis Herrera Campíns; como ministro de Relaciones Interiores ejercía Luciano Valero, el ministro de Defensa era el general Vicente Narvaez Churión, el comandante general del Ejército era el general Luis Octavio Barrios, el director de la Disip, Remberto Uzcátegui, comisario general de la Disip, Arpad Bango, mientras que el jefe de operaciones de ese organismo policial que participó en la muerte de los 23 guerrilleros en Anzoátegui, era el comisario Henry López Sisco. Los jueces que fallaron eximiendo de resposabilidades penales a los militares y policías fueron los generales José Murga Cabrices y José Domingo Yépez.