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Washington, 20 oct (PL) Otro huracán, pero político, amedrenta a la Casa
Blanca. Todos los hombres del Presidente parecen hoy culpables del soplo que
dejó impúdicamente al descubierto a una oficial de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA).
Karl Rove, subsecretario de la Presidencia de Estados Unidos y asesor
personal de George W. Bush, y el jefe de personal del vicepresidente Richard
Cheney, Lewis Libby, admitieron finalmente su complot en el sonado caso de
la espía develada.
Tanto Rove como Libby reconocieron este miércoles ante un panel de jueces
federales haber mantenido al menos una conversación acerca de la agente
secreta de la CIA Valerie Plame, esposa del ex embajador en Gabón Joseph
Wilson.
En rigor, los dos consejeros gubernamentales son los primeros
funcionarios de alto rango en confirmar que abordaron el tema antes del
escándalo, que estalló hace dos años y es considerado una represalia dictada
por Bush contra Wilson.
Una fuente no identificada hasta el momento reveló en 2003 al diario The
Washington Post la identidad de la oficial encubierta de la CIA.
Tal denuncia ha sido interpretada por la comunidad de analistas como un
castigo contra el diplomático, luego que un artículo de Wilson afirmó que no
se habían hallado pruebas de que Bagdad hubiese intentado comprar material
nuclear en Níger.
En concreto, pérfidamente o no, el ex embajador estadounidense desmintió
a Bush sobre los pretextos utilizados por Washington para invadir a Iraq en
marzo de 2003.
Rove explicó ahora que "posiblemente escuchó sobre Plame, cuando Libby le
contó sobre un contacto que sostuvo con cierto periodista", según indicaron
noticiarios nacionales.
La revista US News and World Report comentó que la investigación judicial
podría incluso significar la renuncia de Cheney, y que -por lo pronto- Rove,
cerebro político y arquitecto de las victorias electorales del Presidente,
piensa dimitir.
El llamado "gurú" personal de Bush señaló que, si llega a ser procesado
por participar en una conspiración de tan alto nivel de gravedad, se apresta
a abdicar para proteger en lo posible al resto del gabinete gubernamental.
Asimismo se conoció que Lewis Libby está evaluando presentar la renuncia
o pedir una excedencia de sus labores, si es condenado en el mayor escándalo
político que ha abatido a Washington desde la llegada al poder de W. Bush en
2001.
Todo el litigio es un duro puntapié para la administración republicana,
ya endeble frente a la opinión pública por las críticas que siguieron a la
tardía reacción federal ante el huracán Katrina, en agosto pasado, y el
pésimo curso de la guerra en Iraq.
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