Washington, 21 Oct. ABN.- Tom DeLay, líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, disfrutó este viernes de su primer día de libertad bajo fianza, tras enfrentar cargos por una confusa financiación de campañas políticas en Estados Unidos.

Junto a su abogado Richard DeGuerin, el representante por Texas compareció ante la policía de Houston, este jueves, y depositó 10 mil dólares para poder continuar en libertad, reporta Prensa Latina, que cita fuentes en Washington.

Un tribunal federal emitió hace dos días una orden de arresto para DeLay, quien había renunciado temporalmente a su cargo como líder de la mayoría republicana en la Cámara bajo la presión de reglas que le exigen dejar el puesto si es procesado judicialmente.

Varios jueces investigadores acusaron al político y a dos de sus socios de violar normas electorales estatales, de transferir ilícitamente dinero de donaciones corporativas y de apoyar con capitales irregulares a candidatos a la Legislatura de Texas.

Con anterioridad, otro magistrado había presentado imputaciones contra el político republicano por lavado de dinero, en un hecho que vino a aportar más desequilibrio a la ya comprometida situación de la Casa Blanca.

Estos eventos son los más recientes golpes propinados por instituciones judiciales de Estados Unidos contra el Partido Republicano, cuyo máximo representante actual es el presidente George W. Bush.

Todos los cargos trascendidos a la prensa señalan a DeLay y a sus allegados como conspiradores para encaminar fondos de indeterminadas sociedades hacia sus campañas, infracción que conlleva una pena de dos años de cárcel.

Se colige que tales operaciones tuvieron lugar con la fachada de un supuesto comité de acción política que a su vez remitió los fondos al Comité Nacional Republicano, en Washington.

Lo cierto es que la situación del jefe republicano en la Cámara hace converger demasiada incertidumbre hacia el programa legislativo de la Casa Blanca y plantea la pregunta de cómo los demócratas aprovecharán tal situación.

Por coincidencia, la comunidad demócrata ya estaba, desde inicios de septiembre pasado, evaluando un proyecto de ley nacional enfocado en la lucha contra la cultura de la corrupción en Estados Unidos.